La policía encaja las últimas piezas del puzzle en el ‘crimen del garaje’ de Vigo
Agentes de la Brigada Central de Homicidios revisan el asesinato de Manuel Salgado en 2004// Tras analizar indicios e interrogar a testigos esperan cerrar la investigación con pruebas para hacer Justicia
El objetivo es reunir indicios suficientes para inculpar a los principales sospechosos, los instigadores y el autor, del crimen de Manuel Salgado Fernández, asesinado de un certero disparo en la cabeza el 2 de abril de 2004 en un garaje de la céntrica calle Rosalía de Castro de Vigo. Los agentes de un equipo de la Brigada Central de Homicidios, desplazado desde Madrid llevan algo un mes realizando una profunda investigación, tras la decisión del juzgado de reabrir el caso, para conseguir hacer justicia de un crimen que hasta hora quedó impune.
Los agentes de este grupo de élite de la Policía Nacional en una primera fase realizaron un detallado análisis del atestado que se abrió en su día revisando las declaraciones efectuadas por los testigos que figuran en la causa, tras eso acudieron incluso al lugar de los hechos, buscaron en los archivos y se entrevistaron con varias personas relacionadas con el caso.
Incluso tomaron declaración en sede policial a personas vinculadas con el fallecido (entre ellos varios familiares) y con las personas que desde el primer momento fueron consideradas como sospechosas principales de este asesinato. Aunque disponen de plazo, de acuerdo con el auto de reapertura ordenado por el juez Juan Carlos Carballal, titular del juzgado de instrucción número 4 de Vigo, es muy posible que antes de que acabe abril o principios de mayo hallan concluido la última fase de investigación.
Las cosas están bastante claras y los agentes solo esperan que las piezas del puzzle acaben por encajar, bien por que alguno de los testigos modifiquen sus declaraciones iniciales o se desmoronen los pilares sobre los que se asentaron las coartadas de algunos.
Y es que aquí no se barajan otras posibilidades más que la presencia de un sicario que acabó con la vida de Manuel Salgado por encargo o alguien muy conocido por el fallecido realizó él mismo la tarea.
Con esa hipótesis iniciaron sus trabajos los miembros de la Brigada Central de Homicidios y se trata de perfilar los últimos detalles para poder llamar a declarar a los dos principales sospechosos, Marisol Pombo, la exmujer de Manuel Salgado, y Jaime G. Sarandón, quien por aquellas fechas era su pareja. Ellos aún no declararon en esta nueva fase de pesquisas pero no tardarán en hacerlo... si aparecen pruebas o indicios para que eso suceda.
El móvil está claro: un crimen por motivos económicos y ellos dos eran los únicos que se beneficiaron de la muerte de Manuel Salgado. Eso sí que no varía nada con respecto a lo investigado hace 18 años.
RELATO DE LOS HECHOS. “El homicidio de Manuel Salgado requirió que los autores tuvieran conocimiento completo y exacto de los movimientos y horarios de la víctima, tanto por el lugar en que fue asesinado, como por la franja horaria en la que se produjo el hecho”. El atestado inicial que los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Vigo fue tan claro como rotundo: a Manuel Salgado Fernández, 56 años el 2 de abril de 2004, le asesinaron en el garaje donde guardaba su coche personas que conocían al dedillo sus rutinas. Alguien le estaba esperando, se acercó por detrás y le pegó a bocajarro dos tiros en la cabeza. A pesar de tratarse de un arma pequeña, las balas eran del calibre 22, la corta distancia desde donde lo hicieron lo mató en el acto.
En el mismo lugar del crimen, tras descubrirse el cadáver, los agentes constataron que no era la primera vez que alguien lo intentaba; el encargado del local les entregó un casquillo idéntico que halló allí mismo dos días antes. Estaba percutido pero por alguna razón no llegó a dispararse.
Las declaraciones iniciales de familiares, amigos y compañeros de trabajo de Manuel Salgado añadieron piezas al puzzle, al menos eso pensaron los policías, que estaban encajando. Uno de ellos dijo que Manuel le había confesado semanas antes que “mi vida tiene fecha de caducidad, como los yogures” y un compañero de trabajo fue más lejos cuando señaló en la dirección que todos imaginaban: “Salgado me dijo que sentía que le estaban vigilando, que su exmujer no pararía hasta completar su amenaza: Te quité todo pero no pararé hasta acabar contigo... verte bajo tierra”.
