Las caixas tienen tres causas penales por 150 millones pendientes de ir a juicio
La Audiencia Nacional acaba de rebotar el caso Marina Atlántica a la de Pontevedra// Caixanova tiene pendiente la de Promalar // Caixa Galicia todavía no se libró con Cueva Mar en Roquetas
La crisis de las caixas hace como el Guadiana, río andaluz que desaparece... pero siempre reaparece. La pasada semana lo hizo con virulencia, brotando con una fuerza inusitada, por las interpretaciones a un auto de la Audiencia Nacional en la que se sostenía que la única razón para la intervención del FROB en las cajas de ahorro gallegas “fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión”. “Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse dando lugar a NovaCaixaGalicia”, argumenta, tirando de supuestos informes del Banco de España.
El documento judicial con fecha del 1 de octubre no iba sobre ese tema, y posiblemente los magistrados José Antonio Mora Alarcón, presidente de la Sección Segunda de la sala de lo penal de la AN, José Ricardo de Prada y Julio de Prada López, ponente del auto, pretendían tanto revuelo. Su intención era remitir a la Audiencia Provincial de Pontevedra una de las tres causas que se mantienen activas y a la espera de juicio vinculadas a las caixas, dos de Caixanova, y una tercera donde se dirimirá la responsabilidad de los antiguos gestores de Caixa Galicia. Entre las suman un posible quebranto que podría llegar a 150 millones de euros.
La que ahora pasará a estar bajo el radar del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) por la decisión de rebotarla a Pontevedra es el procedimiento abierto por un crédito de 43,16 millones concedido en 2006 por Caixanova a la promotora del conocido como Complejo Residencial Marina Atlántica, que firmado por el equipo del prestigioso arquitecto Norman Foster, pretendía convertir a Cangas en una meca internacional. Ocuparía 200.000 m2 en O Salgueirón con centenares de viviendas, con un edificio comercial en la antigua conservera Massó, un hotel de cinco estrellas y hasta un museo de la ballena.
La justicia impidió el desarrollo del puerto deportivo aledaño y el residencial acabó en agua de borrajas. La Audiencia Nacional apunta en el auto que dicha operación no afectó a la solvencia, al representar apenas un 4 % de los fondos propios de la entidad, y por ser todos los actores y ámbitos territoriales en Pontevedra, pasa allí la causa.
Ahora mismo el único gran éxito de la AN, victoria también del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), fue el reconocimiento judicial al cobro de 20,1 millones de euros más intereses legales y costas por la sentencia que condenó a cuatro exdirectivos, todos de la antigua Caixanova, como son Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez y al abogado Ricardo Pradas a penas de prisión y a la devolución de cantidades millonarioas. El único encausado vinculado a Caixa Galicia, Javier García de Paredes, se libró de las condenas, aunque de su bolsillo y también con sus futuros compromisos de pensiones saldó la mitad de la cuantía total.
A la excúpula de Caixanova le tocará, si nada lo remedia, pasar también por el banquillo por las operaciones financieras poco claras con la que la promotora Promalar trataba de reflotar a la conservera Alfageme. El expresidente Gayoso, el exdirector general Pego o Gorriarán deben responder ante un supuesto agujero de 80,5 millones y delitos como blanqueo de capitales y societarios vinculados a la concesión de préstamos.
La tercera es la única en la que aparece junto a otros directivos el ex líder de Caixa Galicia, José Luis Méndez, quien forzado a abandonar la nave de la fusión, se libró sin cortapisas legales a su suculento retiro multimillonario.
Se trata del caso Cueva Mar, en Roquetas de Mar, donde en 2004 una tasación valoró en 31 millones de euros varios terrenos que avalaron préstamos, suelo que era no edificable, sin valor e incluso protegido tras los hallazgos de yacimientos arqueológicos. Habrían causado un quebranto de 27 millones a la caja, que acabaron en su mayoría, según la investigación en la Audiencia Nacional, en las cuentas de los dueños de las sociedades Promociones Cueva Mar y Bretón de los Herreros 38. Las declaraciones de los investigados se producían a finales de 2017 y después se comenzó a recabar las pruebas documentales. Y así hasta nuestros días.
El 9 de mayo de 2013, la Comisión Rectora del FROB aprobó un protocolo de actuación previo al ejercicio de acciones judiciales, a través del cuál requirió a las entidades que habían sido receptoras de ayudas y que se encontraban participadas por el Fondo –NCG Banco, BMN, Catalunya Banc y Bankia– para que realizasen una amplia y exhaustiva labor de investigación y elaborar un informe que recogiera las operaciones relacionadas tanto con el sector inmobiliario como con las prácticas retributivas internas de las propias entidades realizadas en los últimos 5 años, que hubieran tenido un impacto patrimonial significativo y que presentaran indicios de irregularidad o no respondieran a finalidad económica lógica.
En una segunda fase, se contrató a expertos independientes que las analizaron. Detalla el FROB que en el marco del mencionado protocolo, “se revisaron y elaboraron informes de investigación respecto de 90 operaciones”. El fruto de todos esos trabajos fueron los 57 informes Forensics remitidos a la Fiscalía y cuyo Impacto económico estimado era de 3.704,8 millones de euros.
Una docena estaban vinculados a NCG Banco, operaciones con visos de irregularidades por un montante de 980 millones. Con igual número, doce, pero mucho mayor importe, 1.529,8 millones, se encontraba Bankia. Novecientos millones en 18 actuaciones con mala pinta fueron las afloradas en Catalunya Banc y remitidas al ministerio fiscal. En Banco Mare Nostrum (BMN) fueron seis los forensic y 175 los millones afectados, mientras que en Caja España-Duero, con nueve investigaciones, se alcanzaban los 120 millones de euros afectados por las mismas.