La violencia contra la mujer, una emergencia global de salud pública
Desde el 2003, 66 mujeres han sido asesinadas en Galicia, y solo entre abril y junio de este año 2022 se registraron un total de 1.813 denuncias
El reciente debate sobre la nueva ley de garantía de las libertades sexuales pone el foco, una vez más, en “el problema de salud pública” que supone la violencia cara las mujeres, tal y como la calificó ayer la directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres. Anita Bhatia expresaba ayer en una entrevista que “hay tanta violencia doméstica y tanta violencia contra las mujeres” que, de alguna forma, lo hemos normalizado, pero que la única manera de acabar con los feminicidios es tratarlos como lo que son: una emergencia sanitaria.
Estas declaraciones las hizo el mismo día que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó su último informe, en el que se constatan unas cifras espeluznantes: más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por parejas íntimas u otros miembros de la familia en 2021.
El estudio refleja que Asia y África fueron los continentes con mayor número de homicidios por motivo de género, y en relación a los ocurridos en la esfera privada, Europa es el que presenta la tasa más baja. Son cifras que pueden parecer lejanas, pero tal y como lo expresó Bahita, estas cifras, que descibrió como “impactantes”, reflejan que un número muy elevado de mujeres “no puede confiar en las personas con las que viven a diario”.
En Galicia, el caso más reciente de una mujer asesinada por su pareja fue en septiembre de 2021, en A Coruña. Ella, Mónica Marcos Piñeiro, de 52 años, fue la víctima número 35 de España en ese año. En Gondomar, en diciembre del 2020, un hombre de 64 años acuchilló y mató a su esposa, Soledad Rey Valverde de 59, en la casa en la que vivían con su hijo en la parroquia de Mañufe, en Gondomar.
Mientras que, tras conocerse los hechos, el alcalde de la localidad informaba de que no había denuncias previas por malos tratos, pocos días después del terrible crimen se localizó una carta en la que Soledad detallaba las agresiones que sufría por parte de su marido, e incluso un intento de asfixiarla el día de su cumpleaños.
Ellas no son las únicas, solo son los casos más recientes entre los que más llaman la atención mediática, las que acaban en muerte. En la comunidad gallega, concretamente desde el 2003, han sido asesinadas un total de 66 mujeres a manos de sus parejas, ex-parejas, famialiares o conocidos.
Aumento en las denuncias por violencia de género. En 2021, el número de mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia de género aumentó en casi 1.000, un 3,2% más en comparación con el período anterior. En nuestra comunidad, las mujeres víctimas de violencia de género aumentaron en 2021 un 2,5% con respecto al 2020, pasando de 1.187 a 1.217.
Al mismo tiempo, el poder judicial en Galicia informó que en el segundo trimestre de este año en la comunidad se registraron un 10% más de denuncias por violencia contra la mujer con respecto al mismo período de 2021: 1.813 denuncias en tan solo tres meses.
Datos escalofriantes, que constatan lo que ya sabíamos: aunque las cifras parecen distantes, este tipo de terrorismo o “emergencia de salud pública”- como lo identifican en la ONU- afecta a todas las mujeres del mundo. La pregunta es, ¿qué se está haciendo para dar solución a este probema, que afecta a tantas mujeres en nuestra comunidad?; y, ante todo ¿funciona?
Galicia, que destina un 1,58% de sus presupuestos en políticas públicas en materia de igualdad, es, sin duda, pionera en ciertos aspectos que buscan proteger a las personas de este tipo de agresiones y discriminaciones. Un buen ejemplo es la ley de violencia vicaria, pubicada en julio del año pasado en el Diario Oficial de Galicia. Esta reconoce las agresiones cara contra los hijos o allegados de una mujer con el fin de hacerle daño a ella como una violencia machista, algo que la sitúa a la cabeza del país en esta materia. Otro hito de la Xunta es el reconocimiento como violencia machista a la ejercida por internet, con la inclusión del ciberacoso en la ley 15/2021.