Un repaso a los archivos dejaba claro que había una persona que iba a beneficiarse con la muerte del hombre que había fundado el conocido Colegio Lar de Vigo, lo encumbró hasta situarlo entre los mejores de Galicia y acabó perdiéndolo todo tras una separación traumática con su exesposa, Marisol Pombo, quien se quedó al frente de la institución y de la importante cantidad de dinero que acumulara en los años previos. Pero aún había algo más, contra la nueva pareja de la mujer, Jaime G. Sarandón, Salgado tenía presentadas en Comisaría varias denuncias por amenazas.
Incluso Marisol estaba pendiente de que su exmarido validase la petición de indulto por una condena de dos años de cárcel que le impuso un juzgado por intromisión ilegítima tras haber contratado a un detective para espiarlo.
Todo parecía tan evidente que los dos fueron detenidos e imputados en la causa. Pero los agentes no consiguieron reunir pruebas sólidas, solo indicios, de su relación con el caso y Marisol y Jaime tenían una coartada que nadie fue capaz de desmontar.
Una parte de la familia de Manuel Salgado (los hijos del matrimonio tomaron partido por la madre tras la separación y ahora están al frente del colegio) pretenden que su muerte no quede en el olvido y aparezcan los culpables. Siguiendo la estela de la hermana y los padres de Déborah Fernández (otro crimen sin resolver) lucharon hasta lograr reactivar el proceso para que se encuentre a los culpables.
El juzgado de Vigo que instruyó el caso ya decidió revisar el sumario y la policía reabrió sus carpetas olvidadas en los archivos para tirar de algún hilo que permita localizar pruebas y aclarar un asesinato con ingredientes propios de un crimen por encargo. El objetivo es aclarar quién apretó el gatillo y quién dio la orden de hacerlo.
Mientras eso ocurre conviene no olvidar que en el juicio celebrado en Vigo con Marisol Pombo como acusada de haberse apropiado de los bienes de su exmarido, celebrado a instancias de una hermana y los sobrinos de Manuel Salgado, un abogado llegó a decir que “el dinero es lo de menos, se la jugaron sentimentalmente, se la jugaron personalmente, se la jugaron laboralmente y al final le pegaron un tiro”.
La muerte de la joven Déborah Fernández-Cervera es el otro gran crimen no resulto en el área de influencia de Vigo. Ocurrió el 30 de abril de 2002 y apenas quedan diez días para que el asunto prescriba judicialmente al cumplirse los veinte años de los hechos. Hay una excepción, una vez completado el plazo solo podrá investigarse al que la familia de la chica considera como el principal sospechoso, un exnovio que fue llamado a declarar recientemente y que, por lo tanto, paralizó el plazo de prescripción sobre su persona.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, el cadáver de Déborah apareció en la cuneta de una carretera en esa jurisdicción judicial, acaba de dictar una providencia en la que pide “máxima celeridad” a los diferentes organismos que todavía están investigando aspectos relacionados con este asunto.
Entre las pruebas que todavía faltan por llegar al juzgado se encuentran muestras biológicas para analizar en el Instituto Nacional de Toxicología y más concretamente el rastro genético que se localizó en las uñas del cadáver de Déborah cuando fue exhumado y que, según datos que trascendieron de la investigación, corresponderían a “ un varón caucásico”. Toxicología cuenta con una treintena de muestras extraídas a personas del entorno de la joven para su cotejo con las halladas, aunque se desconoce si el sospechoso accedió voluntariamente, o fue obligado por la jueza, a dar las suyas.
Pendiente está también el análisis encargado a la empresa Lazarus Technology, la misma que recuperó los datos del móvil de Diana Quer, que estaba intentando recuperar los correos electrónicos que Déborah mantuvo en las fechas anteriores a su desaparición y muerte por si arrojan alguna luz sobre el crimen.
