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Feijóo abre la última puerta a Alcoa para que venda la fábrica

Los trabajadores le urgen a acelerar la toma de control pública // La Xunta sigue urgiendo al Ejecutivo central el estatuto que abarate la luz

El cierre de la única planta de fabricación de aluminio primario que opera en la península ibérica sería un “disparate industrial” para España sin precedentes. Así lo argumentó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la reunión que tuvo en A Mariña lucense, en Cervo, con los miembros del comité de empresa de la planta de Alcoa San Cibrao que encabeza José Antonio Zan. Nada de reuniones virtuales, allí se fue en persona acompañado por el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Franciasco Conde.

A los representantes de los trabajadores les transmitió que no tienen “un aliado más incondicional que la Xunta de Galicia” en su lucha por el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo. Feijóo destacó la unidad de acción que mantiene con los operarios y también entre las administraciones, y volvió a abrirle la puerta a la multinacional estadounidense, una nueva oportunidad para evitar el desastre, al argumentar que, aún a estas alturas, no pierde “la esperanza de encontrar una solución” y que Alcoa “desbloquee la venta”.

“No tiene ningún sentido empresarial, económico o estratégico prescindir de esta factoría”, abundó, insistiendo en que no contempla ninguna otra posibilidad que no sea mantener empleos y fábrica.

“Estamos en una situación compleja, pero estamos trabajando juntos en ella”, afirmó. Durante la reunión, Xunta y comité de empresa coincidieron en solicitar al Gobierno central que convoque la reunión a tres que está pendiente. “Si Alcoa no quiere operar esta factoría que la venta, que desbloquee la venta la otro operador”, recalcó, resaltando también la necesidad de que Moncloa cumpla con una tarifa eléctrica que haga posible la producción de aluminio primario, mientras no se instalen energías renovables de autoconsumo para la propia factoría.

Feijóo recordó que el objetivo de la Xunta fue siempre el de buscar soluciones, pues a 45 euros/megavatio no se puede producir una tonelada de aluminio, significa pérdidas constantes. “Tenemos que bajar el precio de la energía para hacerlo compatible con la producción de aluminio primario”, concluyó.

Zan, por su parte, argumentó a los medios que “a nosotros nos da igual cuál de los dos trámites sea, la venta o la intervención, lo que tenemos claro es que no queremos que paren las cubas ni se despida a nadie”, subrayó, aunque en el encuentro con Feijóo le solicitaron que propiciase que la toma de control pública para una posterior colocación exprés a GFG Alliance, propietario de Liberty House, se haga “cuanto antes”.

El titular del comité explicaba que el Gobierno central está a la espera de lo que decidan los tribunales sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) de Alcoa para después, “llegado el caso”, poder “argumentar la intervención”. Pero “ya van cinco meses de calvario y no se puede continuar dejando en manos de la justicia” esta crisis, dijo. Es por ello que el día 28, cuando el TSXG analizará las medidas cautelares contra el ERE, será una fecha “clave”.

También desde Lugo, el presidente de la Deputación, José Tomé, presionó a Alcoa: “si se obceca” y no facilita la venta de la planta tendrá que “devolver las ayudas” públicas y, sobre todo, gestionar “el problema ambiental serio” de la balsa de lodos.

La plantilla coruñesa Acude a la Fiscalía
Denuncia en Alu Ibérica

··· El comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña presentó ante la Fiscalía una denuncia para que se investiguen las sucesivas ventas de las plantas, de Alcoa a Parter Capital y de éste al Grupo Riesgo. La representación social la registró en la tarde del jueves ante “los graves incumplimientos y supuestas ilegalidades” que están descubriendo sobre el proceso del ERE que Alcoa promovió el 17 de octubre de 2018 y las posteriores ventas de las plantas de A Coruña y Avilés

··· Solicitan al Ministerio Fiscal que inicie las actuaciones “necesarias” en el marco de “la acción penal” contra la totalidad de los denunciados ante “la presunta comisión”, dicen, de los delitos de “estafa, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal”. En dicha denuncia se solicita además que “se promuevan las medidas cautelares concretas para evitar un daño irreparable a las factorías y sus trabajadores”.

24 oct 2020 / 00:10
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