Una futura medida salientable del Ejecutivo autonómico es la inclusión de las víctimas de explotación sexual también en la ley 11/2007 de medidas integrales para la sensibilización, prevención y tratamiento de la violencia de género, prevista para el próximo año 2023. Etso implica que estas personas podrán recibir las ayudas que el resto de víctimas.
En materia sanitaria, muchas veces el entorno en el que se detectan estas agresiones o violencias, el pasado mes de octubre se aprobó el Procedimiento de atención a las mujeres víctimas de agresión sexual y el Procedimiento de actuación del Sergas ante casos de sospecha de sumisión química, debido a las numerosas sospechas de posibles casos.
Además, según expresó ayer la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, Galicia finalizará el año con el 100% de las medidas del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género
Según explicó la conselleira, la Xunta de Galicia mantiene un firme compromiso por erradicar esta violencia, “Un compromiso que se demostra coa posta en marcha de numerosas actuacións de sensibilización e prevención, de detección e atención, e tamén de coordinación, contra a violencia de xénero”.
Entre esas actuaciones, destacó medidas innovadoras como el alquiler social o la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, y puso en valor la cobertura también de las de violencia sexual puesta en marcha el año pasado.
La conselleira de Igualdad también quiso poner en valor la línea de ayudas prevista para 2023 que permitirá a los concellos invertir nuevos medios en la mejora de las infraestructuras y equipación de los Centros de Información a la Mujer, puntos de vital importancia en la comunidad para atajar las violencias de género, así como la puesta en marcha de turnos especializados de guardia social y psicológica para atender a las víctimas y a sus hijos.
CAMBIOS EN EL SERGAS. Con todo, aún queda mucho por hacer, eso es indiscutible. Tanto es así, que ayer mismo la gerente del Sergas, Estrella López Pardo, informó de que se está trabajando en la agilización del sistema público de salud de nuestra comunidad para agilizar la atención sanitaria en relación a la violencia de género.
López Pardo reconoció la “importancia” de las actuaciones del ámbito sanitario para “contribuir a detectar” este tipo de violencia, y anunció que a partir de ahora el Sergas implementará tres cambios para establecer un “procedimiento común” y “mejorar la asistencia sanitaria en este ámbito”. El primero de ellos pasa por agilizar el accesos a la asistencia sanitario de los servicios de urgencia de los hospitales “implicando al personal administrativo. De este modo, si una mujer solicita asistencia por motivo de violencia de género, el personal administrativo “deberá informar inmediatamente al personal de triaje para su atención.”
Por otra parte, el triaje irá marcado con el nivel dos, de alta prioridad para que “la persona pueda ser atendida en los diez primeros minutos”. Además, “para evitar la victimización secundaria de estas mujeres, se realizará la evaluación ginecológica y forense en un solo acto realizando el reconocimiento de manera simultánea y coordinada”, señaló Pardo.
Por último, sobre la actuación ante casos de sospecha de sumisión química, la gerente del Sergas indicó que “encamina la actividad de la asistencia sanitaria al juzgado de guardia y el Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia)” con el fin de obtener un proceso con una respuesta integral.
En ese proceso se especifican “las pruebas a realizar, el acompañamiento y el registro de la historia clínica y asegura el seguimiento posterior, una exploración valorando esa necesidad de apoyo por parte de una unidad de salud mental o gestión de asistencia jurídica.”
Además, está previsto elaborar de cara al 2023 una guía de atención sanitaria y psicosocial a mujeres e infancias en situación de violencia de género, en cuya elaboración participarán los “dispositivos y agentes implicados”. Pequeños- o grandes- pasos que nos encaminan cara un futuro en el que, con suerte, ser mujer no tendrá los datos en contra.
Madrid. “Intente calmarse, ha hecho muy bien en llamar”. Es lo que le dice una de las profesionales que trabajan en el 016 a una víctima que está al otro lado del teléfono y que llama a este servicio de asesoramiento pidiendo ayuda desde su casa, porque su marido en más de una ocasión la ha amenazado de muerte.