Esto ocurre prácticamente un mes después de que por primera vez el único investigado en relación con la desaparición y muerte de la joven viguesa declarase en el juzgado. Pablo P.S-L., que fue novio de la víctima, declaró en marzo por primera vez en 20 años y defendió su inocencia, negando haber estado con ella el día que desapareció.
El abogado de la familia de Déborah, Ramón Amoedo, aseguró que el testimonio del investigado no contribuyó a arrojar luz sobre los hechos, aunque dejó patentes nuevas contradicciones. De hecho, el letrado recordó que el exnovio de Déborah sí prestó declaración en varias ocasiones en sede policial y que cada relato “era diferente al anterior”. Su declaración en el juzgado fue “un poco distinta a las demás”.
Déborah Fernández-Cervera desapareció en 2002, cuando tenía 21 años de edad, después de salir de su casa en Vigo para hacer deporte. Su cadáver fue localizado diez días después, rodeado de pistas falsas, en una cuneta de O Rosal (Pontevedra), y nunca hubo nadie detenido ni formalmente investigado, hasta ahora, por este crimen.
Teresa Troncoso fue vista por última vez con vida en Vigo el 8 de noviembre de 2009. Esa mujer natural de Nigrán estaba con el que había sido su pareja, un hombre de Cabanas al que conociera en Ares, donde habían residido un tiempo y donde nació la niña que tenían en común. Su cadáver apareció en aguas de Ferrolterra pero nadie sabe si hasta allí viajó viva o ya lo hizo muerta.
Nada se supo de ella desde su desaparición hasta que a finales de enero de 2009 un pesquero de Ares localizó entre sus redes el cuerpo sin vida de una mujer. Además del efecto del agua y la acción de los peces sobre el cadáver eran evidentes una docena de puñaladas. Teresa Troncoso había sido brutalmente asesinada y su cuerpo, atado a unas piedras, fue arrojado al mar desde una embarcación en la ría ferrolana. Aún llevaba puesto un colgante de oro con su nombre que sirvió para identificar aquel cadáver, antes de la confirmación por el ADN.
El primer sospechoso fue precisamente su expareja, el hombre con el que la habían visto por última vez. Él se defendió y argumentó que la llevó desde Vigo hasta A Coruña porque ella se lo pidió, que la dejó en la ciudad herculina y que no volvió a saber nada de ella hasta que le dijeron que había aparecido su cuerpo en las redes de un pesquero cerca del lugar en el que habían vivido.
Fue detenido y pasó ocho meses encarcelado pero al final salió por falta de pruebas: nunca se localizó ADN de Teresa en la lancha en la que, según sospechaba la Guardia Civil, se había llevado su cadáver para arrojarlo en la ría. Aunque nunca hubo denuncias en la familia de ella, y entre los vecinos de la pareja, siempre se sospechó que él la maltrataba y que le hizo la vida im posible tras la separación. Todo apuntaba en la misma dirección pero nada era lo suficientemente sólido.
Otro de los crímenes perfectos que reúne todas las carecterísticas de un crimen por encargo relacionado con el área de Vigo fue el de María Elena Calzadilla. Ocurrió el 5 de diciembre de 2005 y desde el minuto uno en el que se descartó el móvil del robo todas las miradas policiales lo encuadraron en las carpeta de “por motivos pasionales”.
Esta azafata viguesa se desplazó en la mañana de ese día hasta Porto do Son donde la familia se había comprado un chalé como sewgunda residencia para pasar las vacaciones. Iba a buscar ropa de verano ya que en ese puente de la Constitución tenía previsto realizar un viaje con una reserva en Tenerife.
Alguien de su entorno conocía al dedillo todos los detalles, tanto del lugar como de los movimientos de Elena: sabía que ella llegaría allí en una hora determinada y su asesino la esperaba dentro de la casa, a la que según todos los indicios accedió con unas llaves, para acabar con su vida a golpes. Rápido y contundente, teledirigido y sin dejar ni un rastro. Nunca apareció el arma y los investigadores sólo localizaron pequeños restos que no estarían relacionados con el crimen. Nada conclu- yente: ni siquiera entre los cristales rotos de una ventana para simular que había entrado un ladrón que no se llevó nada de valor.
