La reforma de la cotización divide a expertos y autónomos

El Gobierno central sigue dándole vueltas al futuro del sistema de pensiones y a la ruta en materia impositiva que deben tomar. Tampoco se libra el sistema de cotización de los autónomos. La última propuesta del Ministerio que dirige José Luis Escrivá divide a los colectivos de trabajadores por cuenta propia y a los expertos. Unos hablan de “sangría” y advierten de los efectos demoledores que tendrá en la economía, mientras que otros consideran que se trata de una medida “justa”.

En todo caso, aún queda mucho camino por recorrer, porque lo que propone el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no es más que eso, una propuesta, y con una fecha de aplicación sometida a variaciones. Ahora se pone como horizonte enero del año 2023, aunque con un margen de 10 años para ir haciendo una adaptación progresiva.

Escrivá propone trece tramos de cotización en función de los ingresos reales del autónomo. Primero hacen un pronóstico de lo que creen que van a ingresar, tienen margen para ajustarlo, y al final del año se realizan las correcciones: en caso de que hayan cotizado de menos tendrán que abonar la diferencia, y si han cotizado de más podrán solicitar devolución.

Hasta el momento, los autónomos eligen la base sobre la que cotizan y se establece su cuota. No tienen que hacerlo en función de cuánto ingresen, pero tendrá consecuencias en sus pensiones.

En cifras, con el sistema actual, un autónomo tiene que pagar unas cuotas mínimas de 286 euros y un máximo de 1.230 euros al mes. Con el nuevo sistema oscilaría entre los 90 y los 1.220. Pero no tendrían capacidad de decidir su base de cotización, sino que la cuota vendría determinada por los ingresos reales. Cerca del 80% de los autónomos cotizan por base mínima.

RUINOSO. La Federación Galega de Autónomos de Galicia (Feaga) rechaza el nuevo sistema de cotización. Su presidente, Francisco Javier Pérez Bello, señala que se pierde la libertad que tienen los autónomos para elegir “en función de sus preferencias”.

Apunta que se trata de “un momento muy inoportuno, con la que está cayendo, en una economía paralizada”, y habla de un “sablazo que puede ser la puntilla para miles de autónomos”. En términos similares se expresa Pilar Otero, presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, que afirma que puede ser “una sangría”. “Si siempre es importante cuidar a este sector, más que nunca lo es en estos momentos. Hay muchos autónomos que están dando sus últimos estertores”, argumenta.

Hay colectivos de autónomos que ven razonable establecer un sistema de cotización en función de los ingresos reales. Pero la mayoría se opone a la propuesta concreta del Gobierno. “Es una propuesta mala, y no es el momento para plantear subidas”, señala Pérez Bello. Pilar Otero remarca que “no se puede desincentivar a los emprendedores”.

También hay dudas en cómo va a afectar a los nuevos trabajadores por cuenta propia, a los autónomos societarios y a los que cuentan con empleados.

Entre los riesgos, según advierte el presidente de Feaga, están “la pérdida de empleo o la salida del sistema hacia la economía sumergida”.

Además, temen una mayor “persecución” por parte de Hacienda “para comprobar que las facturas se corresponden con los ingresos reales”, indican desde Gestores Administrativos. En Feaga, por su parte, opinan que asesorías y gestorías se convertirán “en una especie de chivatos”.

Pilar Otero pide “amplitud de miras” y un “amplio análisis” antes de poner en marcha esta medida, y reclama que se dejen de dar “palos de ciego que están generando incertidumbre”. Además, recuerda que “no se puede permitir que en la economía solo haya grandes empresas”.

JUSTICIA. “Es una propuesta que está verde”, sostiene el presidente de Economistas Asesores Laborales, Roberto Pereira. “Aún faltan por concretar muchas cosas, se han hecho aproximaciones”.

Comenta que “se trata de establecer un paralelismo con el trabajador asalariado; el que más gana, más cotiza”. “Desde ese punto de vista es más justo, es un sistema más equitativo, y soluciona el problema a largo plazo de los derechos adquiridos”, razona.

No obstante, Pereria subraya que “todo tiene que hacerse en su justa medida”. “Habrá que preguntarse si las tarifas exigidas son acordes”, agrega al valorar un sistema de cotización que va en la línea de lo que venían reclamando.