Interior mantiene en prisión a los cinco presos de Resistencia Galega mientras sigue liberando etarras

Roberto Rodríguez Fialhega, alias Peto; Eduardo Vigo Domínguez; Antom García Matos, Tonino; Asunción Losada Camba; y Miguel García Nogales son los cinco independentistas gallegos condenados por su pertenencia a Resistencia Galega que permanecen encarcelados, según confirmaron fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Siguen en prisión en vísperas del Día de Galicia en el que colectivos de la izquierda rupturista volverán a manifestarse pidiendo su puesta en libertad, especialmente en el caso de los dos primeros, quienes llevan cumplidos prácticamente doce de los trece años y nueve meses a los que les condenó el Tribunal Supremo en sentencia firme. Esa larga estancia en penales contrasta con la política que el Ministerio de Interior mantiene con los presos de ETA, muchos de los cuales disfrutan de benificios y algunos incluso fueron ya liberados, a pesar de pesar sobre ellos penas más graves.

Todos los reclusos de Resistencia Galega, al menos, fueron trasladados, tras la pandemia del covid, a prisiones gallegas, tras un calvario en otros penales, tras las gestiones realizadas, entre otros, por Néstor Rego, el diputado del Bloque Nacionalista Galego. Cuatro permanecen en la cárcel de Teixeiro mientras que el compostelano Eduardo Vigo está en A Lama. Ninguno de los cinco tiene delitos de sangre ni fueron juzgados por actos violentos.

A García Matos, Asunción Losada y García Nogales les apresaron en un centro comercial de Vigo hace ahora tres años (el 15 de junio de 2019) y fueron condenados a la suma total de 28 años y 3 meses de cárcel por integración a organización terrorista en calidad de dirigentes (ocho años); de fabricación, tráfico y suministro de aparatos explosivos con finalidad terrorista (ocho años); falsedad documental (un año y nueve meses); tenencia ilícita de arma modificada con finalidad terrorista (dos años y seis meses); y fabricación y tenencia de aparatos explosivos con finalidad terrorista (ocho años); es decir, la máxima de las penas no superan los ocho años.

Junto a ellos estaban Miguel García Nogales y Xoán Manuel Sánchez Rodríguez, considerados como colaboradores de Resistencia Galega,a quienes les cayeron cuatro y tres años, respectivamente por un delito de integración en organización terrorista. Xoán Manuel ya lleva tiempo en libertad.

Los cuatro pactaron la pena con la Fiscalía tras reconocer los hechos, lo que les permitió reducir considerablemente la condena.

Más sangrante es el caso de los otros dos miembros de Resistencia Galega. Roberto Rodriguez Fialhega y Eduardo Vigo Domínguez, que llevan encarcelados desde su detención en noviembre de 2011, uno en Vigo y el otro en el peaje de la A-9 entre Santiago y Padrón.

La Audiencia Nacional inicialmente les condenó a 18 años de cárcel por participación en organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y falsificación de documentos oficiales con fines terroristas. Los tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia consideran probado que Domínguez y Vigo se reunieron el día en que fueron detenidos y que el primero entregó al segundo tres termos con explosivos que habrían “puesto en peligro la vida e integridad de las personas”. En sus domicilios se encontraron una olla con 3,2 kilos de sustancias explosivas, documentación relacionada con el independentismo radical, así como documentación falsa, listas de posibles objetivos y un manual sobre técnicas de interrogatorio de la CIA, entre otros.

El material explosivo incautado se parece al utilizado en otros artefactos explosionados o desactivados, según los análisis de los peritos incluidos en la sentencia.

Ambos recurrieron ante el Tribunal Supremo que les redujo la pena a trece años y nueve meses. Los magistrados mantuvieron que RG debía ser considerada como una organización terrorista, lo que rechazaban sus abogados en el recurso, al considerar que emplea “el uso de la violencia como un modo de conseguir sus objetivos de espaldas a los mecanismos democráticos”.

A pesar de ello, en la sentencia en la que rebajan cinco años la condena de la Audiencia Nacional, reconocían que “la pena impuesta era desproporcionada con respecto a los hechos enjuiciados”, que afectaban tanto a Rodríguez Fialhega como a Eduardo Vigo y a Antom Santos y María Osorio.

A estos dos últimos les redujeron de diez años a algo más de siete, que ya cumplieron prácticamente en su integridad antes de recuperar la libertad plena.

Tanto Roberto como Eduardo en estos once años que llevan encarcelados pasaron por distintas cárceles alejados de su tierra como Estremera (Madrid), la de Villanubla (Valladolid), Dueñas (Palencia) o Mansilla en León, antes de poder volver a Galicia. En ese periplo sufrieron algunas de las peores condiciones carcelarias al estar incluido en el fichero Fies (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), recluidos sin apenas poder salir al patio más que dos horas.

PRESOS ETARRAS. Sorprende que mientras a los reclusos de Resistencia Galega apenas se les conceden medidas de gracia (a Roberto Rodríguez ni siquiera le permitieron asistir al entierro de su padre) los reclusos pertenecientes ala banda terrorista ETA hayan venido gozando de numerosos privilegios, por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio del Interior que dirige el exmagistrado Fernando Grande-Marlaska.

De todos es conocida la política de acercamiento de presos a Euskadi impulsada tras los acuerdos del bipartito con Bildu. El propio Arnaldo Otegi, en su día, hizo público un ‘tuit’ en el que desvelaba que el apoyo de la formación abertzale tenía una crontraprestación: libertad de presos políticos vascos.

Algo que tiene cifras. Según figura en la página web del colectivo de familiares de presos de ETA, Etxerat, 122 presos salieron de prisión entre los años 2018 y 2021. En el primero de ellos, fueron 36, 24 en 2019, treinta en el 2020 y 22 en el último ejercicio completo. En este grupo hay presos que cumplieron el máximo establecido por la ley (los jueces impusieron condenas de cientos o miles de años a los más sanguinarios, pero ninguno puede cumplir más de treinta) y otros abandonaron los penales gracias a la nueva política de Interior.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (Covite) lleva contabilizados, en ese mismo periodo de tiempo, 77 actos de recibimiento (Ongi etorris) a otros tantos presos de ETA liberados antes de cumplir sus condenas; en muchos de los cuales participan miembros destacados de Bildu, incluso aquellos que negocian directamente con el gobierno.

Instituciones Penitenciarias, según denuncian los colectivos de apoyo a los presos gallegos, mantiene una posición de extrema dureza en relación a los presos de Resistencia Galega.