Galicia inició este año con 1.155 concursos de empresas pendientes

El Consejo General de Economistas (CGE) prevé que España se sitúe en la primera posición a nivel mundial en cuanto al crecimiento de insolvencias en 2021, con un alza del 24 % respecto al año 2019, mientras que para 2022 estima que crezcan un 26 %, aunque no parece que una vez finalizada la moratoria concursal el 31 de diciembre de 2021 se vaya a producir una acusada avalancha concursal tan elevada como se pensaba. Así se desprende del Atlas Concursal 2021 que elabora el Registro de Economistas Forenses (Refor), en el que se insiste, tras analizar los datos, en potenciar mecanismos que agilicen la salida de la insolvencia para autónomos y microempresas que son quienes ostentan el mayor peso concursal en el país.

Los datos de este informe certifican que en la evolución concursal por comunidades, solo Cataluña y Madrid tuvieron un incremento en 2020 respecto de 2019 pese a la moratoria concursal; los concursos catalanes pasaron de 1.174 a 1.253, y los madrileños de 852 a 859 en 2020. En Galicia se situaron en 228, que representan al 0,12 % de las 197.813 sociedades gallegas.

En dicha relación entre el número de empresas y el número de concursos, a nivel estatal se produjo una disminución del 3,3 %, con un porcentaje del 0,14 % de las empresas españolas, un total de 4.630 entre un universo de 3.404.348, aproximadamente una de cada 700 empresas.

El caso es que este año se inició con un total de 15.603 concursos pendientes de liquidación en los tribunales españoles, de los cuáles 1.155 se mantenían en Galicia.

Detalla también el Atlas sobre los acuerdos de financiación alcanzados que en la comunidad gallega se alcanzaron en 2020 un total de 12 homologados, la mitad que en 2019, y 176 no homologados, con una caída del 8,8 %. Según el CGE, “observamos que se produce un decrecimiento del 16,5 % en cuanto a los acuerdos de refinanciación no homologados en el conjunto de España en 2020 respecto a 2019”, cuando el año pasado crecieron un 7 %. Por su parte, los acuerdos de refinanciación homologados crecieron un 14 % en toda España en 2020 respecto a 2019.

En cuanto a la Ley de Segunda Oportunidad y sus acuerdos extrajudiciales de pagos, los economistas españoles apuntan que “son escasos por el momento: en 2020 alcanzaron los 573, en 2019 hubo 504, un 50 % más que en 2018 con 337”. En 2020 el crecimiento fue del 13,7v%, más moderado que en 2019. Se concentran en Cataluña y Comunidad Valenciana, especialmente, y “curiosamente en Madrid su número es reducido”. En Galicia subieron de 26 a 39, junto con Aragón, las dos Castilla y Murcia las únicas comunidades al alza.

En 2020, las principales economías de Europa muestran un descenso generalizado del número de insolvencias respecto de 2019 con cifras diversas: Alemania (9 %), Francia (36), Reino Unido (28), Italia (33) y Portugal (12 %). Aunque, al igual que en España (-3,3 %), estas bajadas pueden deberse a moratorias concursales y ayudas concedidas para paliar los efectos económicos de la covid-19.

Al levantar las restricciones se esperaba una recuperación rápida hasta volver a los niveles previos al primer trimestre de 2020, salvando de forma efectiva a miles de empresas y empleos ‘congelados’ durante varios trimestres. Sin embargo, esta dinámica está resultando “decepcionante” en economías como la española, la cual aún está un 5 % por debajo del nivel de marzo de 2020.

De acuerdo con el informe, hasta el tercer trimestre de 2021 el número de concursos de acreedores se incrementó respecto del mismo intervalo de 2020, de 3.131 a 3.169, pero disminuyó comparado con el mismo intervalo de 2019 (3.383).

Asimismo, el mayor incremento en este mismo intervalo se produce en los concursos de autónomos, 1.446 en 2021 frente a 398 en 2020 y 326 en 2019, esto es, más del triple que en 2020 y más de cuatro veces que los registrados en 2019. Aumentan también los concursos de personas físicas en este periodo, un 8% más que en 2020 (de 2.554 a 2.756) y un 33 % más que en 2019 (2.068).

