Gestorías alertan del lío fiscal que supone el Ingreso Mínimo Vital
Sus perceptores, 7.210 en Galicia y 150.000 en toda España, están obligados junto con sus convivientes a presentar el IRPF
La obligación de presentar declaración para todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y también cada uno de los miembros de su unidad de convivencia va a “complicar la vida” a las 150.000 personas que lo cobran en España, apenas 7.200 en Galicia, según los Gestores Administrativos.
Y es que deberán hacerlo, alegan estos profesionales, con independencia de que la prestación pueda estar exenta, junto con la no aplicación de las deducciones por discapacidad y por familia numerosa, y la no aplicación de las deducciones por maternidad y por gastos de guardería, en ambos casos, si solo se perciben rentas procedentes del IMV.
A ello obliga el artículo 33 del RDL 20/2020 sobre Ingreso Mínimo Vital y la interpretación recogida en las Preguntas Frecuentes que publica el Ministerio de Derechos Sociales.
Los profesionales de las gestorías, incluidos los gallegos, apuntan que si bien las condiciones para su concesión no exigen para ser beneficiario es haber presentado con carácter previo la declaración de la renta, el artículo 33 del Real Decreto que aprueba el IMV establece que sus perceptores deben presentar la declaración de la renta durante los ejercicios en los que se perciba.
Esta situación supone la obligación administrativa de presentar la declaración a un colectivo desfavorecido, que hasta ahora no estaban presentándola. Pero, además, en caso de que en la unidad de convivencia alguno de sus miembros perciba más de 1.800 euros al año, por éstos no podrán deducirse las cantidades establecidas por descendientes o ascendientes con o sin discapacidad.
Adicionalmente, y como ocurre con las madres en ERTE, al considerarse el IMV como una prestación de naturaleza no contributiva, las madres perceptoras del IMV como única fuente de ingresos, no pueden beneficiarse ni de las deducciones por maternidad ni por gastos de guardería por estas percepciones.
Los Gestores Administrativos le piden al Gobierno que revisen la norma y sus interpretaciones y que, de una vez por todas, las normas aprobadas recojan en sus textos los beneficios que, en principio, se comunicaron a los ciudadanos. Para ello, solicitan una mayor coordinación entre las distintas carteras ministeriales.