Galicia percibirá casi 190 millones para las políticas activas laborales

La nueva Ley de Empleo que está tramitando el Gobierno central carece de mecanismos de financiación que garanticen la efectiva prestación de los servicios que plantea, por lo que “estamos ante un texto legal que traslada a las comunidades autónomas una serie de deberes ante los ciudadanos sin contemplar el respaldo económico para llevar a cabo dichas prestaciones”.

Así lo consideró la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, tras la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada este miércoles en Madrid. Explicó que la Ley incorpora adecuadamente los criterios de la Comisión Europea, que sitúa los servicios de empleo como uno de los pilares del Estado de bienestar, a la misma altura que la sanidad, la educación y otras prestaciones básicas. Establece un catálogo de servicios que tanto el Estado como las autonomías deben garantizar a los ciudadanos y a las empresas.

Sin embargo, lamentó la conselleira, “el texto legal no incorpora la imprescindible memoria económica que valore lo cueste de los servicios ni concreta los mecanismos de financiación a través de los que se va a garantizar su prestación”. Para Lorenzana “es un ejercicio de irresponsabilidad establecer deberes sin garantizar los fondos necesarios para prestarlas eficazmente, haciendo que la Ley y los derechos que establece sean papel mojado”.

En el punto de la orden del día referido a los proyectos piloto que el Gobierno financiará a las comunidades con cargo a los fondos estatales procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la responsable de la Xunta valoró positivamente que el Ministerio de Trabajo abra a todas las comunidades el acceso a fondos, que inicialmente tan sólo activó en Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura.

Así, en la Conferencia Sectorial se informó de que en abril se abrirá un plazo para que todas las autonomías puedan presentar proyectos piloto de importancia o interés en ámbitos como el emprendimiento, los microcréditos o los colectivos vulnerables.

No obstante, criticó el tiempo perdido hasta ahora. “Hay cuatro comunidades que ya están llevando a cabo sus proyectos, mientras que el resto aún nos encontramos en la fase de presentación y selección, sin tan siquiera conocer los criterios con los que se va a actuar”, afirmó.

En cuanto a la distribución de las partidas para políticas activas de Empleo, Galicia recibirá en 2022 un total de 189,8 millones de euros de los fondos finalistas del Estado (un 7,86 % del total), y 24,8 millones de los Fondos MRR (6,4 %). Lorenzana incidió en la falta de flexibilidad de las convocatorias, limitando la capacidad de las autonomías.