Galicia incluirá el acoso a las mujeres en las redes sociales como violencia de género
Nuevo consenso en O Hórreo para combatir el acoso en Internet // El PPdeG pide al Gobierno central que lo tipifique como delito
Los grupos del Parlamento de Galicia alcanzaron un nuevo consenso en torno a la violencia machista. Dos meses después de que PP, BNG y PSdeG se uniesen para sacar adelante la inclusión de la violencia vicaria en la legislación gallega, las tres formaciones con presencia en O Hórreo dieron un paso más. En este caso, en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres en la red.
El pleno aprobó la admisión a trámite del proyecto promovido por el PPdeG para que la legislación gallega sobre violencia de genéro incluya la identificación de las situaciones de acoso o violencia sobre las mujeres que se desarrollan en Internet.
La diputada popular Paula Prado defendió la proposición, que parte con “tres objetivos” enfocados a hacer frente a una nueva realidad que afecta, principalmente, a los más jóvenes, donde confluye la existencia de una “mayor vulnerabilidad” por cuestiones de edad con cierta “normalización” de ciertos tipos de conductas que “muchas chicas no perciben como una violencia hacia ellas”.
La difusión de imágenes comprometidas, rumores y bulos o episodios de acoso y control son algunos de los comportamientos que la modificación la Ley gallega de violencia de genéro puesta sobre la mesa pretende “identificar” como primer paso para hacerle frente.
La descripción de estas conductas es la primera meta de la propuesta de ley, que también busca “sensibilizar” a los jóvenes y poner en marcha “políticas de prevención” para evitar este tipo de comportamientos que, para la diputada del PP, deben ser tipificados como delito a través de una reforma que corresponde al Gobierno central.
Prado mencionó estudios que recogen “datos alarmantes” sobre la falta de consciencia entre los adolescentes de los riesgos para su privacidad que entrañan cierto tipo de conductas en redes.
“Algo hacemos mal si en un mundo hiperconectado los riesgos de este tipo de conductas no llegan a los más jóvenes”, advirtió, antes de invitar a “no prejuzgar” la “forma de estar en el mundo” de los adolescentes pero sí a actuar para prevenir las consecuencias de tendencias que afectan en mayor medida a las mujeres “en un mundo que todavía es muy sexista”.
El “consenso” al que apeló Paula Prado fue recogido por los grupos de la oposición, que instaron a la Xunta a que ponga sobre la mesa mecanismos de actuación.
En este sentido, la parlamentaria del BNG Olalla Rodil hizo hincapié en la importancia de que revertir “el foco” para “ponerlo en quién acosa” y no sobre la víctima. “Llevamos mucho tiempo con el foco puesto sobre la víctima. Necesitamos interpelar a los hombres como quienes ejercen estas violencias”, apuntó, y resaltó las facilidades que suponen las nuevas tecnologías para ejercer el control sobre una persona, una violencia que “antes requería un esfuerzo” y “hoy puede hacerse desde el sofá”.
Noa Díaz, diputada del PSdeG, afeó al PP haber presentado esta modificación legislativa a través de un nuevo proyecto y no aprovechar la tramitación del texto para la inclusión de la violencia vicaria en el marco autonómico. “Parece perder el tiempo, sus razones tendrán”, afirmó y puso el foco en la relación entre la “impunidad” y que “pasen a la acción” y ejerzan violencia física.
Santiago. El PPdeG tumbó la proposición legislativa para reclamar la transferencia de las competencias en meteorología. Los conservadores no lo consideran “prioritario” en un momento en el que prefieren centrarse en la AP-9 o en el dominio marítimo terrestre.
Marisol Díaz Mouteira, diputada popular, defendió que son partidarios de que se transfieran únicamente las competencias relativas a los servicios de emergencia. Además, remarcó que Galicia “ya cuenta” con un servicio “con plena capacidad” como es Meteogalicia que “simplemente” necesita que sus predicciones tengan “validez jurídica” para avalar actuaciones en emergencias.
El diputado del BNG, Luis Bará criticó la “parálisis” del Gobierno de Feijóo, por llevar 12 años sin nuevas competencias. Denunció que es un “fraude” y que actúa “con sumisión a los sectores más reaccionarios del Estadado”.
“Hay demasiadas razones para abordar esta cuestión”, apostilló. Señaló que el traspaso a Galicia de estas competencias dotaría de mayor “racionalidad” al servicio y permitirá actuar a Meteogalicia con más eficiencia gracias a su “mejor” conocimiento del territorio. Redac.
Santiago. La Xunta condonará total o parcialmente la deuda del 80 % de las personas que cobraron el Ingreso Mínimo Vital y la Risga a la vez. Lo anunció ayer la conselleira de Política Social, Fabiola García que, durante su intervención en la Cámara autonómica, detalló que esto será así para los beneficiarios que tengan hijos a su cargo. O bien se les perdonará la deuda o bien se les concederá un plazo de treinta meses para devolver las cuantías.
Fabiola García explicó que en Galicia y otras comunidades hubo duplicidad de prestaciones con la entrada en vigor del IMV, por lo que se solicitó al Gobierno central que tomase medidas necesarias para evitar el solapamiento e, incluso, demandó el traspaso de competencias de la prestación estatal, como se hizo en los casos de País Vasco o Navarra. “O tempo deunos a razón, pero eso non é o importante agora, senón resolver esta situación provocada polas présas e a improvisación do Goberno central”, apuntó la conselleira, que anunció que Galicia adaptará su política de inclusión al Ingreso Mínimo Vital con una reforma de la ley autonómica correspondiente que se prevé tramitar a lo largo del próximo trimestre. Redac.
Santiago. El Ejecutivo autonómico pretende implantar un plan para recortar a la mitad la demora para evaluar a los potenciales beneficiarios de las ayudas a personas en situación de dependencia. Así lo indicó en el Parlamento la conselleira de Política Social, Fabiola García, indicando que su plan es “una apuesta muy ambiciosa y muy seria de cara al sistema de atención a la dependencia desde su creación” que “da respuesta a todos los problemas” para solicitar esas prestaciones.
Señaló, además, el incremento de beneficiarios – de 15.000 en 2009 a 63.000 actualmente– de esos subsidios y se comprometió a tomar medidas para simplificar trámites, poner nuevos centros de evaluación de candidatos y reforzar el personal. “Imagínense qué haríamos con todos los fondos que nos debe el Gobierno central”, afirmó, reprochando las “escasas aportaciones” de La Moncloa a financiar los subsidios a las personas en situación de dependencia, apenas 100 millones del total de 400 que cada año destina la Xunta.
De este modo cifró en 1.900 millones la deuda de la Administración central con Galicia en la financiación de esos subsidios y señaló que esos "desequilibrios" en el sistema se han consolidado. efe