La plantilla de Ence despierta en Madrid a la ministra Ribera
El miércoles los recibirá tras la protesta ante la sede de Transición Ecológica // Insiste la pastera en que es inviable la instalación de una nueva planta en otro lugar en Galicia // La CEG insta a tumbar el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático
Lo prometieron el jueves los trabajadores de afiliados a CCOO de Ence en Pontevedra: el viernes la iban a montar en Madrid ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica, y vaya si lo hicieron. Allí, con humo y lazos verdes, reclamaron una solución de futuro, pues si sale adelante la Ley para el Cambio Climático con su artículo 18 tal y como está redactado, la concesión para ocupar su localización actual, en Lourizán, caducará en el ejercicio 2033.
Ante esta cuenta atrás, tocó movilizarse. Tras su acción ante la sede ministerial fueron recibidos por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y tras un “intenso debate”, forzaron que la vicepresidenta cuarta y ministra Teresa Ribera accediese a recibirlos el miércoles de la próxima semana.
Lo reconoció a Europa Press Televisión el trabajador de Ence Antonio Taboada, y habló de una cita “un poco tensa”, pero que fructificó en el encuentro del día 17. En ella le trasladarán a Ribera la “necesidad imperiosa” de realizar cambios en el anteproyecto legislativo, pues “si el artículo 18.4 sigue redactado de la manera actual, no solo Ence perecerá, sino todo el sector forestal de Galicia”.
La protesta se produce en plena polémica después del asalto y encierro de un grupo de empleados de la pastera al concello pontevedrés, lo que provocó que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, tuviese que salir escoltado por la Policía Local mientras era increpado. El regidor aseguró haber pasado “miedo” por su integridad, al tiempo que responsabilizó al PP y a Ence de estar detrás de las movilizaciones.
Desde Santiago, Alberto Núñez Feijóo señalaba en el Congreso de UU.AA. que “hay que preservar la economía que tenemos. No estamos de acuerdo en ningún caso con desmantelar Ence”, proclamó el jefe del Ejecutivo autonómico. “Galicia necesitaría dos pasteras y nos vamos a quedar sin ninguna. No hay ninguna empresa dispuesta a invertir 400 millones para construir una pastera fuera de la ría”, reflexionó, incidiendo en que es preciso construir “nuevas industrias forestales”.
La presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence en Lourizán, Ana Cedeira, comentó el viernes desde Madrid que la fábrica tendría que “cerrar en 2033 si se aprueba el artículo del proyecto de Ley del Cambio Climático”. Sin embargo, recalcó que este cierre sería mucho antes ya que “al ser una empresa que cotiza en bolsa, con un accionariado detrás, lo que harían es cerrar, ya que no tienen una seguridad jurídica, por lo que dejarían de invertir y la empresa cerrará mucho antes de 2033”. Además, afirmó que la propia empresa ya ha comunicado que si la situación no cambia procederían a “un cierre ordenado”.
Cedeira aseguró que con este cierre serían 400 empleados los que perderían su trabajo de forma directa aunque más de 5.000 se verían afectados. También indicó que sería la ruina del sector forestal en Galicia, tras el cierre de otras fábricas, por lo que se agravaría la situación económica de la zona.
Por su parte, José Luis García Pedrosa, secretario de organización de CC.OO. de Pontevedra, comentó el golpe para la “economía de la comarca de Pontevedra”, pues Ence es la principal fábrica de celulosas de Galicia. Comisiones trata de que se modifique ese artículo por medio de “varias enmiendas presentadas” y a través de movilizaciones de manera permanente para que el Gobierno acceda a cambiarlo y “la actividad de Ence no tenga fecha de finalización”.
Por su parte, la empresa emitió un comunicado en el que niega “tajantemente” las acusaciones de “estar promoviendo las protestas realizadas por los trabajadores de la empresa”. Asimismo, la compañía manifiesta su “disposición al diálogo” con las diferentes administraciones junto con los representantes de los trabajadores.
Finalmente, Ence insiste en que “no existe ninguna ubicación alternativa viable desde un punto de vista técnico ni económico” para construir una nueva fábrica de celulosa “en Pontevedra ni en toda la comunidad gallega”. Supondría más de setecientos millones de euros de inversión y nunca encontrarían una ubicación tan idónea como la que ocupan actualmente en Lourizán, como constata un informe técnico realizado por la consultora independiente Idom.
Postura patronal
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) instaba a la supresión del artículo 18 de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, en tramitación parlamentaria, o en su caso a su modificación, eliminando la inseguridad jurídica y la falta de estabilidad que de otro modo generará a las empresas gallegas del sector Mar-Industria, ya que si se aprobara en los términos propuestos modificaría la Ley de Costas y podría obligar al cierre de numerosas instalaciones y a la pérdida de miles de empleos.
La patronal gallega considera que es necesario unir esfuerzos para defender desde Galicia un sector estratégico para la comunidad autónoma –cuenta con 4.000 empresas y 37.000 empleos–, seriamente amenazado por la iniciativa legislativa y que puede dar lugar a la deslocalización de actividades.
