Galicia, cauta ante la barra libre para el déficit, roza doce mil millones de deuda
La Xunta aguarda al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo lunes para cuadrar las cifras que llevarán a los Orzamentos 2021
Con la actualización de los datos de deuda de las Administraciones Públicas que ofrece el Banco de España amanecía ayer un miércoles llamado a ser histórico. No solo porque a nivel estatal, covid-19 mediante, en el segundo trimestre se alcanzase un máximo de 1.290.657 millones de euros, 1,29 billones, el 110 % del PIB de España. Un repunte por la pandemia del 5,4 % en tres meses. En Galicia creció menos de la mitad, un 2,4 %, sumando 284 hasta rozar los doce mil millones, 11.971. Avanzó lo mismo que sobre el dato de hace un año, cuando se adeudaban 11.685.
Cuando analizábamos estos datos, que elevaban el peso de lo que debe la administración autonómica en nombre de todos los gallegos hasta el 19,6 % del producto interior bruto (PIB) de la comunidad –son 1,3 puntos más que en idéntico periodo de 2019–, saltaba la sorpresa: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informaba de la suspensión de las reglas fiscales, dogma de la Unión Europea que se mantuvo inamovible incluso durante la última gran recesión económica.
Explicaba la ministra las implicaciones para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no estarán sujetos a unos objetivos de déficit, gasto y de deuda a la hora de elaborar sus presupuestos, pero si lo harán “teniendo en cuenta las tasas de referencia” que presentará el Gobierno a las comunidades.
¿Cuándo? Será el próximo lunes, cuando reunirá a las autónomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informarles sobre esta especie de barra libre, en un encuentro entre los titulares de Hacienda y la ministra que no se celebraba desde el pasado 7 de febrero.
Desde la Consellería de Facenda indicaron ayer a este periódico que “el anuncio del Gobierno de España no supone una novedad, puesto que ya lo propusiera la Comisión Europea y lo ratificaron los ministros de Finanzas de los 27 países de la UE”.
Desde la Xunta su presidente, Alberto Núñez Feijóo, censuraba la pasada semana que el Gobierno central no hacía sus deberes, provocando el “bloqueo” de las cuentas de la Xunta. Aseguraba entonces que una vez que el Gobierno aportase los datos necesarios para elaborar los presupuestos, Galicia estaría en disposición de llevar sus Orzamentos 2021 al Parlamento autonómico en cuestión de “semanas”.
Porque, sostenían fuentes de Facenda, “más importante para Galicia en este momento es conocer las cifras y magnitudes de referencia para poder elaborar nuestros presupuestos”. Datos que “de momento desconocemos” y que podrían quedar aclarados el lunes en el CPFF.
Desde el departamento que comanda Valeriano Martínez sostenían que “si bien ahora lo prioritario es poner todos los medios precisos para paliar los efectos de la crisis, cabe recordar que Galicia ha venido siendo una de las comunidades autónomas de referencia en el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda pública, regla de gasto y pago a proveedores”.
El mantra de la Xunta, que es tratar de no gastar aquello que no se recauda, evitó que en la actualidad la deuda autonómica se situase en el entorno de los quince mil millones, nivel al que habría llegado si hubiese seguido la senda promedio del conjunto de las autonomías, con un peso sobre el PIB del 26,1 %.
En un comunicado, el área financiera del Ejecutivo autonómico recalcaba que el Banco de España “vuelve a situar a Galicia como la tercera comunidad de régimen común con menor endeudamiento” en el conjunto del Estado, resaltando que aumentó el citado diferencial de ratio deuda/PIB con la media autonómica hasta los 6,5 puntos.
Este indicador es superior al registrado en el mismo periodo de 2019 “como consecuencia de la suscripción de créditos a corto plazo para agilizar el pago a los proveedores y aumentar su liquidez debido a la covid-19”.
Los datos del Banco de España, según apuntan en la nota de prensa, “ratifican que Galicia es la comunidad autónoma que menos aumentó su volumen de deuda desde 2008”, cuando estaba en 3.954 millones de euros.
Todas las administraciones vieron como crecía en el segundo trimestre a cotas históricas. La del Estado escaló un 5,8 % en tres meses, a 1.158.811 millones, un 8 % interanual más. La autonómica rebasaba los 305.689 millones, dos tercios para Cataluña (80.015), Comunidad Valenciana (49.977), Andalucía (35.483) y Madrid (35.646).
Las corporaciones locales la elevaron un 9,1% a 24.967 millones, y en la Seguridad Social escaló a 68.855 millones (+25,1 %), nuevo récord.
Santiago. Suprimidos los mandamientos fiscales, el período medio de pago a proveedores se convertirá en la única norma que seguirá vigente, y ahí Galicia, con los datos del Ministerio de Hacienda, destacaba que es la segunda comunidad que paga más rápido sus facturas.
