La jueza considera que el funcionario de Hacienda en Vigo lideraba un clan criminal de extorsiones

Un proceso que dura ya más de una década dio estos últimos días una paso decisivo para sentar en el banquillo al funcionario de Hacienda en Vigo, Asdrúbal Casares García junto a seis personas. La juez titular del juzgado de intrucvión número 3 de Santiago, Rosa María Fernández Paredes, decidió continuar con el trámite abreviado, previo a la apertura de juicio oral contra lo que considera una organización criminal que se dedicaba a extorsionar a empresarios, junto a otros delitos. El resto de los investigados son Francisco González Pino, Pablo González Tenorio, María de los Ángeles Regueras Pacios, José Benito Caamaño Piñeiro y Fernando Copa Martínez. El inicio del proceso se remonta a principios de la década pasada aunque el asunto tomó fuerza en 2016 cuando, a la vista de las pruebas recabadas, se pudo acreditar que se estaban produciendo actividades mafiosas. Fue en 2019 cuando el juez de Santiago desató la operación que concluó con el ingreso en prisión de Asdrúbal Casares, considerado como el gran muñidor de las operaciones.

Según el auto judicial “el modus operandi de este grupo criminal, del que Asdrúbalera el jefe de la organización, ya que conocía los procedimientos y las personas a las que se iba a investigar, a través de los intermediarios Pablo González Tenoiro y Francisco González Pino contactaban con empresarios a los que la AEAT había abierto expedientes de inspección por impuesto de sociedades y /o IVA, con la finalidad de ofrecerles una resolución del expediente que finalice en el ámbito administrativo, en el caso de que la infracción por su cuantía constituya delito; o si dicha infracción no fuere constitutiva de delito ofrecerles una resolución más satisfactoria económicamente para el empresario; a cambio de una suma económica por las gestiones en la mediación en la resolución”.

Previamente el funcionario corrupto contactaba con González Tenorio y González Pino, responsables de asesorías de empresas en Vigo, para advertirles de qué empresas estaban en problemas con Hacienda y a ellas se dirigían con la intención de alcanzar un acuerdo a cambio de una cantidad de dinero.

Unas pagaban pero hubo otras que se negaron. La magistrada documenta que “Asdrúbal Casares García en su calidad de Inspector de Hacienda (Inspector del Área de Inspección, Unidad de Delegación Especial con Sede en Vigo y con competencia para el ejercicio de sus funciones públicas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia), a través de los intermediarios Pablo González Tenorio y Francisco González Pino, contactó con varios empresarios a quienes la AEAT había abierto expedientes de inspección, generalmente en relación con los Impuestos de Sociedades y sobre el Valor Añadido, para ofrecerles, a cambió de la entrega de diversas cantidades de dinero, primeramente una resolución de dichos expedientes en el ámbito exclusivamente administrativo, en el caso de que la infracción cometida por la empresa constituyera infracción penal contra la Hacienda Pública; o en segundo lugar, si no revistieran los hechos objeto del expediente tributario, caracteres de infracción penal contra la Hacienda Pública, o siéndolo se hubiera dictado sentencia absolutoria en el ámbito del correspondiente procedimiento judicial, una resolución del expediente tributario en el ámbito administrativo de carácter más favorable para el empresario, aunque hubiera perjuicio para el erario público”.

También señala que el citado funcionario, no estando facultado para hacerlo, asesoraba a distintas empresas y, señala la magistrada en el auto, “el investigado Casares García asesoraba permanente durante el período comprendido entre febrero de 2017 hasta marzo de 2018 a dichas personas, elaboraba documentación, llevaba un control exhaustivo de los plazos tanto de presentación de impuestos como de cómputo de los plazos, estaba pendiente de los plazos para la presentación de impuestos y contestaba alegaciones por procedimientos dirigidos por la AEAT contra las empresas del indicado grupo empresarial a cambio de remuneraciones percibidas en efectivo bien directamente o través de la mercantil Zubemar 2011, S.L.

Los contactos de asesoramiento se realizaban por medio de los socios Agullo Quintela y José Benito Caamaño Quintela, siendo este último quien tenía el poder de decisión y era quien pagaba los honorarios de Asdrúbal”.

BLANQUEO DE CAPITALES. Además de relatar casos concretos de extorsiones a diferentes empresarios, tras numerosas investigaciones policiales incluidos pinchazos telefónicos, se señala que todo el dinero que recibían tanto Asdrúbal como los dos asesores, pasaba por varias manos, según refleja la magistrada Fernández Paredes: “ El dinero recibido por la gestión era enviado tanto a cuentas abiertas en Suiza y en Portugal. Se concertó un préstamo con la Entidad Santander Totta, a fin de reintroducir en España la cantidad del préstamo, ya “blanqueado”, y cuyo origen ya era lícito y no dudoso”.

Durante las pesquisas policiales que llevaron a cabo agentes de la UCO de la Guardia Civil se descubrió que este grupo manejaba grandes cantidades de dinero.

Por todo ello la juez da por cerradas las diligencias previas y pide que se continúe con el procedimiento abreviado y la apertura de juicio oral por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias a los siete acusados. Para Asfrúbal, González Pino y su pareja, añade el de blanqueo de capitales y al funcionario de la Agencia Tributaria le incorpora, además, el de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.