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martes, 01 diciembre 2020
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ENTREVISTA
Jesús Muñoz de Priego. Abogado y promotor de la plataforma y campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales

“La Lomloe esconde bajo la alfombra los grandes problemas de la educación”

Con una ley en la que el español deja de ser lengua vehicular y que admite que el alumno se convierta en mediocre gracias a la ‘aprobación de los suspensos’, vemos, dice el abogado, “que la Lomloe no afronta el fracaso escolar ni los grandes problemas de la educación española, los esconde debajo de la alfombra. Por aprobar a alumnos sin conocimientos y promocionarlos como sea, no van a saber más, solo se devaluarán, aún más, los títulos”.

¿En qué aspectos la enseñanza concertada está discriminada?

El listado de agravios en la Lomloe es interminable, inabarcable. De hecho, la ley pone los cimientos para permitir encaminarnos hacia una escuela pública única, un monopolio educativo del Estado, donde no hay libertad de enseñanza, ni, por tanto, concertada, que es el instrumento principal para su ejercicio.

La ley elimina la demanda social, como elemento a tener en cuenta en la programación de plazas escolares por la Administración, lo que nos aboca a una planificación dirigista por parte de la Administración, en la que unilateralmente dirá dónde están las vacantes, sin tener en absoluto en cuenta las opciones, los intereses o las decisiones de las familias; se inventa un “derecho a la educación pública”, frente y contra el derecho a la educación reconocido constitucionalmente, para hacernos creer que el derecho a la educación no se garantiza con cualquier plaza gratuita, y por tanto también con la concertada, sino exclusivamente en las plazas en centros de titularidad de la Administración pública; ataca la asignatura de religión, dejándola en la práctica fuera del sistema educativo; elimina los conciertos para la diferenciada; modifica en los derechos de la infancia quién es el garante, que dejan de ser en gran medida los padres, para pasar a ser la Administración pública, incluso frente a las decisiones de los padres; cuestiona la supervivencia de los centros de educación especial específica; no garantiza la educación en el idioma español... La Lomloe es una opción por el intervencionismo público y eso siempre es a costa de la libertad.

Hoy, más que nunca, recibe numerosos ataques. ¿Quizá por su componente religioso?

Lo cierto es que en la concertada se concentran entidades muy diversas, pero es verdad que muchas, aunque ni mucho menos todas, de titularidad de entidades religiosas, básicamente porque son los centros que existían financiados bajo el sistema de subvención y no se ha permitido la incorporación de nuevos centros y nuevos idearios. Es evidente, que nuestra sociedad es mucho más plural de la de hace 40 años, y eso debería reflejarse en nuestro sistema educativo con la incorporación de diferentes idearios que las familias pudieran elegir. Estamos ante una educación muy intervenida y ni siquiera eso es suficiente para el apetito intervencionista de este Gobierno de coalición, que quiere que el control sea ya absoluto. De todos modos, entiendo lo que dice, y es cierto que es legítima la duda de considerar que, si muchos concertados no pertenecieran a ámbitos de Iglesia, el ataque sería o no el mismo y tan agresivo.

¿Por qué pueden subsistir los tres modelos (público, concertado y privado)? ¿Qué ocurre con los alumnos que tienen necesidades especiales?

Los centros privados de pago tienen otro grado de autonomía y se desarrollan en el ámbito de la libertad de empresa. Pero los centros de titularidad pública y los concertados son ambos sostenidos con fondos públicos, y tienen exactamente la misma normativa en cuanto a admisión de alumnos, y además el proceso de admisión lo hacen programas de la Administración pública. Luego el centro no puede incidir en forma alguna en selección del alumnado. Así que los alumnos con necesidades eligen el centro como los demás.

Finalmente, una reflexión, para evitar que nos tomen el pelo con prejuicios: usted misma ha destacado que gran parte de la concertada son centros de Iglesia. ¿De verdad pretenden hacernos creer que la misma Iglesia que se dedica a atender preferencialmente a los necesitados desde casas de acogida, atención a inmigrantes, comedores, atención a drogodependencias... pretende eludir atender a alumnos con necesidades o desventajas? Hay cosas que no se sostienen.

Algunos creen que es “una anomalía obsoleta que debemos superar”.

