La ‘okupación’, agravada por el covid, tarda unos 6 meses en resolverse
Fiscalía dictará nueva instrucción sobre este “fenómeno delictivo” // Los costes por vía civil llegan a 1.000 euros más IVA // Los procesos se demoran ante la alegación de “vivir en precario”
Esos son los plazos que se barajan en la última ley antiokupa de la que dispone España: la Ley de Desahucio Express, aprobada en julio de 2018. Por raro que pueda parecer después de la situación que acabamos de relatar, antes de esta ley las cosas estaban peor, ya que los plazos podían prolongarse hasta 2 años e, incluso, no llegar a celebrarse los juicios al traspapelarse la documentación en los tribunales.
EL COVID-19 AGRAVÓ LA SITUACIÓN. Si bien este no fue hasta ahora un tema que preocupase sobremanera a la comunidad gallega, ya que parecía afectar mayoritariamente en las grandes ciudades españolas, como Madrid y Barcelona.
Sin embargo, como ha sucedido en todos los ámbitos, el coronavirus ha creado un nuevo panorama también en lo que respecta a la ocupación ilegal de inmuebles.
Pues, aprovechando el confinamiento en primeras residencias e inocupación de segundas, las mafias okupas han tenido vía libre para entrar en los inmuebles desutilizados, además de tiempo de sobra para investigar quién es su propietario.
¿QUÉ HACER SI TE ENCUENTRAS ANTE UNA SITUACIÓN ASÍ? “Como sucede en casi todas las circunstancias, puedes acogerte a dos procedimientos: la vía civil o la vía penal”, explica Iria Platero, abogada experta en okupación en Santiago de Compostela. Ella recomienda “la vía civil, porque es la más rápida”. “Se supone que entre 3 y 6 meses por esta vía deben estar fuera”, indica la letrada , que evidencia que “luego no es cierto, pero es más rápida que la penal”.
¿QUÉ ES LO NOVEDOSO DE LA LEY DE DESAHUCIO EXPRESS? “Tú antes no podías desahuciar si no conocías la identidad de las personas que habían ocupado tu vivienda”, explica la abogada santiaguesa. En este sentido, la ley de 2018 “te deja hacer como una especie de formulismo del tipo de ‘‘a los desconocidos propietarios del inmueble...’. Entonces presentas título de propiedad y es la Policía la que se encarga de ir al lugar e identificar a los ‘okupas’, para lo que deben ser rápidos”.
Aún así, Iria Platero afirma que “se trata de un procedimiento igualmente lento, aún con toda la rapidez que han querido darle, algo que no es culpa ni de los juzgados ni de la Policía, sino de la falta de medios, es decir, haría falta más personal para agilizar los procesos”.
ALEGACIÓN DE VIVIR EN PRECARIO. “Si los okupas no tienen título de propiedad ni nada que alegar entre 3 y 6 meses están fuera según la ley, pero esto nunca es así, porque siempre alegan algo; normalmente tienen abogados de oficio que suelen decir que ‘X persona me dejó vivir aquí y vivo en precario, porque un tío me dejó este inmueble’”, ejemplifica la abogada, que dice que “en un caso, así ya todo se demora mucho más hasta el lanzamiento, que suele fijarse en 3 meses, aunque luego llega a demorarse hasta 6, por lo que nunca es tan inmediato como dicen”.
NO PERDER LOS NERVIOS. Como nos pasaría a cualquiera que se encuentra ante una situación así, hay gente que pierde los nervios y o bien amenaza verbalmente a los okupas de su inmueble o bien trata de entrar en él y recuperarlo por la fuerza. Pero, ¿es esto recomendable? “Yo no lo haría, porque podrías estar incurriendo en varios delitos”, advierte Iria, que explica que estos pueden ir desde “un delito leve de amenazas o coacciones”. La abogada también indica que incluso “podría darse igual un delito de lesiones en caso de haber forcejeo entre el propietario y el ‘okupa’”.
LOS COSTES. Los demandados no suelen tener recursos económicos, así que se acogen a la justicia gratuita. La gente que tiene segunda vivienda, por lo general, aunque no siempre, suele tener poder adquisitivo o, al menos, un poder medio.
“Para acceder a la justicia gratuita tienes que tener un salario mínimo interprofesional, si lo superas, tienes que pagarte tú mismo el abogado y el procurador. No se trata de unos costes excesivos, porque son procedimientos verbales, pero llegan a los 1.000 euros más I.V.A., pudiendo ascender los honorarios del letrado en función de la complejidad del caso”.
SI SE TRATA DE UNA PRIMERA VIVIENDA. Asimismo, la abogada puntualiza que si se trata de una okupación sobre tu primera vivienda “es delito de allanamiento de morada, de tipo penal, que ya nada tiene que ver con una ocupación”. “En teoría, dicen que va más rápido, algo que, en la práctica, no es así, pero sí es cierto que resulta mucho más penado: estamos hablando de penas de prisión de 6 meses a 2 años en un allanamiento de morada normal, que incluso pueden llegar a los 4 años si están agravados con intimidación”, asevera Iria Platero.
