Liñares niega unos sobornos que los pagadores dicen haber abonado
El expresidente de la CHMS sostuvo que declaró coaccionado por la jueza Pilar de Lara// Los empresarios insistieron en que le entregaban el dinero en sobres
“Yo no estaba para nada en el tema de contratación. En mi despacho nunca hubo un expediente de obras y nunca llegué a custodiar ningún documento relacionado con los contratos que formalizaba la propia confederación”. Fue la declaración del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, que ayer se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo para responder por los delitos de soborno y prevaricación cuando estaba al frente del organismo de cuenca. Y más tajante fue, todavía, cuando , negó haber recibido dinero por la adjudicación de obras a determinadas empresas.
Fernández Liñares, que solo aceptó contestar a preguntas de su abogado, Evaristo Nogueira, dijo que es “absolutamente falso” que alguna vez hubiese cobrado sobornos a cambio de la adjudicación de obras contratadas por el organismo de cuenca, además de precisar que él no era el encargado de esos procesos en la Confederación Hidrográfica. Además, recordó que en esos procesos de contratación, para garantizar el “buen funcionamiento” de la CHMS, se incluyó la presencia del abogado del Estado y del interventor de Hacienda.
También dijo desconocer si realmente existían acuerdos previos entre las empresas que optaban a esos concursos para repartirse los contratos de la CHMS, aunque dijo que no le extrañaría.
“No me extraña nada que las empresas tuviesen acuerdos previos”, dijo a preguntas de su abogado, algo que a su juicio es posible “por la derivada no querida de la publicidad” que había que darle “a los contratos públicos”. “No lo sé, pero sospecho que podía haber ciertos convenios entre ellos”, añadió, aunque añadió que lo desconocía.
“HUBO PAGOS”. El resto de los acusados repitieron un patrón de respuestas a la Fiscalía, que también siguió un esquema de preguntas igual –salvo algunas especificidades que afectaban a algunos de ellos–. De esta manera, aseguraron que eran invitados a las adjudicaciones de forma previa, que en algunos casos se encargaron de buscar a las empresas competidoras y que tenían relación o trato personal con el propio Liñares, ya fuera de antes o por ser una persona pública en aquel momento.
Además, de forma general, declararon que o bien vía correo electrónico o por carta, recibían esas invitaciones. Algunos dijeron que pactaban cuantías con Liñares que abonaban después de la contratación y que entregaban el dinero “en sobres” personalmente, aunque uno de ellos aseguró que lo hizo a través de otra persona.
Preguntados por los motivos por los que hacían entrega de estas cuantías, uno de los empresarios dijo que tenía que ver con una petición expresa de Liñares “para un amigo” que lo necesitaba, otros que eran porque el propio presidente “necesitaba” el dinero y como tercer argumento se habló de un acuerdo entre ambas partes relacionado con el acceso a la concesión de las obras. “Primero... porque hablando juntos, tenía muchos gastos, y bueno, la política y tal, pues te doy algo”, manifestó uno de los testigos.
Por otro lado, el principal acusado aclaró también la cuestión del chófer. La Fiscalía acusa a Liñares de que el conductor contratado hizo “desplazamientos personales” del acusado, “hasta el punto de que en Semana Santa de 2011 ordenó transportar hasta Lleida una partida de angulas como obsequio a un alto cargo del ministerio”. En el juicio, Liñares dijo que los desplazamientos eran de carácter oficial y que se hacía cargo de los gastos de dietas y otros la empresa a través de la cual se habían contrato los servicios.
En su comparecencia, Liñares aprovechó el pie de las preguntas de su abogado, que en alguna ocasión le pidió que se ciñese a lo que le estaba preguntando y fuese más escueto, para decir que él firmó la declaración ante la jueza De Lara por “presiones” y porque le “amenazaron” y pensaba que le “iban a tirar la casa del puente”. “Yo me lo creí”, afirmó el acusado, que dijo que se sintió “coaccionado” durante “cuatro días” .
Este pensamiento, argumentó, vino dado a que escuchó decir que estaba “el cerrajero” y “la máquina” y que efectivamente llegó a ver al cerrajero. También lamentó que le “reventasen” una caja fuerte que había comprado en un anticuario y que “nunca” había guardado nada y ello, añadió, pese a que aseguró que conocía la clave de apertura”
Cara y cruz en las pretensiones de la defensa de Francisco Fernández Liñares. Por un lado la Audiencia Provincial de Lugo declaró “la nulidad” de sus declaraciones efectuadas después del 23 de septiembre de 2011, aunque no las actuaciones previas ni los demás “actos procesales” que figuran en la causa contra él por prevaricación y cohecho.
Su abogado, Evaristo Nogueira, solicitó “la nulidad de absolutamente todo el proceso” al considerar que su patrocinado estuvo “privado de libertad de forma irregular”, insistiendo en que las declaraciones realizadas ante la jueza Pilar de Lara estaban viciadas al ser realizadas “en una situación de privación de libertad irregular” con el agravante, en su opinión, de que “declaró cuatro veces”, la primera de ellas “sobrepasado, y no por poco, el límite de 72 horas” establecido por la ley para “una detención judicial”.
Desde su punto de vista, se produjo “un atentado contra el derecho a la libertad”, porque no ha existido “una resolución judicial amparada en derecho” para enviarlo a prisión, de donde salió por orden de la propia Audiencia Provincial. “En un proceso penal hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar. Aquí se han traspasado”, dijo Nogueira, porque “no es igual declarar en situación de libertad” que privado de ella “en un centro penitenciario”.
“No es lo mismo declarar de una forma que de la otra”, añadió el letrado, quien también precisó que “no todo vale”. En ese sentido, Nogueira le pedía a la sala que fuese “especialmente garantista”, porque “si las normas jurídicas se aplican de forma defectuosa, tiene que tener su consecuencia”. Finalmente, la sala declaró la nulidad de las declaraciones efectuadas por Fernández Liñares una vez superado el período máximo de detención. En todo caso, añadió el tribunal, no queda anulado “lo actuado anteriormente” en la causa ni tampoco los demás “actos procesales” que figuran en el procedimiento judicial.
Esta vista oral se trata de una pieza separada de la Operación Pokémon, que fue instruida por la jueza Pilar de Lara, y es la primera que llega juicio tras las sucesivas anulaciones de la propia Audiencia Provincial ante las dilaciones de la magistrada.
El ministerio público aclaró que las “posibles irregularidades” cometidas durante “su mandato como concejal” no “son objeto de investigación” en el procedimiento que se está juzgando.