Los 204 millones por el IVA de 2017 que exige la Xunta están más cerca

Los 204 millones que se le adeudan a la comunidad por la liquidación del IVA de 2017 y que la Xunta lleva muchos meses exigiendo –de hecho fue la primera en levantar la voz– están más cerca de acabar en Galicia después del varapalo asestado al Gobierno por parte del Supremo.

El Alto Tribunal estimó finalmente el recurso presentado por la Junta de Castilla y León, obligando al Estado a pagar a esa comunidad 182 millones, en lo que es “la primera sentencia dictada en España al respecto”, según destaca el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco.

Un fallo que se recibió con esperanza en Galicia, donde el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez auguró en una comparecencia en el pleno del Parlamento para informar de la clausura del ejercicio del 2020 que “todo indica” que el recurso gallego seguirá este mismo camino.

“Creo que sí, pero tengamos la suficiente prudencia para esperar la sentencia, que en todo caso respetaremos, pero todo indica que los 204 millones que tanto hablamos en este Parlamento tendrá que venir a la comunidad autónoma porque son de todas las gallegas y los gallegos”.

Durante su intervención, el responsable del departamento autonómico recordó que el pasado 13 de abril el Tribunal Supremo ya vio el recurso contencioso-administrativo presentado por la Xunta a este respecto en agosto de 2020, “después de agotar todas las vías”, y en septiembre se presentó el de Castilla y León.

En concreto, la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros.

El Ejecutivo regional solicitaba al Gobierno de España que se pagaran a la comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones, a lo que se suman las cantidades relativas al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que ascendían a otros 61,51 millones. Esta última cuantía corresponde a 30,98 millones del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 del Fondo de Cooperación.

Con este fallo el Supremo “reconoce” la “importancia” de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos en el recurso, destaca el Ejecutivo regional. Así, prosiguen, la Junta "intentó llegar a una solución consensuada previa a la judicial, y realizó en los últimos dos años numerosos intentos para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación correspondientes al IVA".

“Castilla y León gana y Sánchez pierde”, enfatizó el presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, en su intervención en las Cortes de Castilla y León tras conocer la sentencia.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, valoró en Twitter la "histórica sentencia" , la primera dictada en España en este sentido, que abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación y que podría suponer el pago de hasta 4.150 millones de euros.

De hecho, otros territorios como Andalucía se mostraron confiados en que les ocurra lo mismo que a Castilla y León tras el "varapalo" del Alto Tribunal a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en palabras del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs). También el Gobierno asturiano, en manos del socialista Adrián Barbón considera "un buen precedente" el fallo del Supremo, aunque eludió hacer una valoración más extensa del fallo.

El portavoz el Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ya adelanta que van a interpelar en el Pleno del Senado a María Jesús Montero sobre la sentencia. La ministra responsabilizó en su día al PP del impago por no apoyar los Presupuestos Generales de 2019 que, según ella, era la única base legal para compensar el mes perdido.