Los autónomos gallegos piden agilidad en las ayudas por su “agónica” situación

La Federación de Autónomos de Galicia avisó este viernes de su “agónica” situación originada por la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias y piden agilidad en la inyección de ayudas a todos los sectores para evitar el cierre de miles de negocios.

“La recuperación es un espejismo”, indica este colectivo en un comunicado de prensa, en el que afean al Gobierno su “lentitud” del “todo intolerable” a la hora de poner en marcha los mecanismos de ayuda a través de los planes europeos.

Así, reivindican “ya” ayudas directas, exoneración de cuotas sociales, condonación de impuestos durante el período de alarma, prórroga de los ertes y prestación por cese de actividad hasta final de 2021.

El primer trimestre del año cierra con 83.566 afiliados menos en el conjunto del sistema y con 3.274.823 autónomos, una cifra que en Galicia es de 207.552, apenas 92 más que a final de febrero, detalla .A Coruña suma 84.385 autónomos, 48 más que hace un mes; le sigue Pontevedra, con 66.967, 76 más que a final de febrero. Lugo alcanza la cifra de 32.987 afiliados al Régimen de Autónomos, 2 má y Ourense, que llega a 23.213 autónomos, 34 menos que el 28 de febrero.

La federación de autónomos asegura que todavía no ha habido “un desplome” de cifras por la prestación por cese de actividad que perciben unos 30.000 autónomos gallegos, la situación de ERTE en la que todavía se encuentran más de 34.000 trabajadores en Galicia y los planes de rescate autonómicos que han ayudado a casi 40.000 autónomos, especialmente de la hostelería. Ello unido a la “la enorme capacidad de aguante, resistencia y adaptación a las circunstancias por parte de los empresarios y profesionales autónomos”.

No obstante, recuerda que su afiliación en Galicia sigue en “mínimos históricos”, y de los 207.552 actuales, 21.703 son del antiguo sistema Agrario, y el resto, 185.849, son los autónomos propiamente dichos, del RETA. Y recuerdan que todas estas ayudas conllevan la obligación de los receptores de las mismas, de continuar dados de alta en el sistema de la seguridad social, aunque no tengan actividad.

“No se trata de un problema de viabilidad de las actividades, ni siquiera de solvencia empresarial, se trata de una disminución de facturación provocada por una orden de paralización de actividades dictada por la autoridad, que ahora tiene la obligación de hacer todo lo posible para mantener y recuperar esas actividades”, exige en la misma nota la federación.

Consideran que para evitar el desplome de actividades sin precedentes en los próximos meses, será necesario inyectar a todos los sectores, no solo a los 95 inicialmente seleccionados, las ayudas aprobadas en el Real Decreto Ley que se supone que pone en circulación 7.000 millones de euros del Plan de Rescate a través de fondos europeos. En otro caso, más de 100.000 Autónomos y sus empleados y familiares tendrán que cerrar sus negocios definitivamente. España se encuentra actualmente con una cifra oficial de cuatro millones de parados, a los que hay que sumar el medio millón de Autónomos cobrando el cese de actividad, el casi millón de personas cobrando los ERTES y, por tanto, sin trabajar y otro medio millón más o menos, que están realizando cursos de formación y no constan oficialmente como parados, aun siéndolo. Cerca, pues, de seis millones de personas que, queriendo trabajar, no pueden hacerlo. Un problema económico y una lacra social que puede terminar estallando.

A su juicio, tras un año de pandemia, dos estados de alarma y sucesivas prohibiciones y restricciones de actividad y movilidad “el resultado es pavoroso” y “el tejido productivo se muere poco a poco, se encuentra en coma vegetativo con respiración asistida y sin ver una salida clara, en un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica totalmente inaceptable”.