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La realidad de los antidisturbios en Galicia: pocos para tanta actividad

Según fuentes internas los grupos se componen por aproximadamente 38 personas cuando la normativa indica que debería haber 50 // Ellos operan también fuera de nuestra comunidad

Finales de Champions, visitas protagonizadas por la reina, dispositivos antiterroristas, juicios mediáticos, manifestaciones violentas o registros in extremis. Los antidisturbios gallegos son todoterrenos. Se mueven por zonas pantanosas. Muchas. Como los coches. Vital tener recambios suficientes. Sin embargo, su elemento principal en este caso, los trabajadores que garantizan la seguridad pública, brillan por su ausencia.

La VIII Unidad de Intervención Policial se encarga de Galicia. Según fuentes internas, actualmente está conformada por cinco grupos, de los cuales tres están en A Coruña, sede de este equipo y otros dos en Vigo. Estos cuentan con aproximadamente 38 funcionarios (como mucho), conforme a sus declaraciones, cuando la normativa impone que debe haber 50 en cada uno de ellos.

De esa cantidad exigida, manifiesta un antidisturbios, cada grupo se compondría por un inspector, tres subinspectores, siete oficiales y 39 policías, que viajarían a cada operativo repartidos en siete furgones.

La primera, donde va el inspector junto a uno de los oficiales y tres subordinados, denominado equipo de mando; y otras seis en las que se desplazan los tres subgrupos de la unidad, que constan de un subinspector, dos oficiales y 12 policías.

En total serían cuatro equipos, tres compuestos por 15 funcionarios y un último solo con cinco. Eso hipotéticamente, ya que ninguna UIP gallega tiene los efectivos exigidos, en vista de los testigos consultados.

OPERATIVOS: DEL JUiCIO DE EL CHICLE HASTA LA FINAL DE LA CHAMPIOnS LEAGUE. La acción de los antidisturbios gallegos se extiende más allá de los conflictos que asolan a nuestra comunidad, todos los años la VIII Unidad de Intervención Policial se desplaza a distintos puntos de la geografía española para garantizar la seguridad pública.

Solo durante el pasado 2019, este cuerpo realizó dispositivos antiterroristas en la capital, concretamente en la estación de Atocha y el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suarez. También en la frontera de la ciudad autónoma de Ceuta.

En Cataluña prestaron sus servicios durante la Operación Ícaro, asegurando el orden público que alteraron determinados grupos radicales independentistas, o en el Tribunal Supremo, cuando fue el juicio de los integrantes del procés.

A nivel judicial, los grupos estuvieron además en el pleito contra el rey de los gitanos, o el Chicle por el asesinato de Diana Quer.

Otras paradas obligatorias fueron la cumbre climática celebrada en Madrid y numerosos eventos deportivos, especialmente partidos de fútbol, como la final de la Champions que acogió el Wanda Metropolitano, donde lo dieron todo Liverpool y Tottenham, o la disputa por la Copa del Rey en el Benito Villamarín, entre Valencia y Barcelona.

En Galicia, prestaron su labor en la Fiesta del Apóstol que festeja Santiago de Compostela y otra serie de manifestaciones o concentraciones donde se vio necesaria su presencia.

Este año, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la UIP gallega ha realizado controles para asegurar que la población respetase las normas implantadas durante el estado de alarma en el país.

Dentro de la comunidad, las dos intervenciones más destacadas hasta el momento fueron el dispositivo que llevaron a cabo con motivo de la visita de la reina, doña Sofía, así como dos entradas y registros en viviendas de Pontevedra y Vigo.

SIN RESPUESTA AúN A LA PETICIÓN DEL SUP: el apoyo de la octava en EL XACOBEO. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) solicitó, el pasado 15 de octubre, la presencia de la VIII UIP en Santiago, durante el próximo año, ante la inminente llegada del Xacobeo.

Desde este colectivo ven necesario que esta sea comisionada a lo largo de la celebración y duración del mismo porque la unidad mantiene en Galicia su ámbito preferente de actuación, llegando incluso a extender este periodo hasta junio de 2022 en función de su transcurso.

Uno de los principales motivos de la petición radica en que todavía se mantiene el estado de alerta terrorista con nivel 4. Asimismo, la Catedral compostelana es uno de los lugares amenazados y considerados “prioritarios” por los yihadistas en vídeos difundidos los últimos años.