Igualmente, en la línea de la iniciativa aprobada por el Parlamento de Galicia recientemente, la CEG considera necesario que la comunidad gallega sea competente para la gestión del dominio público marítimo terrestre, dadas las particularidades y necesidades específicas del territorio en esta materia. De esta forma, la comunidad gallega podría gestionar las autorizaciones y concesiones en el dominio marítimo-terrestre, que afecte a numerosas industrias a lo largo de los más de 2.000 kilómetros de costa, afectados ahora potencialmente por la nueva disposición en tramitación.
Para el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se trató de un “ataque amparado y organizado por el PP y la dirección” de Ence el que sufrió el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, el pasado jueves por parte de trabajadores de la pastera. El diputado nacionalista Luís Bará pedía a populares –también al mismísimo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo– y a empresa una condena rotunda y que se abandone “la radicalización, las barricadas y a Ence-Borroka”. También lo hacía el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, que mostró su “solidaridad” a su compañero de partido y regidor, del que también ha alabado su “firmeza” en la defensa de que la compañía abandone la ría y esta quede “saneada”.
Así, aunque dijo “entender” la preocupación de los empleados de la fábrica por sus puestos laborales, defendió que la vía es la del “diálogo”, como defiende “la mayoría” de sindicatos con representación en el comité de empresa, para que Ence desarrolle su actividad fuera de la ría. “Lamentablemente, CC.OO. se convirtió en la punta de lanza de la estrategia mafiosa y chantajista del PP, del capital y de la pastera, pero que tengan claro que al BNG nunca lo van a doblegar”, sentenció Rego.
Y es que para el Bloque, la concesión de los terrenos para la pastera en Lourizán –en discusión en la Audiencia Nacional por la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016– es una cuestión “diferente” a la cadena mar-industria, en nombre de la cuál el viernes interpeló Rego a PSOE y Unidas Podemos para que “busquen una solución por la vía de la transacción”, durante la tramitación de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de modo que se blinden las concesiones en dominio público marítimo-terrestre a actividades de esas empresas ligadas a la industria marina, donde no incluye a la planta de celulosa.
En concreto, el diputado nacionalista se ha referido al polémico artículo 18 de esta normativa, que reafirma el límite de 75 años de las concesiones en la línea de costa –a contar desde su otorgamiento– y establece que serán nulas todas las prórrogas que superen este plazo máximo.
En este contexto, Néstor Rego apuesta por que “se suprima o se modifique” este artículo para que especifique que quedan excluídas todas las actividades “que necesiten tener acceso al agua”, como depuradoras de mariscos y conserveras, ya que “tienen que estar en el litoral y son respetuosas con el medio ambiente”. No obstante, recalcó que esta petición no incluye a la planta de Ence en Pontevedra, que “tiene que salir de la ría”.
En lo relativo al polémico artículo 18, Néstor Rego lamenta que un texto que podía ser “íntegramente positivo”, pueda tener impacto “sobre una multitud de actividades económicas” en la costa gallega “vinculadas al sector pesquero y marisquero”, que además “generan miles de puestos de trabajo”.
Por eso, ha explicado que el BNG presentó una enmienda “de supresión” de este precepto, pero también solicita que “esclarezca cuáles son las actividades que pueden estar en dominio público marítimo-terrestre y cuáles no”. Sin embargo, durante la ponencia de la ley, las formaciones participantes rechazaron las enmiendas y confirmaron la redacción del artículo 18 con el voto favorable del Grupo Plural, del que forma parte el BNG junto a partidos de diverso espectro político como Junts, Más País, Compromís, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y PRC.
Eso sí, el Bloque no participa en la ponencia por parte de este grupo. Por eso, Rego quiso aclarar “la mentira que divulgó el PP interesadamente” al decir que los nacionalistas habían dado su ‘sí’ al artículo 18 de la Ley de Cambio Climático. “Difícilmente el BNG pudo votar en un sentido u otro en la ponencia cuando no tenemos presencia en esa ponencia”, explicó.
El secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, culpó a PSOE y BNG de ser “responsables” del “ataque a las industrias” gallegas situadas en la línea de costa si finalmente sale aprobada en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En una rueda de prensa ofrecida el viernes, el número dos de los populares gallegos volvió a alertar contra el artículo 18 de este texto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que reafirma el límite de 75 años para las concesiones en dominio público marítimo-terrestre y hace nulos los actos administrativos que prorroguen este plazo máximo.
“No hay ecología posible destruyendo miles de puestos de trabajo como pretenden los socialistas”, aseguró Tellado, quien lamentó que esto vaya a afectar a “cientos” de compañías de la cadena mar-industria que van a ver “cómo sus concesiones se reducen en más de 40 años”. “Es una llamada directa a la deslocalización de empresas y a una desinversión en Galicia”, insistió.
En lo que respecta al BNG, Miguel Tellado lamentó que el Grupo Plural –al que pertenecen los nacionalistas gallegos, junto a Junts, Más País, Compromís, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y PRC– votase a favor del mencionado artículo 18 durante la ponencia que elabora el texto final de la ley debido a las “presiones” del PSOE.
