Galicia clama contra la amenaza de cuota cero para la pesca del xurel
La Consellería de Pesca cifra en 30 millones las pérdidas para un sector, herido ya gravemente
La Xunta ha alertado de unas pérdidas de unos 30 millones para la economía de Galicia si sale adelante la propuesta de la UE de establecer un total admisible de capturas (TAC) cero para el jurel en aguas del Cantábrico - entre Fisterra e el golfo de Bizcaia- y el Atlántico Nororiental.
La Consellería do Mar remitió al Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación un informe socioeconómico a este respecto para defender los intereses de la flota gallega en las negociaciones de los TAC y cuotas en aguas exclusivas de la UE que se abordarán el domingo y lunes en el Consejo de Ministros de Pesca.
Según el informe de la Xunta, el cierre de la pesquería del jurel afectará a distintas flotas -arrastre y palangre del Atlántico Nororiental, arrastre de litoral, cerco, volanta, palangre de fondo y artes menores- por lo que incidirá en la actividad de unos 3.800 tripulantes y tendrán un impacto director en primera venta de alrededor de 12 millones de euros.
Esta reducción de ingresos en la flota repercutiría negativamente en los salarios de las tripulaciones en más de 4,4 millones de euros, una incidencia que sería de alrededor de 1.200 euros anuales por tripulante.
Además, se sumarían las consecuencias indirectas sobre los bienes y servicios para los barcos, que ronda los 4,3 millones de euros, desde la suministración de gasóleo, hasta el hielo, los víveres, o los servicios de reparación o administración, entre otras pérdidas.
La Xunta explica, en una nota de prensa, que ha remitido este informe tanto a Bruselas como al Gobierno central para evitar que en la fijación de las posibilidades de captura solamente se tengan en cuenta los aspectos biológicos de la especies, ya que la Política Pesquera Común (PCP) establece que debe haber un equilibrio entre el ámbito medioambiental, económico y social.
De hecho, este estudio recuerda que el sector marítimo-pesquero incide en 76 de las 83 ramas de la actividad económica gallega.
La conselleira del Mar, Rosa Quintana, ya reclamó en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, celebrado el lunes entre las comunidades autónomas y el Ministerio, que hay que “evitar recortes drásticos”, como el de la propuesta del cierre del jurel en aguas del Cantábrico, en las cuotas de pesca para 2023.
Tras esa reunión, por videoconferencia, para preparar la reunión del Consejo de Ministros de Pesca de finales de esta semana, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya avanzó que España planteará un captura total para el jurel oeste de 15.513 toneladas, solo para pesca accesoria, frente a la propuesta de la Comisión europea dispuesta a fijar una cuota cero.
Madrid. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado suspender la extracción y captura de ejemplares de lobo en España por parte de las comunidades autónomas al no apreciar “perjuicios de difícil o imposible reparación” en esta medida.
Los magistrados de la Sección Primera descartan suspender la ejecución de la disposición adicional primera de la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que incluía al lobo de la zona norte del Duero en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y prohibía su caza deportiva.
A pesar de la mencionada prohibición de la caza del animal, esta disposición adicional establecía que se podrían “aplicar medidas de extracción y captura de ejemplares que cuenten con una autorización administrativa que se conceda por la autoridad competente de la comunidad autónoma siempre” que se cumpliese con una serie de requisitos.
Esto es, recoge el texto, cuando no existiera “otra solución satisfactoria” tras haber agotado todas las medidas preventivas o de protección del ganado, siempre que se demostrase que no afectaría negativamente al estado de conservación favorable de la especie o cuando estuviese justificada la “existencia de perjuicios importantes para el ganado”.
La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico solicitó la suspensión de la mencionada disposición adicional primera de la orden asegurando que, a raíz de la misma, habían sido varias las comunidades autónomas que habían autorizado “controles letales de la especie protegida”.
En este contexto,aseguraba que tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de Cantabria y el Principado de Asturias habían “regulado ya los controles sobre el lobo, permitiendo su caza”. Así las cosas, la asociación lamentaba que la ejecución de esa disposición, “que permite tales controles letales”, provocaba una serie de “daños y perjuicios no evaluables”. m.a.