Con todo, evidencia que “no es lo habitual”, porque los okupas, cada vez más profesionalizados, “se cuidan mucho de que no se trate de una primera vivienda, vigilando y controlando la zona previamente”. En su caso particular, lleva varias denuncias por okupación vinculadas al Patio de Madres y zona Castrón Douro y, a excepción de uno, “casi todos se tratan de segundas viviendas o de viviendas para restaurar”.
UNAS 400 VIVIENDAS OCUPADAS. Unas 330.000 viviendas están vacías en Galicia, y, por lo que se sabe oficialmente, al menos 400 están ocupadas por inquilinos que no son sus propietarios ni arrendatarios. ¿Parece poco, verdad? Si bien en este caso las cifras engañan, pues en numerosas ocasiones los propietarios de estos inmuebles están tan asustados que no se atreven a denunciar por las consecuencias, y también los costes (alrededor de unos 1.000 euros al llevar el caso al juzgado), que esto les puede acarrear. Para hacernos una idea, el pasado año 2019 solo se tramitaron en Galicia 145 denuncias.
Por supuesto que a todos nos parece injusto socialmente que una persona pobre no tenga acceso a una vivienda digna, o que las circunstancias de esta crisis covid-19 y las acarreadas por la anterior crisis económica arrastrada desde el año 2008 dejen en la calle y desamparadas a miles de personas en nuestro país. Pero, la realidad, es que no solo son esas personas las que proceden a la ocupación de viviendas que nos les pertenecen. De hecho, en los últimos meses, esta actividad okupa se ha profesionalizado, hasta el punto de que prácticamente la totalidad del territorio gallego ocupado ilegalmente está en manos de mafias que saben que la ley les ampara y que, como mucho, lo peor que les puede suceder es una multa para no hacer frente a los de tres a seis meses de prisión.
NUEVA LEY. Si bien, conscientes de esta situación, cada vez son más los jueces que se dan cuenta de que es necesaria una ley que ampare a los propietarios y endurezca las penas contra los okupas, declarando y tratando a la ocupación como lo que verdaderamente es: un delito. Así, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictará una instrucción en los próximos días que aborde el tratamiento por parte de los fiscales en ocupaciones de morada.
pisos sin habitar en la comunidad gallega. A Coruña, Santiago, Vigo y Ourense son las que más casos registran según un estudio realizado por las inmobiliarias, grandes afectadas de este fenómeno, pues la mayor parte de viviendas inhabitadas son de su propiedad.
··· Dos son las zonas que concentran la mayor parte de la ocupación ilegal en la ciudad de Pontevedra: la Rúa da Santiña y el barrio de San Mauro.
• Caso en la Rúa da Santiña - 4 de septiembre: Vecinos del barrio de O Burgo denunciaron la presencia de distintos grupos de ‘okupas’ drogodependientes que, según ellos, se afincaron en las viviendas abandonadas.
• Caso en el barrio de San Mauro - 4 de septiembre: Los vecinos señalaron que una familia lleva meses instalada en una vivienda que no es de su propiedad y, pese a las reiteradas advertencias policiales, se niegan a abandonar el lugar si no es a cambio de una recompensa económica.
··· En Santiago hay seis centros de actividad: calle de Belvís, barrio del Pexigo, calle Rueiro de Figueiriñas, barrio de San Pedro, Algalia de Arriba y Cruceiro do Gaio.
• Caso en Cruceiro do Gaio - 6 de agosto: Cerca de la famosa casa okupa conocida como ‘O Aturuxo das Marías’, hay otra casa más modesta y menos visible con nuevos habitantes que se instalaron dos semanas antes del estado de alarma y ahora se niegan a dejar.
• Caso en Cruceiro do Gaio - 5 de julio: Una familia sin recursos se instaló en una casona deshabitada justificando su acción por falta de dinero, diciendo que están en su derecho de dar uso a viviendas deshabitadas.
··· Ourense tiene una gran actividad ‘okupa’ en seis zonas: Plaza de Abastos, calle Celso Emilio Ferreiro, zona Burgas, zona del Veintiuno, avenida de Portugal y zona Mariñamansa.
• Caso en la Plaza de Abastos - 10 de julio: La vaciada plaza de Abastos en la que se estaban acometiendo obras de mejora se ve invadida desde hace meses por cinco ‘okupas’.
• Caso en una parcela situada en la calle La Molinera - 13 de julio: Un inmueble restaurado tras el Centro Tecnológico por el propio ayuntamiento de la ciudad en el año 2011 se vió asaltado por un grupo de personas que se niegan a dejar el lugar aún en estos momentos.
··· Zonas de mayor actividad ocupa: Monte Alto, avenida de Peruleiro, calle la Paz, Ronda de Nelle, Agra de Orzán, A Zapateira, Eladio Rodríguez, Perillo y calle de Pedro Busto.