Para el secretario general de los populares gallegos, el Bloque está “completamente sometido” no solo a Pedro Sánchez, sino también “a Teruel Existe o a Íñigo Errejón”, líder de Más País. Además, ha tachado de “tremendamente lamentable” que “el futuro de la cadena mar-industria” de Galicia se decida “desde el Paseo de la Castellana”. “Qué bajo ha caído el BNG desde que lo dirige Ana Pontón”, apostilló.
En cualquier caso, Tellado garantizó que el PP de Galicia no se da “por vencido” y volverá a presentar “una enmienda transaccional” con la que el BNG “va a tener una nueva oportunidad para corregir sus propios errores e impedir que esta ley sea aprobada con esa redacción tan lesiva para la industria” de la comunidad. “Lamentablemente, no creemos que en el BNG vayan a aprovechar esta oportunidad para rectificar y defender los intereses de los gallegos, más allá de que no pinten nada en Madrid como ya nos han demostrado: son los ‘pagafantas’ de Pedro Sánchez”, esgrimió.
Asimismo, el secretario general de los populares gallegos afirmó que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética “encaja peligrosamente con el discurso anti Ence que el BNG lleva defendiendo tantos años en el Ayuntamiento de Pontevedra y en Galicia”. En este contexto, un día después del altercado sufrido por el alcalde pontevedrés, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, por parte de trabajadores de la pastera en Lourizán, Tellado ha dicho que el PPdeG condena “todo tipo de violencia, sin ningún tipo de excusas”. Aunque dijo “compartir la situación desesperada” de la compañía y sus empleados, considera que “eso no puede justificar la violencia física ni verbal de una minoría”.
“Los trabajadores de Ence quieren conservar sus empleos. Nosotros compartimos esa reivindicación y lamentamos la insensibilidad de Ana Pontón, que lleva 20 años pisando la moqueta del Parlamento de Galicia, y del alcalde Lores, que espera a la jubilación sentado en la silla de su despacho”, añadió.
De todo esto se ha servido Tellado para criticar la “doble vara de medir” que tiene el Bloque, ya que le parecen “terribles” las manifestaciones de los trabajadores de Ence cuando “hace una semana aplaudía las manifestaciones violentas en las calles” contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.
También desde Pontevedra el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez, rechazaba las manifestaciones del alcalde Fernández Lores. “Es absolutamente falso. Ni el Partido Popular ni Rafa Domínguez han instigado o instigarán ningún tipo de violencia”, afirmó.
Detrás de una pancarta con el logo del Partido Popular en la que se leía ‘Ence non se pecha. BNG y PSOE culpables. En defensa do traballo dos nosos veciños’ comparecían los portavoces del PP de Pontevedra y Poio, Rafa Domínguez y Ángel Moldes; el portavoz del grupo provincial, Jorge Cubela, y el diputado nacional, Diego Gago. Anunciaban la presentación de mociones en la Diputación de Pontevedra para reclamar la modificación de la Ley de Cambio Climático y reiteraban la enmienda explicada por Tellado. “Ence no se va. A Ence la echan”, insistían.
El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, exhortó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a buscar alternativas para que la planta de Ence de fabricación de pasta de celulosa situada en la ría de Pontevedra cambie de ubicación antes de 2033. En su intervención ante el congreso del sindicato agrario UU.AA., Caballero afirmó que la extensión de la concesión a Ence por parte del Gobierno presidido por Mariano Rajoy se encuentra en la vía judicial y aseguró que el PSdeG desea que la fábrica permanezca en Galicia, pero no en la ubicación actual “a medio o largo plazo”.
Precisó que Feijóo, que tiene competencias en materia de política industrial, debe “buscar lugar” así como “inversiones” para “optar a distintas vías” alternativas.
“Hasta 2033 hay vías para que la planta pueda seguir en funcionamiento”, afirmó el líder de los socialistas gallegos, y añadió que en caso de que los tribunales consideren que a partir de esa fecha la actual fábrica “no puede seguir operando en la ría de Pontevedra, tenemos hasta ese año para redefinir el futuro y buscar” otra ubicación “con las inversiones de la compañía”.
Previamente, en declaraciones a un grupo de periodistas, Caballero señaló que el Gobierno central prevé constituir una “mesa” para negociar la futura ubicación de la planta y reprochó a Feijóo que esté “ausente” de promover una “política industrial” en Galicia.
El dirigente del PSdeG opinó que Ence no debería permanecer en el futuro en la ría de Pontevedra, donde tiene un “rechazo social inmenso” de la población local, además de considerar que invade el espacio marítimo-terrestre.
También emplazó a Feijóo y a la Xunta a “dejar de ser un paraguas de ciertas actividades de extorsión y presión contra el Gobierno de España, y de actividades violentas”, como las registradas por trabajadores de Ence ante el Ayuntamiento de Pontevedra contra el alcalde.