A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas y el presidente del REFOR, Valentín Pich y Juan Carlos Robles, respectivamente, han coincidido en resaltar que ahora resulta conveniente recurrir –sobre todo las pymes y los autónomos– a mecanismos de reestructuración, que van a ser impulsados con la reforma para tratar de reflotar empresas y evitar que terminen en liquidación. Otro dato que han destacado es la tendencia ascendente de concursos exprés, creciendo desde el 30 % en el primer trimestre del 2021, hasta el 32 % en el tercero, lo que viene a indicar que la situación concursal no es positiva, pues son empresas sin masa.

Personas físicas

En relación con los datos recogidos en esta edición del Atlas, en 2020 se produce una ligera disminución del 3,3% en el número de concursos de empresas con respecto a 2019 (4.630 en 2020 y 4.789 en 2019). En el bloque específico de autónomos, micropymes y pequeñas empresas –que son la gran mayoría de nuestro tejido empresarial– ha habido un decrecimiento en 2020 del 4 % respecto de 2019 en el número de concursos (de 4.154 en 2019 a 4.008 en 2020).

En este sentido, los economistas forenses del Consejo General de Economistas han puesto de manifiesto que referido a la relación número de insolvencias/número de empresas, España es la que menor ratio concursal tiene de los países de Europa. Solo 13 de cada 10.000 empresas presentan concurso de acreedores en España, muy por debajo de la media europea (en torno a 52 empresas en concurso por cada 10.000).

Pese a ello, los datos reflejan que los concursos de personas físicas experimentan en 2020 un incremento del 35% con respecto a 2019, que contrasta con el descenso del 3, 3% en el número de concursos de empresas entre estos dos años.

En España, el 96 % de las mediaciones concursales son de personas físicas y sólo el 4 % de personas jurídicas. Además, la empresa mayoritaria en España en el ámbito concursal sigue siendo en 2020 la micropyme, que supone más del 53% de total de concursos.

En cuanto a la distribución territorial de los concursos, solo Cataluña y la Comunidad de Madrid tienen un incremento de concursos en 2020 respecto de 2019 pese a la moratoria concursal de 2020. En el resto de comunidades disminuye el número de concursos en 2020 respecto de 2019.

Impacto por la covid

Durante su intervención, el presidente del CGE de España, Valentín Pich, aclaró que “tanto los datos concursales de 2020 como los relativos a 2021 y 2022 están condicionados por los efectos de la covid, así como por las medidas que se han venido aplicando”. En este sentido, para el presidente de los economistas, la moratoria concursal vigente hasta el 31 de diciembre 2021 ha servido para contener el incremento concursal previsible, aunque no parece que una vez finalizada la moratoria se vaya a producir una acusada avalancha concursal tan elevada como se pensaba.

Referido a estas distorsiones en la tendencia sobre el número de insolvencias, Valentín Pich quiso dejar claro que las medidas extraordinarias puestas en marcha como ‘compensaciones’ al sector productivo por las restricciones impuestas por la pandemia (como son los ERTE, los avales ICO y algunas medidas fiscales) han roto la correlación histórica entre ciclo económico y concursos de acreedores.

Según Pich, para que esta situación inédita se pueda sostener en los próximos trimestres, la condición necesaria es que el crecimiento de la economía española continúe de forma robusta, de manera que cuando se retiren dichas medidas extraordinarias, que han totalizado 20 puntos de PIB en año y medio, las empresas continúen trabajando con normalidad.

Anteproyecto de ley

En relación a la tramitación del anteproyecto de Ley de Reforma Concursal, durante la presentación se hizo un repaso del texto legislativo definiendo sus avances respecto de la anterior legislación, así como las deficiencias que aún persisten en el mismo.

A este respecto, el presidente del Refor, Juan Carlos Robles, ha destacado que el nuevo texto presenta mejoras en cuanto al adelanto en la detección de la probable insolvencia, el fomento de las reestructuraciones, el mayor peso del contenido económico en la gestión de las insolvencias o que las competencias en concursos de personas físicas hayan vuelto a los juzgados de lo mercantil.

No obstante, para Robles sigue habiendo aspectos en la norma que habría que mejorar como el excesivo peso del papel del deudor en los procedimientos para microempresas, el paso atrás en los mecanismos de segunda oportunidad, la desregulación de los profesionales de la insolvencia o la falta de un testeo eficaz que garantice el pleno funcionamiento del nuevo procedimiento electrónico.