Fue su marido quien localizó el cadáver. Como no regresaba se desplazó de Vigo a Porto do Son a buscarla. Fue el primer sospechoso pero tenía una coartada bastante buena: fue visto haciendo gestiones en varios bancos y a la hora del asesinato era multado por un agente de la Policía Local de Vigo.
Fue interrogado pero se mantuvo firme en sus declaraciones y no había nada que lo señalara ni que validara las sospechas policiales. Tres años después el marido y uno de sus hermanos fueron detenidos acusados de la muerte de Elena Calzadilla. Sospechaban que el esposo, estaban en trámites de divorcio, lo organizó en colaboración con su pariente pero no hubo forma de que las sospechas cuajaran en pruebas concluyentes y el juez tuvo que dejarlos en libertad, primero en condición de imputados y meses más tarde, libres de todo. Y otro asesino sigue suelto.
Algo ocurrió en el interior de un coche, que circulaba de Vigo a Barbate-Cádiz, en un tramo de la A-52 entre O Porriño y A Cañiza en la mañana del 1 de abril de 2008. La viguesa Ana María Fernández, otra mujer de la que nunca más nada se supo, viajaba en ese vehículo con su marido y un hijo de diez años.
Habían estado unos días en la ciudad olívica visitando a los padres de ella que sufrieran un accidente de tráfico y cuando volvían a su lugar de residencia hubo una fuerte discusión (reconocida por el hombre) por motivos familiares. Para que el pequeño no viera la disputa decidieron bajar y se adentraron en una zona boscosa. Al automóvil ya solo regresó el padre y reanudó viaje con su hijo hacia la localidad gaditana.
No fue hasta un mes después cuando el marido decidió denunciar su desaparición asegurando que la mujer se había ido andando hacia el domicilio de sus padres en Vigo y él pensaba que estuvo allí todo el tiempo.
El juzgado de Violencia de Género abrió una causa en la que el hombre llegó a declarar como investigado, pero acabó archivándose: él siempre negó haber tenido nada que ver con su desaparición. Insistía una y otra vez en que discutieron y que ella se fue.
Sostuvo que Ana María Fernández había tenido problemas y desavenencias con sus hermanos durante aquel periodo por lo que habían decidido regresar a Barbate. Sobre la discusión argumentó que en el trayecto la mujer se arrepintió y quería volver con sus padres y que él trato de convencerla.
El hombre justificó el retraso en denunciar la desaparición y llegó a dar varias versiones sobre el punto en el que se bajó del coche, el lugar donde se adentraron y hasta rectificó los motivos de la discusión. Contradicciones que no fueron consideradas suficientes para procesarlo por lo que la justicia lo dejó en libertad: no existía cuerpo del delito.
Las crónicas de la época contaban que María Victoria Méndez y Francisco Fernández Golpe, ambos de 37 años, tenían previsto viajar el 3 de diciembre de 2004 al Pirineo oscense a pasar el puente de la Constitución con unos amigos. Habían preparado las maletas y tenían todo listo en casa para irse pero nunca regresaron a por ellas. Salieron en su coche a hacer alguna gestión y se les perdió por completo de vista.
Tres días después de que sus familiares pusiera una denuncia en Comisaría al no saber nada de ellos, la Guardia Civil recibió una notificación de que apareciera un coche calcinado en un zona boscosa del monte de A Risca, en la parroquia de Santa María en Porriño. Cuando llegó una patrulla de agentes descubrieron que se trataba del Volkswagen Golf de la pareja.
En su interior, apenas quedaban rastro de los desaparecidos pero sí varios impactos de bala, que hacían sospechar desde un primer momento un trágico destino para Francisco y Victoria, o sus cadáveres estaban completamente calcinados y no quedaron rastros o se los había tragado la tierra: se movieron toneladas en las inmediaciones en búsqueda de restos pero no se hallaron.
Lo que sí localizaron los agentes en el domicilio fueron 700.000 euros, algo que sorprendió mucho.
Tres años después la policía detuvo a cinco individuos que tuvieron negocios relacionado con drogas con la pareja. Había indicios pero no pruebas y alguna indiscreción fue decisivo para su puesta en libertad sin cargos.