Fiscalía perfila la acusación contra la cúpula de Resistencia por terrorismo
El Ministerio Público da los últimos toques al escrito de conclusiones provisionales a punto de cumplirse un año de las detenciones de García Matos, Asunción Losada y Nogales
Era media tarde del sábado 15 de junio cuando una pareja de aspecto bastante desaliñado, mezclada entre numerosos ciudadanos de todas las edades, accedía al centro comercial A Laxe en el puerto de Vigo. Buscaban a una tercera persona y aunque miraban hacia todos lados como si temieran algo, no fueron capaces de darse cuenta de que la operación Lusista estaba en marcha y un buen número de agentes de Información de la Guardia Civil estaban estratégicamente situados.
La pareja eran Antón García Matos, alias Toninho, y Asunción Losada Camba y, tras trece años de fuga, los líderes de la única organización terrorista considerada activa en España estaban a punto de caer. Su aspecto físico era bastante distinto al que habían memorizado los expertos antiterroristas pero en cuanto recibieron la confirmación activaron los mecanismos para proceder a su detención. Antón y Asunción ya estaban con el tercer personaje, Miguel García Nogales, y los tres fueron esposados y trasladados a coches camuflados que acababan de llegar al acceso principal del centro.
Los dos primeros llevaban huidos de la Justicia desde 2006, primero en Portugal y desde unos meses antes residiendo en un perdida aldea de Cerdedo-Cotobade. Tenían pen dientes sendas requisitorias de dos juzgados de la Audien cia Nacional aunque era el titular del nº 6, Manuel García Castellón, quien dirigía este operativo policial.
A la pareja se les imputaron, entre otros, los delitos de pertenencia a organización terrorista en grado agravante de dirigente, tenencia y transporte de explosivos y falsedad documental. A Mi- guel García Nogales inicialmente se le consideraba como un colaborador pero, dado el tiempo transcurrido, los investigadores encontraron más material probatorio.
Los tres llevan once meses y diez días encarcelados. Antón y Asunción, siempre juntos, permanecen en el Centro Penitenciario Madrid VII en la localidad de Estre- mera, mientras que Miguel es inquilino de Madrid V, conocido como Soto del Real. Figuran en el más estricto control penitenciario y el propio Toninho pasó en varias ocasiones por el módulo de aislamiento habiendo presentado denuncia ante el Defensor del Pueblo contra el director del penal tanto por desatención médica como por la incomunicación.
¿Formularán acusación en su franja más dura o se optará por un cambio de doctrina? Desde que se produjo la detención de la considerada cúpula de Resistencia Galega hubo algunos movimientos en el sentido de acercar a las cárceles gallegas a reclusos de esta organización (como Eduardo Vigo, ahora en A Lama, y Roberto Rodríguez Fialhega, los dos únicos que siguen en la cárcel) y se rebajó la tensión policial sobre los colectivos más radicales que, por otra parte, no volvieron a protagonizar algaradas y se limitan a apoyos simbólicos a los detenidos.
Pero los precedentes, además del que afecta a los dirigentes de Causa Galiza y Ceivar (ver despiece a pie de página), indican que la Fisca-lía de la Audiencia Nacional sigue la línea más dura y, por tanto, en su escrito de conclusiones provisionales mantendrá el delito de dirigentes de organización terrorista, lo que conllevaría una pena de hasta 15 años de prisión, que podrían elevarse a 20 con el resto de circunstancias que concurren en su expediente: haber evadido la acción de la Justicia, tenencia y transporte de explosivos (se encontraron huellas de Antom y Asunción en explosivos localizados a activistas de Resistencia Galega ya condenados) y falsificación de documentos.
Cierto que, por un lado, la situación cambió bastante y sobre ellos no pesan delitos de sangre ni secuestro, pero el escrito de acusación relativo a las dos fases de la operación Jaro marca el camino por el que, sin duda, va a transitar la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Pero, por otra parte, las últimas decisiones del Tribu nal Supremo (que en 2014 declaró a RG como una organización terrorista) van en el sentido de reducir penas a militantes condenados, como ocurrió con Antón San- tos Pérez y María Osorio López, estando considerado el primero de ellos como uno de los ideólogos de la organización y situado, por las fuerzas policiales, al mismo nivel que Antom García Matos.
No son buenos los augurios más inmediatos para la cúpula de Resistencia Galega. En noviembre del pasado año se conocía que la misma Fiscalía que ahora delibera sobre su futuro en la Audien- cia Nacional, en su escrito de acusación, reclama un total de 102 años de prisión a los doce militantes de Causa Galiza y Ceivar detenidos en el transcurso de las dos fases de la operación Jaro, Y lo hacía, en contra de lo que muchos pensaban, por un delito de “pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terro- rista y de sus miembros”. Ade-más reclama el Ministerio Público la disolución de las dos organizaciones independentistas gallegas.
La Fiscalía pide penas de entre cuatro y doce años de prisión para los doce imputados al considerarlos responsables del citado delito, así como de un total de 29 delitos de enaltecimiento de terrorismo por, según el escrito de acusación, “la organi- zación de actos de apoyo al Colectivo de Presos ”.
El escrito de acusación que obra en la Audiencia Nacional describe la participación de los imputados en diferentes manifestaciones, en el proceso constituyente de Causa Galiza o en reuniones de las citadas organizaciones, así como la gestión de sus cuentas de Facebook o la posesión de carteles y elaboración de manifiestos “en apoyo de los miembros de Resistencia Galega”.
Esta situación provocó una reacción airada de los miembros de Causa Galiza que, tras conocer la decisión de la Fiscalía, hizo público un comunicado en el que mantenía que la causa abierta desde 2015 “ha dado un giro de 180 grados cuando todo apuntaba a la progresiva deconstrucción del montaje”.
En concreto, la organización destacaba “la devolución a Causa Galiza de la condición de formación política legal tras ser tachada por la Guardia Civil de ser el brazo político de una organización armada imaginaria” y “la retirada de las imputaciones por pertenencia a banda terrorista”. La organización entiende por tanto que el Gobierno (que en aquellos momentos estaba en funciones) “se decantó por aplicar altos niveles de represión a organizaciones independentistas cuya praxis política se enmarca dentro de la legalidad” y culpaba de ello al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “un experto en la represión política”.