Las firmas del ‘cártel del fuego’ acaparan contratos en los 061 y contraincendios
La Audiencia Nacional abrirá juicio por las adjudicaciones en Valencia y Andalucía// Un juzgado de Santiago archivó en 2018 una investigación similar // Las principales empresas cambiaron sus nombres y ‘controlan’ las adjudicaciones, también en Galicia
Se conocía el pasado miércoles que el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón propuso juzgar a 32 personas como presuntos integrantes de una organización criminal que se habría concertado para alterar la adjudicación de contratos para la extinción de incendios, en el conocido como caso del denominado cártel del fuego.
El procedimiento judicial se dirige contra empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios, en este caso de la Comunidad Valenciana y Andalucía, respecto a los cuales “ha quedado suficientemente acreditado” que, “con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se han venido concertando para alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública”, corrompiendo para ello mediante “compensaciones económicas” a “múltiples funcionarios y autoridades”.
En un auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 señala que los hechos podrían constituir delitos de cohecho; organización criminal; alteración de precios en concursos o contratación pública; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; y tráfico de influencias y exacciones ilegales.
El magistrado Manuel García Castellón considera que los amaños se extendieron a otras comunidades e incluso otros países, y solo en Valencia, donde se han detectado mayor cantidad de irregularidades, se concertaron contratos por 151.585.386,22 euros entre 1999 y 2017. Cita que “en concreto, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunidad Valenciana y de la Catalana, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con Avialsa realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos consistentes en vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros”.
INVESTIGACIÓN EN GALICIA. Este proceso es fruto de diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, de diligencias de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Sagunto (Valencia) y del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla que se extendieron por otras comunidades y que en Galicia fue instruido en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santiago con la imputación del entonces director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, el ex secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Rural Fran- cisco José Vidal Pardo y el ex subdirector xeral de prevención contra incendios José Carlos Costas López.
La denuncia había partido de la CIG por adjudicación a la empresa Inaer (una de las que sentarán en el banquillo por formar parte del cártel del fuego de los helicópteros contraincendios por lo que consideraba un delito de prevaricación al no llegar la Xunta a publicar el concurso. En enero de 2018 el juez Andrés Lago decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones al considerar que la contratación había sido una decisión “ponderada y adecuada” para “la preservación del interés general”. Además, añadía que “no puede considerarse caprichosa o arbitraria”. “La necesidad de actuar no solo era necesaria, sino también acuciante y urgente con el fin de preservar no solo los recursos naturales, sino también la seguridad de las personas”, zanjaba el magistrado compostelano.
No obstante el juez Lago constata que la adjudicación “carece de la cobertura contractual que, en situación de normalidad, debiera existir”.
En el caso de Galicia no se investigó ni se planteó que, en contra de lo que ocurrió en Valencia o Cataluña, se hubieran producido regalos o entregas de dinero a cargos públicos o funcionarios.
Las empresas que formaban parte de este cártel del fuego acaparaban el mercado y forzaban a las administraciones públicas a aceptar sus exigencias ante la carencia de medios. De hecho, en el auto de García Castellón, se señala que “los empresarios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concurrirían a dichos procesos, en qué zonas de influencia y las sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas dentro del propio cártel”.
Una situación que, manifiestan a EL CORREO en fuentes del sector que prefieren guardar el anonimato, se mantiene en Galicia. “Todas estas empresas han sido contratadas por la Xunta, actualmente el servicio de Gardacostas con Babcock y Salvamento Marítimo en Santiago y A Coruña, casi todas ellas han cambiado de nombre pero siguen trabajando en el resto de la península. ¿Un ejemplo? Eliance es la fusión entre Coyoteair y Taf, literalmente están en este auto los anteriores dueños de ellas antes de ser comprados, pasa lo mismo con Pegasus que es la operadora de helicópteros de incendios, donde en el auto aparece como Faasa”.
