Expertos del Colmeiro se oponen a las subidas fiscales del Gobierno

Definitivamente, ni es el momento, ni el lugar para subir impuestos, por mucho que las arcas públicas deban prepararse para sufragar mayores gastos y una galopante deuda, la factura que nos deja la pandemia del coronavirus. Ni la tasa Google, que las tecnológicas están comunicando ya a las empresas con las que trabajan que les repercutirá esta figura, ni la Tobin a las transacciones bancarias, que acaban pagando los usuarios, como bien nos apuntan los expertos del Grupo Colmeiro, contrarios a ejecutar este movimiento fiscal.

El presidente de este colectivo de economistas, Luis Caramés Viéitez, junto a Amelia Díaz Álvarez, de la Universidad de Barcelona –y también Colmeira– se alinean con la tesis planteada por AIReF, que indica que las ganancias recaudatorias que el Gobierno central espera obtener son excesivamente optimistas, 3.351 millones de euros adicionales, insuficientes en toda caso para compensar la actual situación. Pero, además, “no tienen en cuenta la posible pérdida recaudatoria asociada a los cambios de comportamiento que estos incrementos impositivos puedan generar en los agentes económicos”. De hecho, ya anticipan que las cuentas públicas en 2021 sufrirán “un daño recaudatorio muy relevante, desde luego mayor que el previsto por el Ejecutivo”.

Sostienen estos economistas que “la economía se encuentra en una situación bastante frágil, por lo que la subida de la presión fiscal no es una buena noticia”. Apuestan, en cambio, por “aprovechar muy bien eficientemente contra el fraude”. Porque reconocen que en la UE continúan existiendo dificultades por la “laxa tributación y legislación” de miembros como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos, que “atraen grandes cantidades de inversión extranjera”. Sostienen Caramés y Díaz Álvarez que “iniciada la senda de la recuperación será el momento de volver sobre el sistema fiscal para reformarlo, con el objetivo de hacerlo más justo y eficiente. No ocultan que “será una tarea ímproba, dados los múltiples intereses tanto sectoriales como territoriales.

“Por más que se disfrace con objetivos de eficiencia o de equidad, las modificaciones impositivas que acompañan a los Presupuestos Generales para 2021 persiguen mayor recaudación”, alegan.

IVA. Empezando por la subida del IVA a los refrescos azucarados. “Es difícil no ver cierto oportunismo y cierta necesidad de parecer ‘defensor de todo lo saludable’ en una medida como ésta”. Consideran que más que una “fiscalidad saludable” habría que tomar otras medidas que con efectos más considerables en la “salud de nuestra economía”, además de defender otras acciones no impositivas para promover una vida con mayor salud. Tampoco creen que desde Moncloa se tuviese en cuenta el posible efecto desincentivador del consumo, sobre la hostelería o a los productores españoles de cítricos, melocotones, uva y otros.

“No creemos que las medidas impositivas sobre alimentos o bebidas sean la herramienta más eficaz para combatir un problema de salud como la obesidad”, apuntan.

Seguros. Otro golpe viene por el cambio en la tributación sobre primas de seguros, que “probablemente afectará al 90% de las familias, amén de las empresas”. Se preguntan sobre la oportunidad de esta acción en el momento actual, cuando en hogares y sector productivo están sufriendo “los efectos de una crisis nunca antes vivida”. El Gobierno lo justificó con dos argumentos: que el tipo impositivo no se había variado desde 1998 y que el gravamen sigue siendo inferior al existente en otros países europeos. “Dada la situación de pandemia y las penurias económicas derivadas de la misma... ¿era realmente necesario incrementar esos tipos impositivos en este momento?”. Más de dos décadas y justo ahora. Se trata de un recargo externo a la prima que se notará en el seguro de automóvil (un 79% de las familias tienen coches asegurados), al del hogar (contratado por el 72%) o el de decesos (44% de las familias). “Es decir, que de nuevo la carga recae sobre los mismos”, según el Colmeiro.

Patrimonio. En este impuesto “cualquier cambio puntual que se haga parece no atacar el problema de raíz”. Ya tuvo sus desapariciones y reapariciones y “necesita una reflexión a fondo para decidir finalmente si se erradica o no”. Argumentos para su fin ven muchos, y muy pocos para mantenerlo en la situación actual: “Es muy deficiente y no cumple los objetivos que lo justifican”.

Sin embargo, de no acabar con él aprecian “un margen muy considerable de actuación para reconfigurarlo: mejorar la valoración de los bienes, eliminar las prácticas de elusión fiscal y reducir el fraude fiscal”, lo que podría multiplicar la recaudación actual.

Sobre todos iguales o la competencia fiscal entre territorios apuntan que “no se puede defender la autonomía por la mañana y la armonización por la tarde”. Explican que los modelos de federalismo fiscal contemplan cierto grado de competencia entre gobiernos, “aunque si es muy agresiva hay riesgo de reducción de ingresos del conjunto de los gobiernos subcentrales y una alta probabilidad de transferir parte de la carga fiscal a los factores menos móviles, como el trabajo no cualificado, o al consumo”.

De nuevo pagan el pato familias y empresas. “Es éste un tema delicado que, llevado al límite, puede acabar por desnaturalizar la misma esencia del federalismo fiscal, y no olvidemos que España es un país cuasi federal”, alegan. Tocará afrontarlo con la reforma del sistema de financiación autonómica.

Tasas Google y Tobin. Con la tasa Google van a tributar los servicios de publicidad en línea, los de intermediación on line y los de transmisión de datos, con dificultades para comprobar quién y qué se paga. O dónde. Las tecnológicas ya la están repercutiendo a quienes venden a través de ellas. En cuanto a la Tobin a las finanzas, gravará la transmisión de acciones de grandes compañías españolas cotizadas cuyo valor de capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros. El Colmeiro aprecia que pecan las dos de previsiones de recaudación poco realistas, y que la normativa que las reglamenta va muy retrasada. No las califican de negativas, pero anticipaban que quien suele pagar es el cliente.