Son más de 1,1 millones las mujeres que han recurrido a este servicio de información y asesoramiento en materia de violencia contra la mujer desde que se puso en marcha hace quince años, y a diario recibe un “goteo constante” de consultas.EFE ha pasado una mañana en la sede del 016, un número que no deja rastro en la factura telefónica, y que además de informar y asesorar a maltratadas por sus parejas o exparejas, atiende también a las mujeres víctimas de otras formas de violencia.
Susana Gálvez es la coordinadora general. Lleva en el 016 desde el inicio, en 2007, y recuerda que la primera llamada sonó a principios de septiembre. Según cuenta a EFE, las mujeres que llaman ahora están más informadas, conocen el recurso y en la mayoría de las ocasiones son conscientes de que son víctimas de violencia.
Antes no era así. El 016 tuvo que darse a conocer a la sociedad para que las mujeres supieran que estaba para ayudarlas a salir de la violencia, con expertas entre las que se encuentran trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas.
En la actualidad suman cerca de cuarenta profesionales, que tratan de identificar la situación de las víctimas que llaman, las asesoran tanto en materia jurídica como psicosocial y buscan el recurso presencial que más se adecua en su comunidad autónoma para derivarlas.
Está disponible las 24 horas del día y atiende en 53 idiomas desde hace tiempo, también en ucraniano. “Llama una persona en su idioma y se hace una conferencia a tres con el servicio de traducción, igual que ocurre con las personas con discapacidad auditiva o del habla, en este caso se comunican a través de un servicio de videointerpretación”, explica Gálvez.
Suenan los teléfonos con mucha frecuencia: “016, buenos días ¿en que le puedo ayudar?”; así es como empiezan las profesionales sus intervenciones. Una de ellas está en plena conversación: “Me estaba comentando que no puede más con su marido, que le estaba amenazando, ¿de qué manera la está amenazando? así que la amenaza de muerte... Vayamos por partes, intente calmarse, ha hecho muy bien en llamar. Dígame ¿dónde reside?... ¿Se ha planteado alguna vez separarse?... ¿qué se lo impide?.... le puedo pasar con mis compañeras abogadas para que le asesoren”.
La conversación prosigue: “Usted tranquila, respire hondo, piense en algo que le de tranquilidad. Coja papel y boli para que le indique la dirección y el número de teléfono del recurso más cercano a su residencia.... Está siendo usted muy valiente... Si él se pone agresivo, métase en una habitación con el teléfono y llame inmediatamente al 112 para que vaya la Policía”.
“No tiene por qué aguantarlo más, ni sus hijas tampoco, lo principal es que ha decidido llamarnos e informarse porque no aguanta la situación”, se escucha a otra de las profesionales en la sala.
LLAMADAS “ENGANCHADAS EN LA MEMORIA”. Fátima Morillas es la coordinadora del departamento de Información del 016. Empezó en 2014 y recuerda, en declaraciones a EFE, cómo, al principio, la cantidad de llamadas “la abrumaban y soñaba bastante” con las situaciones de violencia que le relataban las víctimas.
“Poco a poco tu cuerpo crea de alguna manera mecanismos de defensa para que esa realidad no te haga daño, y encuentra los métodos para poder escapar de tanto dolor que estás escuchando, aprendes a sobrellevarlo”, reconoce Morillas. Cada día es un mundo diferente, señala, pero no cambia el “goteo constante” de llamadas de mujeres pidiendo ayuda para buscar soluciones a su terrible realidad.
“Lo principal es que sepan que estamos ahí, escucharlas y darles el espacio para hablar, desahogarse, que sepan que tienen una persona al otro lado y a partir de ahí detectar la necesidad de la mujer y ver cuál es el mejor recurso a ofrecerle”, señala Morillas, que reconoce que hay llamadas que se le han quedado “enganchadas” en la memoria y no las olvida.
