La ley de cambio climático dejará de amenazar la industria gallega del mar

Santiago. El pleno del Senado aprobó ayer la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la inclusión de enmiendas de Ciudadanos que modifican el polémico artículo 20.4 relativo a las concesiones en el dominio público marítimo terrestre con el fin de aclarar que no habrá efecto retroactivo. Ahora el texto se devolverá al Congreso de los Diputados para culminar su tramitación legislativa, antes de su remisión definitiva al Boletín Oficial del Estado.

En un reciente informe, el Consello Consultivo de Galicia concluyó que este artículo de la Ley de Cambio Climático era inconstitucional al considerar que afectaría tanto a los plazos de duración de las concesiones –y de las prórrogas otorgadas– antes de que la norma entre en vigor como también a la validez de los actos administrativos que se hubieran “dictado” con la normativa anterior.

Esta cuestión, provocó que la Xunta anunciase que recurriría al Tribunal Constitucional si no se modificaba al texto, pues considera que tiene como fin limitar la duración de las concesiones de la Ley de Costas, con una derogación del plazo de hasta 75 años de prórroga extraordinaria, y la puesta en riesgo del sector mar-industria gallego, a su juicio.

Precisamente, esa palabra de “dictado” es la que se cambia ahora en la enmienda aceptada en el Senado con la redacción de que “se dicten tras la entrada en vigor” para matizar que no habrá efectos rectroactivos.

Al respecto, el coordinador de los socialistas gallegos en el Senado, Xoaquín Fernández Leiceaga, destacó que la aprobación de esta enmienda sirve para “despejar cualquier sombra de duda” que pudiese haber sobre la retroactividad de la norma, que se refiera a “los actos que se dicten” y no “a los dictados”.

En un comunicado, el socialista gallego remarca que ninguna ley tienen efectos retroactivos, pero opina que ahora se excluye cualquier sospecha. Por todo ello, asegura que el sector puede tener “total tranquilidad”.

Otra de las enmiendas de Cs aceptadas pasa por matizar que, en el caso de las instalaciones industriales, ese plazo de duración del título de concesión comenzará a contar desde el inicio de la actividad industrial para la que se concedió ese permiso, en vez de hacerlo desde el otorgamiento de la concesión.

La aprobación en el Senado contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto el de Vox, que votó en contra, y el PP, que finalmente se abstuvo. En el Congreso de los Diputados, PP y Más País se abstuvieron, mientras que en la Cámara alta el PP mantuvo su abstención y Más País se decantó finamente por apoyar la ley.

No obstante, pese al mayoritario respaldo, todos los grupos de la oposición criticaron que el proyecto legislativo se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, de modo los senadores apenas contaron con 14 días para presentar y analizar 585 enmiendas, un plazo que dada la “importancia” y “trascendencia” para el futuro del país distintos senadores calificaron de “insuficiente”.

Asimismo, se quejaron de que esta urgencia haya impedido un debate sosegado y ninguneado las funciones de representación territorial de la Cámara alta que así queda simplemente como “un órgano de lectura rápida”, entre otras críticas. e.p.