La ‘cúpula’ del colegio de enfermería de Pontevedra, a prisión

Ingresarán finalmente en prisión provisional el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (Coepo), Carlos Fernández Gómez, su cónyuge e hija. Así lo ha decidido el titular del juzgado de instrucción número 2 de Vigo, estableciendo esta condena preventiva ante supuestos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal y falsedad documental.

Por serios indicios, los tres familiares fueron arrestados el jueves, producto de una investigación desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales que coordina la audiencia olívica. Tras ser trasladados a disposición judicial, los involucrados se negaron a prestar declaración en una causa que dejó de ser secreta este viernes.

Sobre las 10.00, un furgón policial trasladó a los implicados, que previamente habían pisado ya los calabozos, con el objetivo de comparecer ante el magistrado y dar cuenta sobre presuntos delitos que se relacionan con irregularidades en la gestión de las cuotas del ente colegial.

Estos harían referencia al hipotético blanqueo de capitales, la administración desleal y la falsedad documental. Asimismo, según fuentes próximas al caso, la operación está relacionada con diferentes impagos del Coepo al Consejo General de Enfermería de España: órgano nacional.

En este sentido, la institución pontevedresa fue condenada dos veces a ingresar seis millones de euros a la entidad estatal por no haberle pagado la cuantía correspondiente de las cuotas apoquinadas cada trimestre por sus colegiados.

Sobre eso, las mismas fuentes detallaron que el organismo estuvo sin remitir dichos pagos desde finales de los 90, creciendo consecuentemente el cómputo total adeudado a una cuantía millonaria.

Mientras Fernández, presidente del colegio, lleva regentando el primer cargo más de 30 años en esta entidad gallega, su cónyuge está contratada en la misma y su hija prestaba servicios gestores al organismo a través de una empresa especializada de la que es responsable actualmente.

Este jueves, en consecuencia al proceso abierto, agentes de la UDEF realizaron sendas inspecciones en el domicilio de los involucrados, así como en la sede del Coepo, ubicada en la calle Aragón de Vigo. Allí estuvieron recopilando documentos y revisando los ordenadores más de 10 horas.

YA HABÍA SIDO ACUSADO DE “HUNDIR” LA INSTITUCIÓN. Antes de este polémico acontecimiento, José Faustino Portela, secretario del ente pontevedrés, había criticado a Fernández por “hundir” el ente con su gestión, habiéndole contestado este que no estaba diciendo “la verdad”.

Entonces, Portela difundió dichos enfrentamientos a los medios de comunicación, enviándoles un escrito con varia información anexa. Con esto, acusaba que el organismo era “nuevamente condenado al pago de más de 1,5 millones de euros al Consejo de Enfermería de España”, explicando que esta sentencia se sumaba “a la de 2014 en la que ya se condenaba al colegio al abono de 4,5 millones de euros”.

“Carlos Fernández no comunicó ninguna de las sentencias a sus colegiados y esta última se hace pública por su inclusión en la carta de despido de un trabajador del colegio tras una inspección de trabajo que supone una sanción de 120.000 euros por distintas irregularidades de la entidad”, manifestó además.

TODO SE DECIDIÓ “EN UNA ASAMBLEa GENERAL”. Según Carlos Fernández, quien fue consultado en aquel momento también, el hecho de que el ente dejase de pagar estas cuotas “se decidió en una asamblea general” porque los servicios eran “muy pocos” o “ninguno”, pero esta “nunca tuvo lugar”, indicó Portela.

Del mismo modo, el presidente del Coepo garantizaba que “hace dos años que se está abonando el 30%” de los pagos, señalando que el secretario faltaba “a la verdad” en relación a las cuestiones relatadas, las cuales abordarían “en junta de gobierno”.