• Caso en A Zapateira - 16 de julio: Una pareja de asaltantes a un chalet de lujo, propiedad del banco, declaró que estaban a la espera de llegar a un acuerdo económico para irse, pero que, mientras, iban a “pasar un verano relajado en la piscina”.
• Caso en Perillo - 10 de julio: Una casa deteriorada en peligro de derrumbe fue asaltada por cuatro ‘okupas’: dos adultos y dos niños. La propietaria llamó a la Policía, pero al meter dentro a dos niños ya no pudieron echarles.
··· En Lugo hay cuatro focos: barrio da Milagrosa, Gándaras, barrio Feijóo y A Chanca.
• Caso en el Pazo da Fervedoira - 25 de agosto: Cuatro matrimonios ‘okupas’ se instalaron en este deteriorado pazo cercano al HULA. Llevan 3 años como ‘okupas’ en otros puntos de la localidad y aseguran que están “haciendo reparaciones” porque pretenden quedarse “mucho tiempo”.
• Caso en la avenida Adolfo Suárez - 28 de agosto: Un grupo numeroso de ‘okupas’ se instaló en un complejo de viviendas deteriorado en la avenida Adolfo Suárez, en el barrio del Sagrado Corazón. “Piden dinero por las calles e intimidan a las mujeres”, alertan los vecinos.
··· En Vigo, las zonas más afectadas son Travesía de Vigo, Teis y Calvario, tres importantes focos de ‘okupación’.
• Caso en el centro de Vigo - 27 de agosto: Los ‘okupas’ se adueñan de un edificio de lujo propiedad del banco y sin finalizar en pleno centro. El inmueble, de seis plantas en la Gran Vía fue tomado por una docena de ‘okupas’ que incluso cobran alquiler a personas sin techo.
• Caso en la calle Couto San Honorato - 7 de septiembre: Cinco personas con problemas de drogadicción se instalan en una casa de piedra de la calle Couto San Honorato, asegurando que “viven tranquilos y sin meterse con nadie”. “Vivimos de pedir en la calle y de aparcar coches”.
Santiago. El problema de la okupación en Galicia comienza a ser realmente preocupante, y es que en tiempos de covid, en los que se ha agravado la situación, “hay más de 100 denuncias activas” por allanamientos ilegales de viviendas, tal y como aseguró el pasado lunes la conselleira de Vivenda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez. Esto supone que, en lo que va de año, y a falta todavía de tres meses para acabar el año, nos acercamos a las 145 denuncias tramitadas en 2019.
Este 21 de septiembre, la conselleira recibió a asociaciones de vecinos para escucharles y trasladarles los movimientos de la Xunta ante esta situación. Los representantes de los vecinos señalaron que la problemática “tampoco es que se agravara excesivamente” en los últimos meses, pero que es “preocupante”.
En concreto, en representación de la federación de asociaciones de vecinos de la provincia de Lugo, Jesús Vázquez exigió “un cambio normativo o legislativo” para que este tipo de conductas se tipifiquen como “un delito de allanamiento”, así como una “intervención rápida” y un “endurecimiento claro” de las penas para frenar este tipo de conductas en menor tiempo. Al respecto, lamentó las “actitudes muy violentas” que se vivieron en la ciudad con respecto al desalojo de okupas en la ciudad de las Murallas.
Su homólogo de Ourense, Manuel Mosquera, ha animado a que se “okupen casas de políticos o jueces”, para ver si de este modo hay una actuación por parte de los poderes públicos.
“HAY QUE FRENARLO YA”. Por su parte, la conselleira subrayó en su intervención ante los periodistas que el de la okupación es un “fenómeno que cada vez es mayor” en Galicia, con un aumento “sustancial” de las denuncias este año, si bien precisó que su volumen “dista” con el de la media estatal y que todavía hay propietarios que “prescinden” de interponer demanda por el gasto y “el estrés” que supone. En cualquier caso, destacó que el Gobierno gallego quiere “ponerle coto” y que para eso se dirigió al Ministerio, con el fin de que haya un cambio normativo que la tipifique como delito, ya que “mientras la sanción sea pequeña, poco se podrá hacer”.
Ángeles Vázquez también declaró haber contactado con el delegado del Gobierno para “trabajar de la mano” frente a este asunto y avanzó una reunión en octubre del observatorio de la vivienda.
Tenemos que empezar a frenarlo y a hacerlo desde ya”, incidió, con la vista puesta en que los okupas no se sientan “amparados”.
SERVICIOS SOCIALES Y DEMANDA DE VIVIENDA. Cuestionada por la problemática social asociada a este fenómeno, remitió a las medidas dispuestas por la Xunta, como diferentes bonos para sufragar el alquiler y viviendas de protección, para aseverar que “ni una sola familia que recurriese” a estos mecanismos “puede decir” que el Ejecutivo autonómico no adopta decisiones en este ámbito. Y es que la ley ‘antiokupas’ tiene un apartado específico por el que, en cuanto se formula una demanda, los okupas notificados son derivados a servicios sociales para darles acceso a una vivienda.