Galicia reclamará a Madrid el 50 % de la Ley de Dependencia

El Parlamento de Galicia aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley del grupo popular para que la Xunta exija al Gobierno central que cumpla con el cofinanciamiento del 50 por ciento de la Ley de Dependencia para que la participación sea equitativa. “La realidad es que mientras no se alcance el nivel de financiación previsto”, la ley “no podrá desplegar todos sus efectos”, señaló el diputado popular Alberto Pazos Couñago

Además, pedirá que pague la cuantía adeudada a Galicia desde la entrada en vigor de la citada ley, una petición añadida a través de una enmienda del BNG, que advirtió que “no es una limosna, sino una deuda histórica”, que también insta a la Xunta a adoptar las medidas necesarias para reducir las listas de espera y el tiempo de tramitación de expedientes. Todos los grupos votaron a favor.

Alberto Pazos aseguró que desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta se cuadriplicó el número de personas atendidas dentro de la Ley de Dependencia, pasando de 15.000 personas en 2009 a las cerca de 62.000 actuales. Manifestó, también, que se alcanzó a mitad de la pasada legislatura la cifra de 60.000 atendidos planteada como meta de todo el periodo. “Y todo eso en un contexto presupuestario con menos margen. Con menos dinero, se hizo más”, dijo el popular.

Sin embargo, afirmó que “Galicia estuvo muy sola en este proceso”, por parte “de todos los gobiernos” a nivel nacional. “El gran defecto de la Ley de Dependencia fue la falta de compromiso del Gobierno del Estado para aportar el 50 % de la financiación”, dijo Pazos, un compromiso incluido en la norma.

Para los populares, con la conformación de esta ley “se creó una gran expectativa y no se dotó de recursos suficientes” para llevarla a cabo.

Actualmente, según Pazos Couñago, la Xunta invierte “el triple que el Estado” , esto es, un 76 % frente al 24 % de financiación del Gobierno central, algo que “impide incorporar al cien por cien de personas con dependencia y aumentar la cuantía de las prestaciones”.

ENMIENDA. En su turno de intervención, el BNG, que se mostró de acuerdo con las exigencias incluidas en la iniciativa, defendió una enmienda para reclamar, además, que se transfieran a Galicia los “atrasos” de esa financiación compartida a medias de forma retroactiva. Esto supondría, en palabras de la diputada Olalla Rodil, unos “200 millones de euros anuales” que constituyen una “deuda histórica” con la comunidad. “No es una limosna, no es un acto de voluntad, es un derecho”, dijo.

Aunque la situación con respecto a la ley mejoró, indicó Rodil, en Galicia “aún hay 6.400 personas esperando a que se les reconozca ese derecho y a poder percibir esas ayudas”. Del mismo modo, y aunque “no hay tanto tiempo de espera”, todavía “es elevada”, con 341 días de media de tramitación frente a los 180 que exige la norma.

Por su parte, la diputada socialista Marina Ortega aprovechó, recoge Europa Press, su intervención para reivindicar que fue un “gobierno socialista” el que creó la Ley de Dependencia y para afear los “recortes” que sufrió en los últimos años, de los que culpa al Gobierno de Núñez Feijóo. “El PP lleva 12 años en el Gobierno –de Galicia– y eso ha resentido notablemente la Ley de Dependencia”, insistió.

Los socialistas, que también votaron a favor de la iniciativa, reconocieron que “todo lo que se pueda mejorar en dependencia es bueno para Galicia”, aunque llamaron la atención sobre la responsabilidad de la Xunta. “No es que tengamos menos lista de espera, es que la gente ya no la pide porque sabe que no funciona”, zanjó Ortega, que reclamó un “cambio de modelo” y más inversión en equipos de valoración para agilizar los expedientes.