Estas llamadas intimidantes que promueven hacer atrocidades por sus fieles “conlleva realizar dichas tareas para mantener la Seguridad Ciudadana de los peregrinos que visiten la ciudad y de los ciudadanos que residen en la misma”, manifiesta el SUP en su petición.

Todo ello, con el objetivo de poder actuar de manera rápida y eficaz en su tarea de erradicar cualquier clase de riesgo que se presente por “afines a esas ideologías”.

En este sentido, debido a la epidemia mundial de la covid-19 y ante la visita masiva de turistas, el SUP considera aún más necesario que la octava Unidad de Intervención Policial sea comisionada a Santiago para garantizar la salud pública y actuar si se diese algún foco a fin de evitar la propagación del virus y proteger o aislar a cualquier persona que manifieste o presente sintomatologías compatible con este.

Además, esta gran afluencia hace vital “reforzar policialmente con dicha unidad” para “mantener la seguridad” de todos los viandantes, así como “poder reducir y evitar” que se produzcan numerosos robos u otros hechos delictivos en la ciudad.

La solicitud, remitida hace dos semanas a la Delegación del Gobierno de Galicia, todavía no ha sido contestada, dejando en vilo hasta ahora el futuro del Xacobeo 2021, así como la seguridad y control del evento.

HERMETISMO EN LA JEFATURA SUPERIOR DE GALICIA. Ante la petición de estadísticas y la citación para entrevistar al comisario de la Jefatura Superior de Galicia, José Luis Laxeiro, el departamento de prensa del organismo público notificó a El CORREO GALLEGO que en estos momentos cualquier clase de comunicación se está declinando, sin saber los motivos exactos ni cuándo se podrá obtener más información relacionada con la VIII Unidad de Intervención Policial y su actividad.

En este sentido, los trabajadores también requieren que se rellenen los grupos como corresponden (50 funcionarios), ya que “solo hay sobre 30 por cada uno de ellos”.

En la Operación Ícaro, según manifestaron, faltaba regulación, lo cual hizo que algunos funcionarios llegasen a trabajar seis días seguidos.

Asimismo, el SUP demanda que los domingos cuenten como un servicio y medio trabajado, más organización y acatar el ámbito de actuación para facilitar la conciliación familiar, puesto que en ocasiones “no se respeta” el horario establecido.

Finalmente, entre otras cuestiones, el SUP ruega aumentar el Complemento Específico Singular (CES) de los profesionales de la UIP, cuya subida ha sido mayor en otros cuerpos; contabilizar los días de vacaciones como una jornada laboral; actualizar las dietas de alojamiento y manutención, anticuadas debido al encarecimiento del nivel de vida; y quitar los dos meses de antelación para pedir descansos vacacionales o coger días de asuntos propios.

El SUP demanda requisitos vitales para garantizar una adecuada calidad laboral en las UIP
Denuncian furgonetas con fallos, ausencia de test PCR, mascarillas y chalecos para cada uno, o uniformes rotos

Santiago. Desde el Sindicato Unificado de Policía exigen que se aborden las deficiencias concernientes a las Unidades de Intervención Policial: una serie de carencias y necesidades todavía patentes relacionadas con equipos deteriorados, falta de efectivos, uniformes desgastados, recompensas salariales o jornadas de descanso, entre muchas otras.

Solicitan, conforme a sus declaraciones, pruebas PCR antes y después de los operativos y dos mascarillas por turno, puesto que cada una dura más o menos cuatro horas.

Del mismo modo, la agrupación ve “ imprescindible que cada funcionario tenga su chaleco antibalas de dotación individual”, así como renovar la uniformidad “peor que la anterior” y que “se rompe con bastante facilidad”, haciendo que el propio funcionario tenga que arreglárselas elo o no le quede otra que portar “la misma deteriorada, dando una imagen que no es acorde”.

También ven necesario un cambio de ciertas furgonetas. “Una gran parte del tiempo están en el taller y en más de una ocasión se ven averiadas”, apunta un profesional, destacando además la importancia de dotarles de telepeajes para moverse por todo el territorio nacional y no “ser blancos fáciles” mientras permanecen parados para pagar.

A nivel organizativo, el colectivo reclama un reajuste en los cuadrantes, estructurados en ciclos de 28 días, donde actualmente prestan 18 servicios, frente a otras unidades que hacen “bastantes menos horas”.