Sí, son exactamente los mismos que creen que solo debe existir un modelo de educación única controlado por el Gobierno de turno. Una escuela pública única, un monopolio educativo de la Administración. Lo cierto es que en nuestro entorno occidental existe mucha más privada sostenida con fondos públicos de lo que se afirma, pero en muchos de esos países la diferenciación no se hace por la titularidad, sino en la financiación. Es decir, que cuando en muchos países se habla de la escuela pública se está refiriendo a lo que aquí consideramos sostenidos con fondos públicos y que incluye a la concertada. La modernización de la educación en Europa apuesta por la libertad de enseñanza, y la financiación pública de centros privados para conseguirla.

De hecho, también hay quien defiende que “la educación pública es la única que garantiza la equidad y la cohesión social, sin ningún tipo de discriminación, en condiciones de igualdad y convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales. ¿Y qué ocurre con la segregación racial?

Hay mucho cliché y mucho prejuicio en torno a la concertada. Insisto en que la normativa de admisión de alumnos es idéntica entre la pública y la concertada, y que ni siquiera es el centro el que aplica los criterios de puntuación en la escolarización, que le vienen fijados por ley y aplicados por un programa informático de la Administración educativa. El centro se encuentra el listado de admitidos hecho.

Los datos lo avalan. Según un informe elaborado por el Instituto de la Familia de la Universidad de Comillas de 2016, en las escuelas concertadas católicas, en concreto, el 6,7 % de sus alumnos son hijos de ambos padres inmigrantes frente al 7,1 en el resto de colegios, y un 9,4 % son hijos de parejas mixtas, frente al 8,6 % de otros centros.

De todos modos, este Gobierno debe preocuparse mucho por los alumnos con desventajas sociales, económicas y educativas, y debe ser por eso que en la Lomloe ha decidido que precisamente a ellos les puede eliminar cualquier opción de elegir centro y los puede repartir unilateralmente. Para nosotros debiera ser justo al revés. Estos alumnos son precisamente los que deberían tener mayor puntuación para elegir preferencialmente el centro que consideraran más adecuado a sus circunstancias y la Administración debería asumir el coste añadido que eso conlleva, sin mirar la titularidad del centro sostenido con fondos públicos al que vaya.

Por otro lado, la Lomloe sigue con su apuesta obsesiva por la zonificación, que puede llegar a ser un criterio excluyente, y que acaba impidiendo que los alumnos salgan de su entorno, por lo que los centros que están situados en zonas deprimidas se acaban convirtiendo en verdaderos guetos.

Lo que está claro es que con la ministra Celaá no se va a ningún sitio. Según recoge el diario ABC: “La concertada le pone fecha a su «muerte»: de cinco a diez años, periodo tras el que el 25 % de sus estudiantes deberán irse a la educación pública ante la desaparición de los centros”.

La Lomloe nos dirige a un camino de difícil retorno, que acaba en el intervencionismo público y la escuela pública única. ¿Alguno puede pensar que esto es una exageración, que se crea alarma innecesariamente? Pues basta con observar qué ha pasado en los territorios gobernados por la coalición de izquierdas de PSOE y Unidas Podemos, como Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja, o los territorios que fueron tradicionalmente del PSOE, como Andalucía. En todos ellos la Administración ha procedido al cierre de unidades concertadas con demanda social en beneficio de unidades públicas sin demanda. Si no han conseguido su objetivo es porque los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo les han parado los pies y han mantenido los conciertos en aplicación de la ley. Por eso quieren modificar la ley y adecuarla a este proceder contra la libertad de enseñanza. Pero esto va más allá de un mero cambio legal, quieren desterrar la libertad de enseñanza y eso es cambiar la Constitución, por la puerta de atrás.

“A menos libertad, menos democracia”

Están en plena campaña de recogida de firmas contra la ley... “Llevamos más de un millón de adhesiones al manifiesto y seguirá abierto durante toda la tramitación parlamentaria de la ley. Ya veremos a dónde llegamos. Quizás sería bueno reflexionar que muchos de los partidos que están influyendo en la redacción de enmiendas transaccionales a la ley no cuentan siquiera con este apoyo social en número de votantes. Se está poniendo de manifiesto que hay un rechazo social muy importante a esta ley partidista, realizada al margen de cualquier diálogo. Y seguiremos denunciándolo para que la sociedad entienda que esto nos es un problema de los padres que llevan a sus hijos a la concertada, o de los titulares o los docentes de estos centros, sino que es un problema de toda la sociedad, porque es cuestión de libertad, de pluralidad, de democracia. A más intervención, menos libertad, y a menos libertad menos democracia. Esta regla no falla nunca. Y eso es lo que está en juego”.

13 nov 2020 / 00:00
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