Galicia cobrará el coste de la extinción al culpable del incendio

El director general de Defensa do Monte de la Xunta, Manuel Rodríguez, aboga por imputar el coste de la extinción de los incendios forestales a quienes sean responsables de los mismos cuando “se acredita su autoría”, además de seguir ejerciendo contra ellos la vía penal que viene siendo habitual.

En una entrevista en RNE recogida por la agencia Efe, dijo que hay que aplicar el principio de “quien la hace la paga” y que es “lógico y justo” que la persona responsable de un incendio tenga que pagar los costes de su extinción, que en un principio asumen todos los gallegos porque pagan con sus impuestos el servicio contraincendios.

puede superar el medio millón Rodríguez destacó que este año el Pladiga (Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia) dispone de un sistema “que permite el cálculo de las tarifas de los costes de intervención de cada incendio”, una cuantía que puede superar el medio millón de euros en algunos casos.

Es el caso del que se registró en O Courel esta semana de unas 185 hectáreas –y que, según aseguró en la entrevista, fue causado por un rayo, al igual que el de Salvaterra– cuyo coste de extinción fue de 570.000 euros entre el personal y todos los medios desplegados.

Rodríguez también insistió en la responsabilidad individual de los titulares de los terrenos, ya que Galicia es “un país de propietarios” en el que más del 98 % de los montes están en manos privadas. “A nadie se le ocurre circular sin ITV en el coche, pues una finca tiene un propietario que, además de derechos, tiene una serie de obligaciones y su propiedad no puede poner en riesgo la vida de sus vecinos, ni de nadie”, advirtió el director xeral de Defensa do Monte.

Así, explicó que la vigilancia por parte de la Administración “es clave” en la prevención, pero que esta constituye también “una labor de todos, de concienciación de la sociedad” en su conjunto.

En este sentido, aseguró que este año 2021 en la campaña de verano se intensificará la “ejecución subsidiaria” por parte de la Administración autonómica en aquellas fincas “que no cumplen esa obligación legal y posteriormente se le pasará al propietario los costes de esa intervención”.