La Xunta ofrece un pacto social en vivienda y ayudas de hasta veinte mil euros
Ángeles Vázquez se propone fomentar la emancipación de los jóvenes mediante un programa de alquiler con opción a compra
Galicia sienta las bases para crecer en materia de vivienda. En esta línea, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ultima un documento llamado a cimentar “un gran pacto social”, una estrategia para la que prevé invertir 300 millones entre 2021 y 2025.
Lo avanzó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante una comparecencia en el Parlamento en la que buena parte de las intervenciones pivotaron sobre las okupaciones ilegales.
En su discurso inicial, Vázquez aseguró que, para sacar adelante el gran pacto, pretende “contar con el consenso de todos los actores implicados”: “Apostando por el diálogo social y escuchando las necesidades de las familias y empresas gallegas”.
Este plan, que en el período 2021-2025 prevé llegar a unos 40.000 hogares, incluye 48 medidas de las que 10 son “totalmente novedosas”, con la juventud, el empleo y la reactivación económica tras la pandemia como eje principal.
Entre esas novedades destacó las ayudas de hasta 20.000 euros para que familias con bajos ingresos adquieran viviendas protegidas y otras destinadas a menores de 35 años en un nuevo programa de alquiler con opción a compra para “fomentar la emancipación”.
También “el fomento de alquiler de viviendas sin uso” a través de subvenciones de hasta 6.000 euros a cambio de la cesión en régimen de usufructo y gestión por parte de la Xunta “por 10 años”, lo que “garantiza a los propietarios una renta mensual y un seguro de reparación de daños”, aseguró.
El plan preverá igualmente ayudas a particulares que construyan viviendas en municipios con pérdida de población, convenios con asociaciones y entidades para financiar obras de rehabilitación y una plataforma informática para que los ayuntamientos creen un registro de núcleos en estado de abandono.
LA “CORTINA DE HUMO” DE LOS OKUPAS. El diputado del PSdeG Pablo Arangüena saludó la “disposición al diálogo” de la Xunta y comprometió su “máxima disposición favorable a cada propuesta de pacto”. Sin embargo, lamentó la “pasividad manifiesta” en política de vivienda. La pasada legislatura, lamentó, fue “la de menor promoción pública” con unos 24 inmuebles construidos.
Seguidamente, dio el dato de que en Galicia hay 300.000 viviendas vacías. “A ustedes no les parece importante, pero les parece muy importante el problema de los okupas”, ironizó, tras lo cual pidió al PP que “deje de esparcir cortinas de humo” con este tema.
En la misma línea, la diputada del BNG Alexandra Fernández acusó a los populares de generar “alarmismo” y “engañar a la gente” toda vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia constatase una “disminución” de las demandas civiles en relación a las okupaciones. La estrategia de ‘Génova’, dijo, es sumarse al “camino de la extrema derecha” y hacer “seguidismo” a la línea de Vox.
En la réplica, Ángeles Vázquez sostuvo que a la Xunta le “preocupa” el número de denuncias de okupaciones” y prometió de nuevo que “seguirá luchando contra la okupación ilegal”.
A Coruña. Las actuales comisiones provinciales de coordinación, para resolver problemas entre los ámbitos judicial y de seguridad, serán potenciadas para afrontar las ocupaciones ilegales en el territorio gallego, con el objeto de dar una respuesta más rápida. Es el principal acuerdo tomado en la reunión mantenida este martes entre el delegado del Gobierno, Javier Losada, y el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes.
Durante el encuentro, tras analizar las cifras de ocupaciones ilegales –129 casos de las 80.288 infracciones penales habidas en la autonomía en 2019, lo que supone tan solo un 0,16% del total–, ambos consideraron que la legislación actual es suficiente para poder actuar contra este tipo de ilícitos. También coincidieron en que las recientes instrucciones complementarias, del Ministerio del Interior y de la Fiscalía del Estado, son útiles para una intervención rápida en estas situaciones.
Así, el protocolo de actuación contra los okupas mejora la respuesta policial, ya que en el caso de ser la morada habitual del titular las fuerzas de seguridad podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, a su desalojo. Y en los atestados recogerán todos los elementos que acrediten ante las autoridades judiciales la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores. a.m.
A Coruña. El precio medio del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano en Galicia se situó en los 1.554 euros por metro cuadrado al pasado 30 de septiembre. Supone un descenso internanual, y también con respecto al trimestre anterior, del 1,3%. Con ello continúa la tendencia a la baja del precio que en el ejercicio anterior cayó un 1,7%.
Los datos del informe de Fotocasa apuntan que los porcentajes trimestrales por provincias fueron negativos del 3,3% de Lugo, del 1,5% de A Coruña, de una décima en Pontevedra, y positivo en un 1,2% en Ourense. Mientras por cuantías la de Pontevedra es la más cara con 1.729 euros el metro cuadrado, por delante de A Coruña (1.567), Ourense (1.415) y Lugo (1.063 euros).
Entre los principales municipios gallegos analizados, en Viveiro se detecta el mayor descenso trimestral (8,6%), y por el contrario mayor incremento se produjo en Miño (14,6%). El concello de Nigrán es el que tiene el precio más alto (2.499 euros por metro cuadrado) y el más económico es el de Vilalba (685)
Y dentro de las ciudades, en Santiago de Compostela se produjo un incremento trimestral del 1,6% y anual del 3,0% situando el precio medio en los 2.195 euros por metro cuadrado. Pero la más cara es A Coruña, con 2.320 euros, aunque en el distrito centro llega a los 3.169 euros. a.m.