Las víctimas del accidente del Alvia piden una investigación independiente antes del juicio
La Asociación Víctimas del Alvia 04155 celebra que por fin se haya fijado una fecha para la vista oral del juicio por el accidente ocurrido en Santiago en julio de 2013, en el que murieron 80 personas y 140 resultaron heridas. Lamenta, sin embargo, que cuando acabe el juicio, habrán pasado diez años desde que se produjo el desgraciado siniestro y recuerdan, en este sentido, que “una justicia lenta no es justicia”. En un comunicado, la plataforma de víctimas insiste además en una de las principales reivindicaciones en los últimos años: que se realice la investigación técnica independiente sobre el accidente que, tal y como señalan, reclama Europa. Exigen que se haga ya la investigación para que los resultados puedan incorporarse al proceso judicial, que comenzará en la capital gallega el próximo mes de septiembre y que durará ocho meses.
La plataforma apunta, por otra parte, que la demora en el inicio del juicio “no es casual”, y acusa a las “las diferentes instituciones del Estado” de ser responsables del retraso. En este sentido, observa que la causa judicial ha tenido cambios de jueces; “inacción” de su primer fiscal: “ocultación” y “demora” en la entrega de documentos por parte del Ministerio de Fomento, del operador Renfe y del gestor de infraestructuras Adif; falta de experiencia de los peritos aportados por la Xunta que “demoraban y plagiaban otros informes” y retrasos y errores en la instrucción.
En cualquier caso, la asociación indica su “satisfacción” por la propuesta para abrir el juicio en el que estarán acusados el maquinista del tren accidentado, Francisco Garzón, y el exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte.
Este último está considerado responsable de que Adif no realizase en dos ocasiones el preceptivo análisis de riesgos para poner en servicio la línea ferroviaria.
Ese requisito era necesario tras las modificaciones del trazado original cuando ejercía de ministro de Fomento José Blanco, y después de que su sucesora en el cargo, Ana Pastor, procediera a la desconexión del sistema europeo de frenado automático de trenes Ertms porque “generaba retrasos”.
No obstante, las víctimas también apuntan a la responsabilidad de Renfe en el siniestro, del que ningún responsable será juzgado, pese a la existencia –denuncian– de un escrito de un jefe de maquinistas acerca de la peligrosidad de la curva de A Grandeira, en Angrois, en las afueras de Santiago de Compostela donde descarriló el tren el 24 de julio de 2013 por exceso de velocidad.
Finalmente, la asociación denuncia que las autoridades hayan intentado, con presiones, imponer una versión de que el maquinista “era el “único responsable” y subrayan su incomprensión acerca de “cómo es posible que el Ministerio de Fomento autorizarse poner en servicio esa línea sin el preceptivo análisis de riesgos.
“Hemos ido conociendo hechos muy graves que jamás se juzgarán en los tribunales”, concluye la asociación, no sin dejar de advertir una “clara responsabilidad política” en los mismos y de pedir “verdad y justicia” para todos los afectados.