Estas profesionales cuentan también con ayuda. Patricia García es la responsable de formación y calidad y de supervisión psicológica del servicio. Entre otras cosas se encarga de que las trabajadoras puedan tener un “espacio de desahogo” con ella. Y se necesita, porque al final hay llamadas que “son muy duras” y se requieren herramientas para poder afrontarlas, afirma García. a EFE. B. Pinillos/EFE
Granada. A punto de cumplirse 25 años del asesinato de su madre, Ana Orantes, que fue quemada viva por su exmarido tras hacer público en televisión cuatro décadas de maltrato, Raquel Orantes percibe una vuelta atrás y un recorte de derechos pese a los logros alcanzados, y llama a los jueces a aplicar la ley sin dejarse llevar por “cuestiones ideológicas”.
En una entrevista la hija de esta mujer, cuyo asesinato en 1997 fue el detonante para la aprobación, ocho años después, de la primera ley integral contra la violencia de género, cree que aunque este crimen marcó “un antes y un después” y supuso un importante avance en la materia, el hecho de que desde entonces haya habido un millar de víctimas más en España evidencia que “algo sigue fallando”.
“No podemos permitir como sociedad que esas mujeres, una vez que se separan con una orden de alejamiento, sean asesinadas (...) Los jueces no pueden cargar sobre sus conciencias con más muertes”, señala Raquel Orantes, cuya infancia y la de sus hermanos estuvo marcada por la violencia ejercida por su padre y el calvario sufrido por su madre hasta el punto de que no ha sido hasta hoy, con 46 años, cuando ha empezado “a vivir y a disfrutar”.
INMERSOS EN UNA VUELTA ATRÁS. Con la figura de su madre “más viva que nunca”, Raquel Orantes cree que, pese a la ley, el sistema sigue dejando desprotegidas a las víctimas. Entiende que los jueces deben interpretar la ley sin dejarse llevar por “cuestiones ideológicas o religiosas” y advierte de que “estamos inmersos en una vuelta atrás” porque hay quien niega la violencia hacia la mujer “por el mero hecho de serlo”, después de todos los años que, dice, ha costado llegar a este punto.
Hay que avanzar mucho más, sostiene, porque todavía se sigue cuestionando a las mujeres por “aguantar” sin que se tengan en cuenta sus circunstancias, y a los hijos de las víctimas “por no haberlas sacado de ese entorno”, algo por lo que, asegura, también han sido cuestionados ella y sus hermanos.
Sobre la rebaja de condenas que está conllevando la aplicación de la ley del solo sí es sí, Raquel Orantes dice sentirse “indignada” y con ganas de echarse “a la calle y volver a gritar”. Cree que es una cuestión de “interpretación de leyes”, apela por “escuchar a las víctimas” y entiende que los jueces deberían hacer justo lo contrario de lo que está ocurriendo: Endurecer las penas y procurar su cumplimiento íntegro, e incluso aplicar la prisión permanente revisable en los casos de asesinato a mujeres porque, en su opinión, “los maltratadores y violadores no son insertables” socialmente, dado que son “asesinos y violadores ideológicos”.
Convencida de que la “valentía” de su madre al hacer público su testimonio ha servido con el paso de los años para aumentar las denuncias contra el maltrato por parte de las víctimas y de su entorno, Raquel Orantes está segura de que la base de todo radica en la educación en valores, la igualdad y la libertad.
El caso de Ana Orantes fue el detonante para la reforma del Código Penal en materia de violencia machista y la aprobación, ocho años después, de la primera ley integral contra la violencia de género.
La atrocidad de este crimen marcó un antes y un después en España, removió la conciencia social y política de este país sobre el problema del maltrato y allanó el camino para la puesta en marcha de una serie de reformas legislativas, judiciales y asistenciales que fueron acometidas por gobiernos sucesivos.
Orantes denunció con 60 años en un programa de la televisión pública andaluza las palizas y humillaciones a las que fue sometida durante cuatro décadas por su exmarido, con el que se casó cuando tenía 19, y tan solo trece días después de ofrecer ese testimonio, el 17 de diciembre de 1997, la mató quemándola viva en la casa de Cúllar Vega (Granada) que, por decisión de un juez de paz, compartían tras separarse. EFE/B. Ortiz