Galicia refuerza su sanidad con cien profesionales para atención primaria
Atenderán a pacientes que sufren diabetes, hipertensión y obesidad // Pontón acusa a la Xunta de ser “un problema para la salud” de los gallegos
Buenas noticias para el sistema sanitario gallego, que se reforzará con cien profesionales – dietistas y nutricionistas– para reforzar la atención a pacientes que sufren diabetes, hipertensión y obesidad en los centros de salud.
Así lo anunció ayer, durante la sesión de control en el Parlamento autonómico, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien avanzó que su Gobierno dará hoy luz verde a un nuevo “proceso de contratación”, explicando que todos ellos se sumarán a los 134 especialistas que ya incorporan los presupuestos de 2023, aprobados el martes .
El mandatario respondió de este modo a una pregunta de la nacionalista Ana Pontón en la que lamentó que “el PP se haya convertido en un problema para la salud de los gallegos”. La líder del BNG alertó de que los “recortes” del Gobierno que dirige el PPdeG busca “favorecer el negocio privado”, algo que Rueda negó con vehemencia.
Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico presumió de que este aumento de profesionales será gracias al respaldo que el PPdeG da a la Xunta en los presupuestos frente a las enmiendas presentadas por el Bloque que pretendían restar 40 millones a los fondos de contingencias imprevistas en materia de sanidad para destinarlos a un plan de abaratamiento del transporte público.
“Claro, si le hacemos caso a esta enmienda habrían sido 960 millones para sanidad; 40 millones que había que sacarles a la sanidad. ¿De dónde había que sacarlos, de la primaria?”, cuestionó el presidente autonómico. Para hacer frente a las críticas de la líder de la oposición, Rueda recordó que en los últimos años se han construido o hecho grandes reformas en más de 120 centros por valor de 100 millones de euros.
Frente a ello, Ana Pontón aseguró que ya son miles los ciudadanos que tienen que salir a las calles semana tras semana para “defender su derecho a la salud” porque no aceptan las condiciones sanitarias que impone la Xunta, con decenas de PACS que no cuentan con médicos y funcionan solo con personal de enfermería.
“Quieren naturalizar los recortes pero para eso que no cuenten con nosotros ni con la ciudadanía de este país”, advirtió la portavoz nacionalista, que reprochó el aumento en las listas de espera y los colapsos en urgencias.
Además, criticó que los responsables sanitarios de la Xunta intenten “responsabilizar a los profesionales de la situación que se vive” al pretender achacarles a ellos la decisión de “reagrupar” centros de salud y, por tanto, cerrar algunos de los existentes.
Pese a esta intención de desviar la atención, “las mentiras tienen las patas muy cortas”, enjuició Pontón que pidió a Rueda “menos fuegos de artificio y menos atacar al Bloque y más ponerse a trabajar”.
Ambos políticos también discreparon sobre el modelo de formación para dotarse de más especialistas en medicina familiar y comunitaria, ya que Rueda les pidió a los nacionalistas gallegos y, en concreto, al representante del BNG en el Congreso, Néstor Rego, “diputado unipersonal y plenipotenciario”, que “hable de cosas útiles y le diga al Gobierno que atienda al clamor” de todas las comunidades que piden más plazas MIR y la creación de la especialidad de urgencias.
A este aspecto, la diputada del BNG sostuvo que la falta de médicos en Galicia se debe a la mala planificación de la Xunta y recordó que de las 89 personas que finalizaron el MIR de primaria en la comunidad, son 39 las que “no quieren trabajar aquí porque están escapando de la precariedad”.
El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad instar al Gobierno a “no permitir” un aumento de precios de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53 el próximo año.
La iniciativa, presentada por el BNG, pretende impedir la “brutal subida de precios” de más de un 9 % de los peajes de la AP-9 y de un 8 % de los de la AP-53 a partir del 1 de enero de 2023, indicó el diputado nacionalista Luis Bará, quien consideró que sería un "duro golpe para los usuarios" de esas infraestructuras.
Abogó por congelar los precios atendiendo a que Audasa, concesionaria de la AP-9, obtuvo en 2021 ingresos de más de 150 millones y más de 50 millones de beneficios con el "filón" de la autopista gallega. “Audasa se está forrando a costa de los gallegos”, enfatizó el nacionalista, cuestionando que los beneficiarios sean fondos de inversión que tomaron el control de la empresa en los últimos años con vínculos en paraísos fiscales, mientras los gallegos sean los perjudicados.
Bará también criticó que el Gobierno central pretenda obtener unos 50 millones de esas autopistas gallegas de captar impuestos como 21 % del IVA y casi 17 millones de euros de la fiscalización a sociedades mercantiles.
La proposición no de ley insta, además, a aplicar bonificaciones y descuentos en la AP-53 similares a los adoptados en la AP-9 e invita a que la titularidad y competencia sobre esa infraestructura sean transferidas del Gobierno al Ejecutivo autonómico.
La diputada del PSdeG Patricia Otero aseguró que su formación “no puede estar más de acuerdo” con la necesidad de impedir un “abusivo” aumento de precio de los peajes que representaría un “golpe muy duro para la economía" de las familias y las empresas”. Por su parte, el diputado del PPdeG José Manuel Balseiro expresó la voluntad de su partido de respaldar la iniciativa del BNG, aunque "el BNG sigue siendo una marioneta del PSOE".
Ethel Vázquez critica el “remiendo de última hora”. Por su parte, la conselleira de Infraestruturas , Ethel Vázquez, rechazó el “remiendo de última hora” que, según algunas informaciones todavía sin confirmar de manera oficial, aprobará el Gobierno central en el próximo Consejo de Ministros del martes para reducir al 4 % subida de los peajes en la AP-9 y la AP-53.
En esta línea, volvió a reclamar al Ejecutivo que “congele” los precios de estas vías y reivindicó el ejemplo de la Xunta, que consignó una partida de 4,8 millones para evitar las subidas en la AG-55 y la AG-57 en 2023.