Las transferencias, eje del debate en los cuarenta años de Estatuto

El Estatuto de Galicia cumple mañana cuarenta años y más allá de la retórica reivindicativa, ninguna fuerza política en la comunidad ve que éste, en plena pandemia, sea el momento de su reforma.

Por eso, PPdeG, Bloque y PSdeG ponen el foco en las transferencias pendientes. La coincidencia unánime en estos momentos está en la presión para que el Gobierno central proceda a la cesión de la gestión de la Autopista del Atlántico (AP-9). Al mismo tiempo, la Cámara autonómica también apuesta sin diferencias de colores por el traspaso de las competencias de la gestión del litoral.

La norma estatutaria celebra su cumpleaños tras un intento fallido de reforma a comienzos del milenio (2007), cuando era presidente de la Xunta el socialista Emilio Pérez Touriño, y vicepresidente el nacionalista Anxo Quintana, con el popular Alberto Núñez Feijóo en la oposición.

Mañana se cumplen 40 años de su promulgación, una ley orgánica que reconoció como “nacionalidad histórica” al territorio y cerró el capítulo abierto en 1936, cuando in extremis la ciudadanía gallega refrendó su estatuto, truncado por el golpe de estado que hizo estallar la Guerra Civil y precedió cuatro décadas de dictadura.

La actual norma realizó un largo recorrido que arrancó en la preautonomía. Uno de sus hitos remontan a enero de 1979, con la constitución de la conocida como Comisión dos Dezaséis (que ya venía de un debate y recogida de proyectos previos), y cuyo cometido fue la redacción del que sería el primer documento conjunto y de consenso estatutario. La propuesta del presidente preautonómico, Antonio Rosón, fue la de aglutinar a las fuerzas políticas parlamentarias y sin representación pero que habían presentado un proyecto estatutario, al que también contribuyeron entidades de la sociedad civil y cultural. En aquel grupo participaron la UCD, AP, PSdeG, PG, POG, PCG y PTG y una sola mujer, Lutgarda García Boente.

En los archivos del Congreso están las cerca de 400 discrepancias que se presentaron para la elaboración del dictamen de la ponencia, cuyos cambios introducidos desembocaron en la gran manifestación contra lo que se denominó el ‘estatuto da aldraxe’, del que habían quedado autoexcluidas sensibilidades políticas que luego fundaron el BNG, aunque algunos de los que participaron en aquel proceso como Camilo Nogueira fueron (y es) ahora destacado miembro de esta formación.

En uno de los debates finales en el Congreso, que antes tuvieron el conocido como Pacto do Hostal para limar las asperezas y que el texto fuese adelante, era el de aquella exministro de Franco y representante de Alianza Popular, Manuel Fraga, que pocos años después se mantuvo, bajo las siglas del Partido Popular de Galicia, 16 años al frente de la Xunta autonómica.

Fraga defendió el voto favorable al artículo 5º, que establece la categoría oficial de la lengua gallega y rechazó las enmiendas que se habían presentado. “Hay un estatus para la lengua franca de todos los españoles, un estatus para la lengua oficial dentro del Estado que hay el derecho y el deber de conocer y un estatus de oficialidad para las otras lenguas inscritas en los estatutos. Existe una protección además para otras vanidades y todo lo demás son ganas de buscar tres pies al gato”.

Tras rechazar que “en Galicia no había una lengua oprimida”, defendió el artículo 5º del Estatuto vigente: “En todo caso, este artículo dice todo lo que tiene que decir: que el gallego es la lengua propia de Galicia, que el castellano y el gallego son los dos idiomas oficiales, que se prohíbe la discriminación y se aconseja la potenciación del gallego. Esto es lo que hay que decir y no otra cosa”.