Las gallegas que sufren violencia de género pierden el miedo a declarar
En el tercer trimestre de este año un 64 % menos se acogió a esta dispensa en el juicio // Galicia tiene la segunda tasa de agredidas más baja de España, solo por encima de Navarra // Las denuncias descendieron en la comunidad un 8,3 %
La violencia de género sigue generando portadas en los periódicos con cada uno de los asesinatos de una mujer a manos de su pareja o expareja en España, pero la sociedad parece estar cada vez más concienciada de que esto es una lacra contra la que hay que luchar en conjunto. En el tercer trimestre de este año 2021, en Galicia descendieron un 64 % las víctimas de violencia machista que se acogieron a su dispensa a no declarar, por lo que todo parece indicar que están perdiendo el miedo a hablar y a contar sus experiencias, al menos ante un juez, si con ello logran ser escuchadas, una mayor concienciación y una condena para su agresor más justa para ellas. En el tercer trimestre de 2021 optaron por esta opción 131 mujeres, frente a las 364 que lo hicieron en el mismo periodo de 2020.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia este lunes, la tasa de violencia de género (mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres) se situó en Galicia en 11,4, la segunda más baja del Estado –cuya media fue de 18,2–, solo por detrás de Navarra.
De hecho, las comunidades con una ratio más baja que la media nacional fueron Cantabria (16,8), Castilla-La Mancha (16,6), Cataluña (15,2), La Rioja (13,8), Extremadura (13,2), Asturias (11,9), Castilla y León (11,8), País Vasco (11,6), Galicia (11,4) y Navarra (10,7). Y las más altas la de Islas Baleares, con 32,3 víctimas por cada 10.000 mujeres. También por encima de la media nacional se situaron Murcia (25,5), Comunidad Valenciana (24,3), Canarias (22,1), Andalucía (20,2), Madrid (19,2) y Aragón (18,7).
LA MAYORÍA DE DENUNCIAS SON POR ATESTADOS POLICIALES Además, los datos indican que los juzgados gallegos recibieron en el tercer trimestre de 2021 1.620 denuncias por violencia de género, un 8,3 % menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron 1.767. La gran mayoría de casos (1.325) llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncia de la víctima, indican los datos estadísticos hechos públicos este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Asimismo, descendió también el número de mujeres que aparecen como víctimas, pues entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020 se contabilizaron 1.764, frente a las 1.597 de este año en las mismas fechas, lo que supone una disminución del 9,5 %. Sin embargo, comparado con el tercer trimestre de 2019, las denuncias se sitúan en niveles similares y aumentan las víctimas. El año previo a la pandemia, entre julio y septiembre, se presentaron 1.680 denuncias, prácticamente las mismas que este año, y se contabilizaron 1.499 víctimas, un 6,5 % menos.
CASI 500 SENTENCIAS, EL 81,4 % CONDENATORIAS Los distintos órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) dictaron 478 sentencias entre julio y septiembre de 2021, una más que en el tercer trimestre de 2020, cuando emitieron 477. El 81,4 % del total de los fallos fueron condenatorios, informa Efe.
Durante el tercer trimestre de este año se solicitaron ante los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados de guardia 547 órdenes de protección, un 21 % menos que hace un año, cuando se demandaron 692. De ellas, fueron acordadas 367 (el 67 %), frente a las 426 del mismo trimestre de 2020. De esas 367 órdenes de protección, 296 fueron solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer. Además, entre julio y septiembre de 2021 los juzgados de menores enjuiciaron a dos personas por delitos relacionados con violencia sobre la mujer, mientras que el año pasado en el mismo periodo no fue juzgado ningún menor por procesos de violencia de género.
DATOS NACIONALES El número de víctimas y las denuncias en el tercer trimestre del año subieron un 5,22 y un 5,58%, respectivamente, en comparación al mismo periodo del pasado año, mientras que las órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer disminuyeron un 3,89 %. El CGPJ indica que se ha mantenido, “aunque de forma más contenida”, la tendencia al alza que se inició en el segundo trimestre tras el levantamiento de gran parte de las restricciones por la pandemia.
Además, se volvió a superar el máximo histórico de sentencias condenatorias al llegar al 79,22 % de todas las dictadas, un dato que destaca la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona. En el tercer trimestre, las víctimas sumaron 43.830, un 5,58 % más que en 2020 y una cifra similar a los de 2019 (43.349). Del total, 29.098 (66,39 %) eran españolas y 14.732 (33,61 %) de otras nacionalidades. De igual forma, las víctimas menores tuteladas se cifran en 140, 127 de ellas españolas.
Para Carmona, el hecho de que desde 2009 alrededor de siete de cada diez víctimas hayan presentado ellas mismas la denuncia pone de manifiesto, según indicó, “un aumento de la confianza en la acción de las administraciones”.
acuerdo. El Gobierno y las comunidades autónomas pactaron este lunes un nuevo título habilitante para acreditar a una mujer como víctima de violencia de género que incluye a aquellas cuyo agresor haya sido absuelto, entre otras. Así lo recoge la letra del acuerdo, alcanzado por la Conferencia Sectorial de Igualdad (integrada por el Ministerio de Igualdad y los consejeros autonómicos del ramo) el pasado noviembre.
El acuerdo, publicado este 13 de diciembre en el BOE, revela que la acreditación de naturaleza administrativa de las situaciones de violencia de género podrá ser solicitada por las mujeres que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar; víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído; o víctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose.
Además, podrán acceder víctimas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena u orden de protección que haya quedado inactiva, así como por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que, tal y como recoge el texto, no declare probada la existencia de la violencia.
Por otro lado, las víctimas a las que se haya denegado la orden de protección, pero existan diligencias penales abiertas; y cuando existan antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma, también podrán solicitar esta acreditación.
La decisión de quién obtiene esta categoría de víctima de violencia machista es competencia de las comunidades autónomas y son ellas las que deben realizar, tras la petición, la valoración previa de la acreditación a través de un equipo de intervención asistencial del servicio social, servicio especializado o cualquier otro recurso de la red de recursos al que esté acudiendo la persona usuaria, según recoge el texto que se ha autorizado. e.p.