Los ayuntamientos dejan de ingresar unos 45 millones por el impuesto de plusvalía

Los ayuntamientos gallegos calculan una merma en la recaudación de 45 millones con el nuevo Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), más conocido como plusvalía, al adaptarlo a la ley estatal que modifica la base de cálculo cuando se realiza una venta, herencia o donación de inmuebles.

“Hay una sentencia y como no puede ser de otro modo los ayuntamientos estamos cumpliéndola”, según explican por parte de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) a Europa Press. Así, reclama que “se articule un mecanismo de compensación” por esa caída recaudatoria que prevé de 45 millones. Supone cerca del 2 % de la recaudación local.

En octubre de 2021, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales, que establecen un método para calcular el denominado impuesto de plusvalía, por asumir que el suelo urbano siempre se revaloriza. Tras la aprobación del nuevo decreto que modifica este impuesto, en noviembre de 2021, se daba seis meses a los municipios gallegos para adaptar las ordenanzas fiscales a esta cuestión.

De este modo, existen disparidades entre la situación en cada municipio. El Ayuntamiento de Vigo destaca que ya fue “el primero” en la adaptación al nuevo impuesto, de forma que ya se ha publicado, y se estima una merma del 30 %. En años pasados recaudaba en torno a 10 millones por este concepto.

En cambio, en Santiago, la concejala de Facenda, Marta Abal, explica que todavía “se está tramitando” la modificación de las ordenanzas fiscales para realizar esta adaptación, de forma que su intención es que se pueda “llevar a pleno este mes”. En la capital de Galicia, se estima que la bajada en la recaudación será en torno al 20 %, unos 700.000 euros menos.

Igualmente, el Ayuntamiento de Pontevedra está tramitando la modificación de la ordenanza, “después de haber hecho una consultaa la Dirección Xeral de Tributos que permite la aplicación de la ley mientras no se tramita la modificación de la ordenanza”. La repercusión en la recaudación puede ser de un 35 por ciento, alrededor de los 750.000 euros.

El pleno del Ayuntamiento de A Coruña aprobó el pasado mes de marzo la modificación de la ordenanza reguladora de este impuesto. A partir de ahora, todas aquellas personas que demuestren que no obtuvieron beneficios en la transmisión de un bien quedarán exentas del pago del impuesto, siempre y cuando acrediten la no existencia de beneficios mediante la documentación que así lo certifique. El cambio supondrá para las arcas coruñesas una merma en sus ingresos de 2.170.000 euros, cifra ya incluida en los presupuestos del 2022.

En el Ayuntamiento de Ourense, hubo en abril una aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto. La estimación es de recaudar un 32%, casi 2,5 millones de los alrededor de 7 millones que recaudaba. La edil responsable de Hacienda, Ana Fernández Morenza, demandó en su día al Gobierno que crease un fondo específico de ayuda a los ayuntamientos por las mermas económicas.

Por parte del Ayuntamiento de Ferrol no se ha facilitado información acerca de la tramitación ni estimación de la merma. Con todo, la recaudación prevista en 2021 supuso unos 1,8 millones.

LUGO NO ESPERA CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN. En Lugo, sin embargo, se indica que ya está actualizada conforme a la normativa vigente y el gobierno local “estima que no sufrirá una merma de la recaudación por ese concepto, sino todo lo contrario”, explican fuentes municipales a Europa Press.

La edila de Gobernanza, Paula Alvarellos, remarca que “su entrada vigor supone un gran avance en cuanto a la simplificación administrativa, en tanto favorece la tramitación telemática, pero también para la liquidez de las arcas municipales, ya que la aplicación de la sentencia del Constitucional y la del Real Decreto 26/2021 de 5 de marzo da la posibilidad a las y a los contribuyentes de escoger la fórmula de cálculo que consideren más adecuada y proceder a su autoliquidación”.

Aunque los ayuntamientos debían adaptar sus ordenanza antes del 9 de mayo a la reforma el impuesto municipal de plusvalía, los inspectores de Hacienda local avisaron recientemente que la inmensa mayoría de municipios españoles no han elaborado la ordenanza fiscal que recoja la modificación, por lo que aplican la norma estatal.

“Es verdad que el plazo era 6 meses pero no era obligatorio”, explicado el presidente de la asociación. Sobre este cambio tras la sentencia del Constitucional, los inspectores aseguran que el funcionamiento está siendo normal en cuanto a la gestión y se están realizando “devoluciones masivas”. Pese a todo, y aunque esperan que haya algún cambio en el proyecto de ley, los inspectores lamentan que haya habido una cierta “amnistía fiscal” para aquellos que debería haber declarado la plusvalía años antes de la sentencia, que ahora se ven “absolutamente libres”.