La situación de los ‘okupas’ no alarma, aunque si preocupa

“La situación de los okupas no es tan alarmante, pero la preocupación de los ciudadanos es la preocupación del Gobierno”. Así se expresó ayer su representante en Galicia, Javier Losada, tras la reunión que mantuvo con los jefes de la Guardia Civil, general Luis Francisco Rodríguez, y de la Policía Nacional, jefe superior José Luis Balseiro, en la Comunidad Autónoma y otros mandos, para analizar los hechos que están causando cierta alarma social.

El delegado del Gobierno apeló a las cifras para enviar un mensaje de tranquilidad a los propietarios. Señaló que a fecha de ayer las ocupaciones ilegales de viviendas fueron 108 por las 129 denuncias que supusieron solo el 0,16 % del total de las 80.288 infracciones penales conocidas en Galicia en 2019. Pero de las 129 casi un centenar de estas infracciones se correspondían a una ocupación ilegal.

Losada precisó que dejar de pagar un alquiler a causa de la actual crisis por la pandemia no se puede considerar una ocupación y abundó en que éstas suceden en ámbitos urbanos. Así, en los últimos cinco años la Guardia Civil solo registró 46 en el territorio de su competencia, mientras la Policía Nacional sumó 73 casos en 2016, y en los años siguientes 82, 89 y los casi 100 ya reseñados.

Por provincias, en A Coruña se registraron 54 casos, se produjeron otros 40 en la de Pontevedra, y 7 más tanto en la de Lugo como en la de Ourense. “Los datos no muestran una situación alarmante, incluso está a años luz de la que se da en otros puntos de España”, apuntó; y así matizó que en Cataluña hubo 6.000; en Andalucía, 2.500; en Madrid, 1.400 y en Valencia, 1.000. Por ello afirmó que “la percepción no coincide con la realidad”, y descartó “delincuencia organizada” por esta causa en la Comunidad.

“Son casos puntuales en un contexto social que no favorece, y ante la falta de viviendas sociales en los últimos años”, argumentó Losada, quien recordó que en los meses de la pandemia el Gobierno destino 48 millones para viviendas y ayudas para pagar el alquiler, moratorias del pago de hipotecas y de los desahucios y ayudas para viviendas a colectivos vulnerables, con las mujeres afectadas por la violencia de género. Pero aseguró que el Ejecutivo central, que ya no considera ni primera ni segunda vivienda en estos casos, aplica ya un nuevo protocolo para los desalojos, y los ciudadanos disponen de una aplicación para móviles que se llama alertcops e incluye una funcionalidad para el contacto directo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante estas situaciones.

INSTRUCCIÓN. En reunión se analizó la aplicación en Galicia del Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles, que se incluye en la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Mediante este protocolo se homogeiniza y mejora la respuesta policial y se garantiza que los atestados recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores, entre otros objetivos.

Por otra parte, la instrucción establece que las fuerzas de seguridad podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, al desalojo inmediato e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede. Y en el caso de que el inmueble no sea morada habitual se aplicará el delito de usurpación.

Además, también dicta medidas para proteger a los propietarios víctimas de estos casos con objeto de favorecer la resolución judicial del conflicto, la restauración a su legítimo dueño del inmueble allanado o usurpado y la reparación de los daños causados.

Y finalmente el protocolo refuerza las acciones encaminadas a evitar la aparición o consolidación de grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas con diferentes fines, entre los que figura la intención de alquilarlas o venderlas a terceros de una manera fraudulenta.