Las Unidades de Intervención Policial: 30 años asegurando el orden y la seguridad estatal
Estos profesionales deben pasar diferentes exámenes cada bienio para demostrar todas sus capacidades

Santiago. Compromiso, esfuerzo y continua actualización. Tres adjetivos que definen a la perfección la actividad de los antidisturbios desde su constitución y puesta en marcha, hace ya 30 años, con el objetivo de defender el orden público.

Las Unidades de Intervención Policial (UIP) nacen el 29 de diciembre de 1989, sustituyendo a las antiguas Compañías de Reserva General, cuya gran cantidad y poca funcionalidad (además de los excesivos gastos de desplazamientos y la escasa rentabilidad), entre otras cuestiones, evidenciaban la necesidad de un cambio organizativo.

Por ello, mediante el Real Decreto 1668/1989, se crean en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) estos equipos, configurados como órganos móviles orientados a operar en todo el territorio nacional, principalmente en los supuestos de prevención, peligro inminente y alteración de la seguridad ciudadana.

Dichas unidades se harían efectivas al año siguiente, mediante la Orden de 15 de febrero de 1990 por la que se desarrolla la legislación anterior y se establecen las especialidades de su régimen.

SU MISIÓN. Las Unidades de Intervención Policial (UIP) tienen siete objetivos; colaborar en la protección de los reyes de España y las altas personalidades, ya sean nacionales o extranjeras; prevenir, mantener y restablecer, en su caso, la seguridad civil; actuar y auxiliar en casos de graves calamidades o catástrofes públicas; proteger lugares e instalaciones específicos; e intervenir en situaciones peligrosas.

También se encargan de proceder en situaciones de alerta policial declarada, ya sea por la comisión de delitos de carácter terrorista o delincuencia común; establecer controles y otros tipos de dispositivos; e intervenir en grandes concentraciones de masas, englobando estas a las reuniones en lugares públicos, los espectáculos o las manifestaciones. Quizás la más polémica durante los últimos años.

RANGO DE ACTUACIÓN. Además de la Octava Unidad de Intervención Policial, referente a Galicia, se crea otra central, con sede en la capital y 10 más distribuidas por toda España con bases en Madrid (primera), Barcelona (segunda), Valencia (tercera), Sevilla (cuarta), Granada y Málaga (quinta), Pamplona y Bilbao (sexta), Valladolid (séptima), Oviedo (novena), Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (décima), y Zaragoza (undécima).

Cada una tiene su respectivo ámbito de actuación, enfocándose generalmente en las provincias de las distintas comunidades autónomas donde radican sus asentamientos, pudiendo ejercer su cometido asimismo en otras regiones cercanas, siempre que estén asignadas.

selección. Para acceder a una de estas Unidades de Intervención Policial, los agentes deben superar un conjunto de pruebas selectivas que, una vez aprobadas, permiten realizar un curso coordinado por la Dirección General de la Policía (DGP). En este sentido, los programas se dirigen a tres niveles de funciones; dirección y mando para comisarios e inspectores (también jefe); coordinación y mando de subgrupos para subinspectores; y ejecución para Oficiales de Policía y miembros de este cuerpo.

constancia. Quienes acceden voluntariamente a las UIP asumen el compromiso de permanecer en esta durante un periodo de tres años seguidos. Una vez transcurre este tiempo, todos los miembros deben pasar nuevamente los ejercicios (en el caso de querer continuar), evaluándose de diversos aspectos y reafirmando su pacto de mantenerse en el cuerpo, sucesivamente cada dos años.

En 2002 se reguló el contenido de estas últimas, mediante la resolución del 16 de diciembre, destacando que las pruebas de revalidación tienen como propósito constatar la capacidad profesional teórico-operativa, haciendo un examen sobre las técnicas de intervención policial y su normativa específica. También sobre las condiciones físicas, mediante tres ejercicios (trepa de cuerda, velocidad y resistencia), diferenciando distintas marcas y puntuación para los mayores o menores de 40 años.

Finalmente se ponen a prueba cuestiones psicotécnicas y aquellas relacionadas con la adecuación profesional al puesto específico en las Unidades de Intervención Policial referidas. Una vez realizadas todas ellas, los resultados son comunicados a cada candidato, junto a sus respectivos informes motivadores de evaluación negativa, en su caso, y la propuesta provisional de continuidad o baja del funcionario.

02 nov 2020 / 00:00
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