“Todo sigue igual”, añaden las fuentes, “los contratos se dan con nombre y apellidos, hoy por hoy el tema está entre Babcock y Eliance. Se da la circunstancia de que, como ejemplo, renuncian a contratos como el de Castilla la Mancha donde no se ha presentado ninguna para que se amplíe el presupuesto previsto. Imagínate que las dos competidoras más grandes de Europa, de forma sorpresiva no se presentan a los concursos, se huele desde el otro lado de la galaxia que lo han hablado entre los jefes para pedir más dinero, de no subir la contrata no se presentan y quedan sin servicio. No les queda más remedio que aceptar. Llevan años funcionando de la forma que dice ese juez en el auto”.
¿ACTUACIONES MAFIOSAS? Las fuentes con las que contactó este periódico denuncian que actualmente en nuestra comunidad hay una empresa adjudicataria de un servicio de helicópteros cuyo contrato acaba en abril de 2023 cuando realmente tendría que concluir en septiembre de este año, pero al recurrir otra firma de la competencia se retrasó la entrada durante seis meses. Hoy por hoy y en las mismas condiciones no estaría interesada en seguir ya que, según dicen, no le salen las cuentas. ¿Qué va a ocurrir? Quieren más dinero, literalmente el doble, y ni Elliance ni Babcock, las dos compañías que se reparten el mercado, van a presentarse por lo que a la Xunta no le va a quedar más remedio que aceptar. Al ser un servicio esencial se aceptan siempre las condiciones que plantean y siempre tienen la sartén por el mango: si no se presenta nadie, automáticamente la firma actual seguirá trabajando hasta el siguiente concurso; eso sí, cobrando más”.
Esa es la clave. No hay competencia y las empresas se hacen fuertes al tratarse de servicios esenciales, la lucha contra el fuego o los helicópteros medicalizados, para los ciudadanos. .. y los gobiernos.
Relacionado con los contratos con estas compañías aéreas, como ya adelantó EL CORREO el pasado mes de abril, el personal del 061 de todas las bases con excepción de la de Santiago, es decir, médicos, enfermeros, técnicos y conductores del resto de bases, afirman estar saturados y demandan que desde el Sergas se atienda su petición de “un tercer helicóptero para cubrir la provincia de Lugo”. Actualmente funcionan dos, entre orto y ocaso, en las bases de la capital gallega y en la ciudad de As Burgas.
Según denuncian trabajadores de estos servicios “a la zona norte de la provincia de Lugo se llega antes por tierra que desde Santiago u Orense en helicóptero, siendo especialmente grave la situación en zonas como Pedrafita, Fonsagrada o Viveiro y toda la Mariña”.
Afirman que “es una demanda que conocen en las consellerías de Sanidade y Presidencia (responsable de la Axencia Galega de Emerxencias) y el propio Sergas” y añaden que “atender un infarto o un accidente grave en esas comarcas con los dos helicópteros actuales es materialmente imposible”.
INTENSA ACTIVIDAD. Más de cinco mil urgencias en el último lustro, un millar de mobilizaciones cada año, 1.058 concretamente en 2021, realizaron los dos helicópteros medicalizados que la Xuntaa tiene al servicio de la Consellería de Sanidade. Son una media de cuatro operaciones diarias de los dos aparatos que tienen sus bases en Barbadás (Ourense) y en Santiago y que cubren todo el territorio de la comunidad.
De los 1.058 vuelos realizados durante el pasado año 2021, el helicóptero medicalizado con base en Santiago se movilizó en 536 ocasiones mientras que el de Barbadás los hizo en 522, catorce menos. De estas, en el primer caso 39 fueron servicios secundarios frente a los 56 del segundo. “Se trata de servicios en los que resulta necesario el traslado del paciente desde un centro hospitalario hasta otro hospital para asegurar la atención idónea según las patologías sufridas”, según fuentes de Urxencias de Galicia.
Respeto a la resolución de las emergencias atendidas cerca del 60 % de las movilizaciones fue necesario el traslado de pacientes al hospital de referencia y en algo menos de 20 x% de las salidas se prestó asistencia sanitaria en el punto sin necesidad de traslado a un centro sanitario.
Con el tercer helicóptero se garantizaría un mejor servicio.