La ley que penaliza las herencias en vida atenta contra el Estatuto
El presidente gallego considera que sería ilegal // Ve una vulneración del autogobierno y advierte de que supondrá de hecho una subida de impuestos
El proyecto de ley que pretende cobrar una plusvalía a aquellos herederos que se deshagan de parte de lo recibido en vida de sus progenitores si todavía no han fallecido no gusta absolutamente nada a la Xunta.
Sería “una ley ilegal”, si se llega a aprobar, que “atenta contra el derecho civil gallego”, el “Estatuto”, “autogobierno” y las “competencias” autonómicas, dejó claro el presidente Alberto Núñez Feijóo a preguntas de la prensa en su comparecencia tras el Consello.
Así, sobre lo que llamó “amenaza de subir impuestos en Galicia”, afirmó que es “francamente sorprendente”. “Detrás hay una vulneración de los derechos civiles de los gallegos amparados en el derecho civil de Galicia, que tiene base en el Estatuto de Autonomía, y hay claramente una vulneración del autogobierno y una subida de impuestos. No es un tema menor”, avisó.
El mandatario gallego, cuyo Gobierno defendió y aprobado la exención de impuestos de sucesiones, censura que en este proyecto de ley ya aprobado en el Congreso –que ahora pasa a debate en la Cámara Alta– “se establece una presunción de fraude” sobre los herederos.
“Que un padre o una madre que deja un piso o una cantidad económica a un hijo que está empezando a salir adelante, automáticamente, si ese piso o ese dinero se entrega o se vende antes de que fallezca el padre o la madre, hay un fraude; y sin embargo, si se vende después, no hay un fraude”, expuso Feijóo, para manifestar, de nuevo, que se trata de “un planteamiento cuando menos, muy sorprendente”.
Es más, alertó de que, si alguien vende su herencia, se “supone” que es “porque lo necesita”, “no porque le guste”. “Si lo vende si muere, sí; si no, hay que pagar. Es una cuestión que es sorprendente, una presunción general de fraude. No hay antecedentes al respecto”, aseveró el jefe del Ejecutivo gallego. “Es difícil castigar más a los que más lo necesitan”.
Esgrimió también que “no hay ningún dato” de la Agencia Tributaria que avale esta cuestión y recordó que en Galicia hay 142.000 ciudadanos que recibieron una parte de la herencia en vida.
“PERJUDICAR A LOS JÓVENES”. “Esto va a perjudicar a los jóvenes gallegos que ahora van a tener que pagar impuestos. Es difícil castigar más a quienes más lo necesitan”, enfatizó el presidente, recordando que las exenciones son para herencias “no ilimitadas”, sino para bienes que “no superan una cantidad concreta” (un millón de euros). “Lamento mucho esta falta de respeto al autogobierno de Galicia y esta acusación de fraude. Es una subida de impuestos y una vulneración del autogobierno que no podemos aceptar”.
El titular de la Xunta avisó de que “empieza a llover sobre mojado” y de que, “en el caso de que se apruebe, será una ley ilegal porque atenta contra el Estatuto de Autonomía y las competencias” gallegas, lo que podría acabar derivando –si bien no lo mencionó expresamente en su intervención– en un nuevo conflicto de competencias entre Xunta y Estado.
Santiago. Los tres grupos con representación en el Parlamento gallego (PPdeG, BNG y PSdeG) aprobaron por unanimidad exigir “el cumplimiento inmediato” de la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a Galicia en su reclamación al Gobierno central para que le pague la mensualidad del IVA del año 2017 más intereses.
La propuesta, impulsada por el PP, reclama que se haga efectiva la compensación de la mensualidad del IVA correspondiente a noviembre de 2017 y que esta devolución se haga extensiva a todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales.
Por otro lado, el Parlamento también reclama otra cuestión –no recogida en la sentencia– relativa a “la deuda con Galicia, acreditada por importe de 170 millones de euros, en concepto de incentivos por su buen desempeño fiscal en los ejercicios 2017 y 2018”.
Por último, el Parlamento gallego pide que se convoque “con urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera para consensuar una solución inmediata”, común a todas a las comunidades y a las entidades locales, y articular en este órgano la manera en la que el Gobierno central les compense lo antes posible el IVA pendiente.
El portavoz del PPdeG, Pedro Puy, reclamó el respaldo de los grupos parlamentarios para paliar un problema “causado claramente por el actual Gobierno de España”. Para la diputada de BNG Noa Presas es “claro y meridiano que hay que exigir esta devolución de forma inmediata” e, insistió en que “la sentencia es una buena noticia” por lo que en su grupo no entienden porque la Xunta dilató “tanto” la decisión de acudir a la justicia a exigir este dinero. El socialista Juan Carlos Rivera reivindicó, de su lado, que la sentencia evidencia que “la división de poderes funciona” en el Estado.