Los datos oficiales hechos públicos el miércoles certifican que el período medio de pago en la comunidad es de 14,86 días, un dato que está sólo por detrás del de la Región de Murcia, que abona sus compromisos en menos de cuatro jornadas (3,73).
Con cifras al cierre del pasado julio, el plazo de pago gallego, por debajo de las quince, se situaba a menos de la mitad o era diecisiete días inferior al del conjunto de las comunidades autónomas, establecido en 31,44 días y, por tanto, uno y medio por encima del límite de treinta que establece la norma estatal.
En cuanto a la deuda comercial, los datos del Ministerio de Hacienda sitúan también a Galicia como segunda comunidad con menor registro en España. Esa ratio deuda/PIB gallega se limitó en julio al 0,13 %, también por debajo de la media, que fue del 0,33 %. Del total de 3.638,5 millones de euros que sumaban todas las autonomías, la de Galicia, con 73,9 millones, se limitaba a tan solo el 2 %.
Para la Xunta, con esta información Hacienda ratifica que Galicia continúa en este 2020 “entre las comunidades que mejor atienden a sus proveedores”, concluye.
Vigo. La rebeldía de los alcaldes, concejales y diputados del PP, BNG y Ciudadanos, ha dado los frutos que buscaban al plantarse y tumbar, el pasado 10 de septiembre, el intento del Gobierno central de quedarse con sus ahorros.
Ahora sí. Tanto en 2020 como en 2021, las corporaciones locales gallegas, al igual que las del resto de España, podrán gastar, “sin límite”, los ahorros que han generado desde el año 2012, y sin tener que ceder un solo euro al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El nuevo giro en el escenario de la financiación local en época de covid fue anunciado este miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al detallar que, de forma extraordinaria, en estos ejercicios quedan en suspenso las reglas fiscales, por indicación de Europa.
Convencida de que “es una sinrazón que los ayuntamientos tengan dinero en el banco y no lo puedan usar”, Montero insistió ayer en que es “una buena noticia” que las entidades locales puedan utilizar su superávit por ley, situación que estaba bloqueada por la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el exministro del PP, Cristóbal Montoro.
Entre los compromisos adquiridos por el ejecutivo central se encuentra buscar una solución a los ayuntamientos que carecen de remanentes. Montero apuntó que una de las salidas es crear un fondo específico, del que por ahora se desconoce a cuanto dinero ascenderá.
La titular de Hacienda explicó ayer que trabaja con los grupos parlamentarios, ya que no está negociando con la Femp, para presentar “lo antes posible” el nuevo Real Decreto-Ley que permita proporcionar mayor liquidez a los municipios. Por el momento sigue sin existir consenso en torno al reparto del nuevo fondo de 5.000 millones de los presupuestos y al de transporte, dotado de cerca de 400 millones.
CABALLERO Entusiamado por la decisión de Hacienda, que proporciona un giro a la situación económica de los municipios, ya que en ayuntamientos como el de Vigo significa disponer de 80 millones, y en el caso de el de Santiago de 9.809.135 euros, dentro de los 14.000 millones de las corporaciones locales españolas, el presidente de la Femp y alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, recalcó que se trata de una “magnífica y gran noticia” tanto para los ayuntamientos, como para las diputaciones, cabildos y consells.
A pesar de que Montero indicó expresamente ayer que su departamento negocia un nuevo acuerdo con los grupos parlamentarios y no con la Femp, Caballero recalcó que el ente supramunicipal mantiene abierto el diálogo con Hacienda sobre las entregas a cuenta, así como la liquidación de 2018. “Queremos seguir hablando del fondo de transporte y del de 5.000 millones de euros”, argumentó.
CESIÓN Para el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, el “viraje” del gobierno evidencia que, en contra de lo asegurado por María Jesús Montero en sede parlamentaria, “si había un plan B para los remanentes y que por tanto “no dijo la verdad”. Incidió en que “dijimos que era posible y al final se demuestra que es verdad” y que “sin nuestro trabajo para paralizar el Real Decreto-Leu en el Congreso no se habría podido tomar esta decisión”.
Ante la rectificación del ejecutivo central, “atendiendo las justificadas razones del municipalismo unido en torno a la solidaridad económica”, Baltar recordó que sigue pendiente dar una solución a las entidades locales que carecen de remanentes. Emplazó al gobierno a aprobar el anunciado fondo de 5.000 millones y el específico para el transporte urbano, que cifra en 1.000 millones y que aseguró que “necesitan con urgencia los concellos”.
Satisfecho con la suspensión de las reglas fiscales que las entidades locales destinarán a distintos proyectos y a atender a las necesidades de los ciudadanos generadas por la pandemia, y no para amortizar deuda, pone en solfa al gobierno por el tiempo perdido, ya que aseguró que el retraso “ha perjudicado a la población y a nuestras provincias y municipios”.
Baltar advierte que en la Femp seguirán vigilantes de que la “letra pequeña” del acuerdo del consejo de ministros refleje la suspensión de las reglas fiscales. m. gimeno