Hacienda plantea dar más peso al gasto sanitario y educativo en la financiación

La compleja reforma del sistema de financiación autonómica –caducado desde 2014–, da un paso más. La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, remitió a las comunidades de régimen común, Ceuta y Melilla la esperada propuesta del Gobierno para elaborar un nuevo modelo en base al criterio de población ajustada, con el objetivo de iniciar el debate entre todas las CCAA.

En este texto, propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, como estaban pidiendo las comunidades ‘infrafinanciadas’: Valencia, Andalucía y Murcia.

De este modo, el Ministerio envió su plan inicial de reforma para establecer un diálogo con las CCAA. Este documento recibirá ahora las aportaciones y observaciones de las regiones durante todo este mes y enero. El informe parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, por lo que Hacienda defiende que se tuvo en cuenta la opinión de las comunidades que participaron.

En este contexto, el Ministerio defiende que la propuesta considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que, señalan, “existe un notable consenso”. No obstante, sostienen que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto.

En cualquier caso, el Gobierno también analizó “empíricamente” la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. En concreto, se analizaron indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales, así como el gasto en otros servicios.

Además, reivindican que se tuvieron en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, y que se han incluido elementos correctores por despoblación, teniendo en cuenta los costes fijos vinculados al gasto.

En el caso del gasto sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad. En la propuesta, los grupos se dividen en tramos quinquenales, de modo que, según Hacienda, se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas.

Asimismo, se contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos. Con estos elementos, el gasto sanitario pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40 y el 45%.

En este plan, Hacienda también defiende que se incorporan las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de la FP. La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla de entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% y la universitaria el resto.

La estrategia remitida a las CCAA incluye un nuevo grupo en materia de servicios sociales, que serían los mayores de 80 años. Asimismo, se recoge una variable que serían los parados sin prestación por desempleo. La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6 o un 10%. Dentro de esa horquilla, el padrón de las personas mayores de 60 años pesaría entre un 80 o 90% y el de los parados entre un 10 o 20%. Respecto al gasto en el resto de servicios, propone mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, lo que reduciría su ponderación a un baremo entre el 18 y el 22 por ciento.

LA DESPOBLACIÓN. Ocho presidentes de la España despoblada se reunieron hace unas semanas en Santiago para sumar fuerzas a la hora de pedir que se tuviera en cuenta la dispersión en la reforma del sistema. En esta línea, Hacienda defiende que los factores no poblaciones pasan de una ponderación del 3 % en el sistema actual, a una variable entre el 3 y el 4 %. Así, contemplan la superficie, la despoblación, la dispersión de la población, la insularidad. Sin embargo, una de las novedades de este sistema tiene que ver con la incorporación a la población ajustada de la variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala.

Este viernes, la consejera de Economía y Hacienda de Cantabria, María Sánchez, defendía la formación de un “frente común” con Castilla y León, Galicia y Asturias, para que el nuevo sistema "sea lo más ventajoso posible".