La ley de mejora de la gestión del ciclo del agua busca implicar a trabajadores del sector del mar

La Lei de Mellora da Xestión do Ciclo da Agua tiene el objetivo de blindar el futuro de la actividad de los profesionales del mar y acabar con 270 vertidos a las rías, aportando a los ayuntamientos las oportunidades de gestión profesionalizada por parte de la Xunta de sus sistemas de saneamiento y depuración, incluyendo las depuradoras y las redes, para evitar las futuras infiltraciones.

Eso es lo que aseguró el Gobierno gallego este lunes, en una reunión entre las conselleiras de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y do Mar, Rosa Quintana, con representantes del sector del mar. Vázquez Mourelle subrayó que el texto supone un nuevo modelo de funcionamiento de los sistemas de saneamiento y depuración para garantizar su calidad y su eficiencia, a través de una gestión profesionalizada.

En este sentido, Rosa Quintana destacó el compromiso de la Xunta para avanzar con esta futura normativa en el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, un ámbito que implica a diferentes agentes y sectores, entre ellos el marítimo-pesquero.

Señaló la importancia de mantener informado al sector de los pasos que se están dando en la tramitación de este anteproyecto de Lei con el que el Ejecutivo gallego busca garantizar la calidad de los servicios a los ciudadanos y la eficiencia en la explotación de las infraestructuras en materia de aguas. Una cuestión, según subrayó Rosa Quintana, que incide en distintas actividades económicas como la pesca, el marisqueo y la acuicultura, de ahí la relevancia de este tipo de encuentros para la Xunta.

La conselleira de Infraestruturas también explicó que la gestión autonómica no solo se centrará en las depuradoras, sino que también tendrá en cuenta lo que sucede en las redes de saneamiento, evitando los vertidos contaminantes y las infiltraciones de aguas de lluvia.

Remarcó, asimismo, que la ley tiene como objetivo atajar una situación en la que cerca de la mitad de las depuradoras municipales tienen deficiencias en su funcionamiento, lo que significa que el agua se devuelve a las rías y a los ríos sin el tratamiento adecuado.

Ethel Vázquez recordó que aunque las competencias de saneamiento y abastecimiento son municipales, la Xunta, a través de esta ley, pone al servicio de los ayuntamientos una herramienta eficaz para afrontar con acierto la difícil y costosa responsabilidad de prestar estos servicios de forma adecuada.

Reiteró también que la adopción de este sistema por parte de los ayuntamientos será siempre voluntaria y no llevará aparejada la creación de nuevas tasas a los usuarios.

UN TOTAL DE 1.100 MILLONES DE EUROS MOVILIZADOS. La titular de Infraestruturas e Mobilidade recordó que el Gobierno gallego movilizó desde 2009 más de 1.100 millones de euros en actuaciones de saneamiento, depuración y abastecimiento para colaborar con los ayuntamientos en sus competencias de gestión del agua. De esos presupuestos, cerca de 600 millones están centrados en actuaciones para mejorar la calidad de las aguas de las rías gallegas, con 40 millones consignados para este fin en los Presupuestos de 2022.

POSICIÓN DE LA FEGAMP. La Federación Galega de Municipios e Provincias aseguró que las divergencias que existían entre Augas de Galicia y sus técnicos sobre la incidencia del impacto económico de las tarifas de los nuevos cánones (gestión de depuradoras y explotación de redes de colectores), se debió a una equivocada interpretación de la ley en el cálculo previo realizado.

Más en concreto, por error de cálculo en cuanto a la aplicación de los precios de los tramos de ambos cánones. Así, la Fegamp indicó que, en principio, parece que el canon de gestión de depuradoras sustituiría a la actual tasa de depuración municipal, pero no se puede determinar si el nuevo canon de explotación de redes de colectores sustituye a nivel tarifario el 100 % del importe al actual de saneamiento municipal, que dependerá de cada caso.

Por otro lado, también queda claro que no es una interpretación correcta, según la Fegamp, afirmar que “la reordenación de tarifas que prevé la ley para aplicar únicamente en los ayuntamientos que soliciten que la Xunta asuma la depuradora tendrá un impacto estimado inferior a un euro en el recibo mensual”, siendo lo adecuado decir que los nuevos cánones “sustituyen a los de los ayuntamientos en el caso de que estos cedan la gestión voluntariamente de sus infraestructuras hidráulicas a Augas de Galicia”.