Galicia aclara antes de ir al Supremo que no hay boicot contra los fondos europeos
La UE intervendría si no se reparten “con rigor”, señala Feijóo // Se cumple un mes del requerimiento a Moncloa
Cuando se cumple un mes desde que la Xunta presentó un requerimiento al Gobierno central en relación con el reparto de los fondos europeos, plazo tras el cual San Caetano esperaba tener una respuesta antes de acudir a los tribunales, Alberto Núñez Feijóo aclara que la comunidad no participa en ningún “boicot”, tal y como insinúa el Partido Socialista.
“Lo importante es mandar un mensaje de que los fondos no se pueden repartir de forma discrecional”, esgrimió el presidente autonómico este lunes en declaraciones a los medios en un acto en Salvaterra do Miño (Pontevedra), donde defendió que “no se está paralizando ningún tipo de fondo europeo”.
El de Os Peares respondía así a la Ejecutiva del PSOE, con Pedro Sánchez al frente, desde donde acusan al líder nacional del PP, Pablo Casado, de un “un boicot” en toda regla a los fondos europeos. Unos recursos que ya empezaron a llegar a España y que Moncloa ve la clave de la recuperación de España. Los socialistas salen al paso de este modo tras la ofensiva encabezada por la madrileña Isabel Díaz Ayuso de llevar a los tribunales una partida de 9 millones de los 140.000 que va a recibir nuestro país.
Los fondos a los que se refiere el requerimiento son de políticas activas de empleo como señaló Feijóo, “que recibimos antes de los Next Generation y que seguiremos recibiendo después. No se trata en ningún caso de boicotear el reparto de fondos europeos en España”, defendió el de Os Peares.
“De lo que se trata es de que los fondos en materia de empleo se repartan como en los últimos años, con un criterio y no sacando convocatorias específicas que beneficien a comunidades específicas, mientras se detrae ese dinero del conjunto de la convocatoria nacional”, remarcó.
Al tiempo, lamentó “que se intente trasladar la idea” de que “se están boicoteando fondos europeos”. De hecho, esgrimió es que, “al contrario”, lo que la Xunta pretende es que los fondos, “ya sean europeos o estatales, se gestionen con rigor, en concurrencia competitiva, y según el sistema de financiación de las comunidades”.
Sin embargo, el presidente alertó de que “es la primera vez” en la que “una parte de los fondos de políticas activas de empleo queda en el Ministerio para que los gestione” pese a responder a “una competencia autonómica”. “Esa es la primera irregularidad”, advirtió.
La “segunda” irregularidad, según Feijóo, es que “se saca una porción de dinero que no es importante desde el punto de vista cuantitativo, pero sí muy importante como precedente, en beneficio de tres o cuatro comunidades”, mientras el resto de autonomías no pueden “concurrir”.
Por eso, insistió en que la Xunta optó por impulsar el requerimiento previo a la vía jurisdiccional, a la espera de ver qué responde o si lo hace el Ejecutivo central.
“Pero que quede claro que esto no tiene nada que ver con boicotear el reparto de fondos europeos. Lo que se intenta es que, cuando se repartan los fondos europeos, se haga con un criterio objetivo. Si no, el que tendrá un problema con la UE será el Gobierno central, porque la UE levantará un acta sobre un reparto incorrecto y discrecional de los fondos, cosa que no se puede hacer”, avisó Feijóo.
HAY UN MARGEN. Previamente, en un acto en A Coruña, la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, recordó que el requerimiento al Gobierno se presentó el pasado 17 de diciembre y que este lunes termina “el plazo de un mes” para que responda. Por ello, insistió en que, si no reciben respuesta, presentarían el recurso ante el Tribunal Supremo. Fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press reiteraron que en caso de no recibir respuesta o que el Gobierno mantenga el Real Decreto como está se presentará el recurso, aunque se dará un “margen” a la espera de contestación.
Los fondos europeos podrían agrandar la brecha entre comunidades si no se produce una verdadera reforma del sistema de financiación, advirtió este lunes el economista y académico Juan Alberto Turnes, partidario de mecanismos de repartición federal que corrijan las diferencias.
En su intervención ante la comisión del Parlamento de Galicia que examina propuestas para una reforma de la financiación autonómica, opinó que el modelo actual que permite que el Gobierno “no tenga soberanía fiscal” en territorios como el País Vasco o Navarra, es “anómalo”.
Consideró lesivo para los intereses de Galicia y otros territorios la posibilidad de que Cataluña, que concentra un 20 % del PIB español, pueda alcanzar un acuerdo con el Gobierno y ponerse fuera del actual marco del modelo de financiación Además, opinó que Madrid aprovecha el efecto de “capitalidad” para competir en impuestos con otras regiones, y reclamó “poner ciertas barreras a las competencias fiscales”.
Turnes sugirió aplicar reformas tanto en el sistema de ingresos fiscales, en particular para aumentar del actual 50 % a un 60 la capacidad de codecisión de las comunidades frente al Gobierno central, en materia del impuesto IRPF, con el fin de corregir las distorsiones entre regiones. De no llevarse a cabo esas reformas, advirtió de que la brecha entre las zonas más ricas de España podría aumentar con los fondos europeos, hasta el punto de que “los territorios de menor renta sean más dependientes de la Administración central, que acabe asumiendo determinadas competencias”.
Señaló que “hay margen para seguir avanzando” en el aumento de ingresos tributarios por parte de las comunidades autónomas y abogó por “seguir en la vía del federalismo” como una “alternativa considerable” para un reequilibrio territorial de la economía española. Sin embargo, consideró que en las actuales circunstancias no descarta “un proceso de asimetría a la vez que un proceso de recentralización” que perjudicaría a Galicia.
Otro economista y académico, Alberto Vaquero, que también acudió a la misma comisión , coincidió en calificar de “anómalo” el modelo fiscal del País Vasco y Navarra y abogó por “evitar la competencia fiscal nociva”, por lo que abogó por establecer un “mínimo de tributación” para frenar la tendencia a una “elusión” de impuestos.