La Xunta demanda al Gobierno un plan para afrontar la fuga bancaria del rural
Insta al Ejecutivo central a elaborar un marco normativo que garantice la prestación universal de los servicios financieros básicos // Además, solicita un estudio relativo a su actual situación
Pinta mal el panorama que le espera al rural gallego tras sucederse numerosos avisos relativos a cierres de entidades bancarias que han sido acompañados por diferentes protestas orquestadas desde los concellos afectados. Por ello, el Gobierno gallego reclamó este martes al Ejecutivo español “coordinación e planificación a nivel estatal” para que todas las personas tengan acceso a los servicios financieros: un derecho que pretenden garantizar con independencia de donde residan.
En una carta firmada por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Valeriano Martínez, la Xunta se dirigió a la vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, solicitando al Estado que elabore un estudio específico sobre el mercado financiero actual y pidiendo, paralelamente, medidas globales para abordar una problemática que, según considera, es nacional.
Mediante la misiva, el titular de Facenda muestra su preocupación ante la progresiva clausura de oficinas bancarias en las áreas con menos habitantes a causa de la enorme reestructuración que se está dando dentro del sector dinanciero. Un proceso que se está dando “sen que exista un plan global a nivel estatal para garantir que todos os cidadáns conten con servizos financeiros básicos”.
Ante esta situación, el Gobierno gallego indica que es “esencial e urxente” ese informe que, a sus ojos, debe crear el Ejecutivo español, dejando claro que en estos momentos el acceso los servicios bancarios y financieros se configura como un elemento fundamental para el desarrollo económico y social, con el propósito de conseguir la cohesión territorial y combatir el fenómeno de la despoblación.
Según manifiesta, el estudio debe analizar la situación del mercado financiero del país desde el punto de vista de la concentración bancaria, la competencia, y el acceso a los servicios financieros, prestando especial atención a los espacios rurales. Además, pidieron que se instaure un marco normativo común vinculado a la prestación universal de los servicios financieros básicos, garantizando su oferta a todos los ciudadanos, con un precio accesible y calidad.
AL MENOS 38 CONCELLOS AFECTADOS. Por la falta de coordinación y planificación del Ejecutivo español, conforme detalla la Xunta en un comunicado remitido a los medios, el Gobierno gallego fue una de las primeras administraciones que abordó el citado conflicto junto a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp).
Al respecto, ambas entidades acordaron un protocolo de colaboración para estructurar múltiples medidas que faciliten a la población rural acceder a los servicios financieros, sobre todo en aquellos ayuntamientos que carecen de oficinas bancarias.
Hasta la fecha, un cómputo de 38 localidades ya se adhirieron a esta iniciativa mediante la cual se instalan cajeros automáticos en las dependencias municipales; a la par que también se está habilitando la prestación de un servicio de asistencia que permita solucionar de forma presencial cualquier duda y contratar productos; y se oferta formación financiera y nociones de banca electrónica.
POCOS BANCOS Y MUCHAS PROTESTAS. La misiva de la Xunta se enmarca en un escenario de profunda tensión entre los concellos y las entidades bancarias, que cada mes tienen menos oficinas. En los últimos años, Galicia ha pasado de tener algo más de 2.500 a quedarse solo con 1.190.
Precisamente este último número pertenece al pasado marzo, tal como recoge el estudio A Economía Galega. Informe 2020-2021. En este sentido, la red de sucursales autonómicas disminuyó un 53% y las empresas con sede social en nuestro territorio cayeron de ocho a dos: ahora solo hay Caixa Rural Galega y Abanca.
Esta última, líder en el mercado, es la que más polémica está generando en la CCAA. La pasada semana, el jueves 2 de septiembre, cinco municipios de la provincia de A Coruña (A Baña, Vimianzo, Zas, Cerdido y Fene) convocaron protestas por el cierre de distintos establecimientos de la compañía en sus cabildos.
La manifestación, realizada ante la sede de la entidad financiera en la ciudad herculina, solo es una de las muestras del descontento que hay en los ayuntamientos. Otros ejemplos de frustración son los de Portas y Campo Lameiro (Pontevedra), que también han efectuado acciones para impedir que las pretensiones de Abanca se consumen.
Así las cosas, la primera localidad ha decretado el 22 de septiembre como día de luto oficial si la empresa clausura su última oficina. De hecho, no solo se ha quedado en eso la cosa, sino que su actual alcalde, Ricardo Martínez, acusó a Juan Carlos Escotet, presidente de la compañía, de ser “desleal” con la Galicia rural.
Por su parte, el gobierno de Campo Lameiro le amenazó con retirar los fondos que tienen depositados e incluso declarar a Escotet persona non grata. No ha sido lo único que han hecho, numerosos lazos negros se han visto en comercios, acompañados de protestas vecinales que solo tienen como objetivo evitar unos cierres casi inminentes.
Santiago/Madrid. Banco Sabadell seplantea el cierre de 320 oficinas y la conversión de 176 de ellas en cajas avanzadas, donde continuarían funcionando los cajeros y servicios básicos, indicaron fuentes de Europa Press fuentes cercanas a la mesa negociadora del ERE, ya iniciado.
Para Galicia, la entidad prevé deshacerse del 40 por ciento de las que dispone en la comunidad autónoma, 38 sucursales. Esto spondrá un recorte de casi el 21 % del personal, dejando en el paro a 89 trabajadores de los 428 que tiene en la actualidad.
De la cifra global estatal, ya se habrían realizado 105 cierres en julio y 27 conversiones. La reconfiguración de la red afectaría, de este modo, a casi un 31 % de la red de oficinas de Sabadell en España, compuesta por un total de 1.588, según el informe del primer semestre de 2021.
El ajuste de personal planteado por el banco contempla la salida de 1.900 empleados, alrededor de un 12,5 % de la plantilla que tiene en España, de 15.000 trabajadores. El plan de ajuste afectaría, sobre todo, a la red de oficinas, que concentraría cerca de un 86 % de las salidas, en torno a 1.639 empleados, según fuentes sindicales, mientras que el resto de salidas, alrededor de 260 empleados, se producirían en centros corporativos y servicios centrales.
CIEN MILLONES Banco Sabadell fundamenta este procedimiento en la búsqueda de mayor rentabilidad, contemplada en su plan estratégico de 2021-2023. En este plan, la entidad señalaba que continuaría con su esfuerzo en la contención y reducción de costes derivados de la transformación del modelo de negocio, la automatización y la simplificación de procesos, y recogía el objetivo de reducir 100 millones de euros en costes.
La entidad justifica la aplicación del ERE en las caídas del margen y de la rentabilidad sobre fondos propios (ROE), que a cierre de junio era del 3 %. redacción
Santiago. La Confederación Gallega de Asociaciones Vecinales Rosalía de Castro exigió este martes la restitución inmediata de las oficinas bancarias que se han eliminado en distintos municipios de las cuatro provincias gallegas.
Así se pronunció la entidad en un comunicado dirigido a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, Nadia Calviño, o al Ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, entre otros destinatarios.
En este sentido, el organismo, que aglutina las principales federaciones de asociaciones vecinales de Galicia y a aproximadamente 500 asociaciones, manifestó su “profundo descontento con motivo de la supresión de oficinas bancarias” en la autonomía.
Enumerando distintos motivos que hacen necesario el acceso al servicio bancario, sobre todo en el ámbito rural, desde la institución exigieron que “los responsables en esta materia” restituyan de forma “urgente” las oficinas bancarias eliminadas en las cuatro provincias gallegas. ecg