La Xunta presentará su recurso al veto pesquero si no lo hace España

El Parlamento gallego evidenció ayer su unanimidad en el rechazo al veto europeo de la pesca de fondo, en una sesión marcada por la intervención de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que exhibió un tono realmente crítico contra el dictamen de Bruselas a la par que subrayó cómo de perjudicial sería este para la economía gallega, llegando a definirlo como “golpe mortal”, a lo que añadió que, si el Gobierno no se decide, será la propia Xunta quien tome la iniciativa y presente un recurso.

“Retrasar dos meses la medida no provocaría daños irreversibles en los hábitats, pero sí los evitaría en la flota”, afirmó la conselleira, reclamando a Bruselas una moratoria de dos meses para la entrada en vigor de esta polémica medida, cuya aplicación comenzará el 9 de octubre. Quintana cifró posteriormente el impacto de esta decisión en unos 24.000 euros anuales, más de 347,5 millones de euros para la flota afectada y unos 816 millones para el conjunto de la economía gallega, pudiendo “llegar a afectar” a más de 4400 tripulantes, en torno al 40% del total de la comunidad, y afectando de forma “directa2 en la actividad de 200 barcos de capital gallego y a otros 900 de manera indirecta.

Críticas a Europa. Quintana arremetió contra la decisón europea tanto por su fondo como por sus formas, señalando como, según ella, el reglamento se conoció el día 15 “por sorpresa y sin anuncio previo” y “sin mejora alguna” con respecto a la propuesta inicial, algo que la Xunta considera como un “acto de mala fe”. La titular de Mar continuó incidiendo en las “muchas y evidentes carencias” del reglamento, haciendo referencia a “extralimitaciones” en apartados como las especies o las profundidades. “Adolece de rigurosidad por contar con estudios parciales y desactualizados, sin incluir artes como palangre y volanta que ahora se ven afectados”, declaró Quintana, para añadir después que “parece basarse sobre una supuesta lucha contra el cambio climático. No sabemos qué solución aporta a la lucha contra el cambio climático”. De igual forma, la conselleira quiso hacer hincapié en señalar “inexistencia de análisis social o económico” a la hora de aplicar esta medida. “No consta o no fue enseñado después de múltiples peticiones. El golpe en este ámbito puede ser irreversible”, añadió esta, quien también quiso dejar claro que “el sector pesquero no está en contra de que existan zonas protegidas, sino que lo que quiere es que se establezcan de forma dialogada, equilibrada y sostenida en la ciencia”, afirmó. Esta, con todo, rebajó su tono al reivindicar la actuación de los populares europeos, responsabilizando a la “la presión medioambiental” que, según ella “está ganando la partida”.

El recurso, pase lo que pase. La conselleira avanzó también que la Xunta tomaría la iniciativa en caso de que el Gobierno, finalmente, no interpusiese recurso aunque, tal y como matizó Quintana, “tenga pocos visos de prosperar”. Con todo, también apeló a “una posible revisión antes de su entrada en vigor” del veto que, según esta, “podría dar lugar a una moratoria en su vigencia y abriría la puerta a una aportación de datos y revisión del fundamento” aunque, con todo, reafirmó la apuesta de la Xunta por “buscar argumentos sólidos” en colaboración con el sector y preparar un recurso que, según la conselleira, debe proceder del Estado. “Esa es la vía, la de la rigurosidad, la que debemos seguir”, añadió esta, a la vez que reclamó poder encontrarse con el comisario y la directora general de pesca de la Unión Europea, afirmando incluso que su “ nula escucha no puede durar para siempre”.

En esta línea se pronunció también la bancada de la oposición, y es que tanto BNG como PSdeG solicitaron que sea la propia Xunta quien interponga el recurso contra este veto a la pesca de fondo. “Preséntelo ya, por si acaso otros no lo presentan”, solicitó la diputada nacionalista Rosana Pérez, quien también reclamó liderazgo a la Xunta. La socialista Patricia Otero, por su parte, fue en la misma dirección; “Pedimos a la Xunta que sea proactiva e interponga ese recurso letal para nuestra flota”, declaró, preguntándose posteriormente“qué impide que el Gobierno gallego presente recurso”.

La conselleira respondió señalando la existencia de “sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que las regiones no están legitimadas para presentar el recurso” y que “los únicos apoyados para presentarlo son los estados miembro”. “Por eso decimos que el estado presente el recurso. Todas las comunidades apoyaremos al estado y aportaremos los argumentos”, aseveró Quintana quien, a pesar de esto, reafirmó que “si hay que tomar una decisión política aún sabiendo que no tendrá visos de prosperar” y el Gobierno autonómico presentará el recurso.

La responsable de Mar subrayó de nuevo la necesidad de “defender a los sectores primarios” y apuntó una posible iniciativa: enviar “3 millones de firmas” al comisario con el manifiesto que lanzó a principios de julio la Xunta junto al sector, para “que le digan que no es preciso hacer este reglamento”.