Los conflictos por lindes en fincas gallegas cuestan 20 millones al año
La Asociación Española de Geómetras Expertos detalla 3.126 casos judiciales en dos décadas de 31.000 en España
El elevado número de parcelas en España y el sistema de registros inmobiliarios, poco coordinados y mejorables, contribuyen a provocar que los conflictos por la delimitación de fincas representen un coste anual de 200 millones de euros. Así lo detallan desde la Asociación Española de Geómetras Expertos (Aegex), donde recuerdan que en el conjunto del Estado hay 39 millones de fincas rústicas y 3 millones urbanas, que alcanzan un valor del suelo total de 500.000 millones, o lo que es lo mismo, el 30 % del PIB.
Estos expertos, que luchan porque se incorpore su profesión, geómetra, como controlador en el registro de la propiedad para agilizar la ubicación y delimitación geográfica, argumentan que “solo en Galicia hay más parcelas que las que suman Suecia y Noruega: 11,5 millones de 1,6 millones de titulares”, según destaca Alejandro Guinea de Salas, presidente de Aegex.
En un comunicado explican que los datos oficiales sobre la propiedad de estos cientos de miles de fincas y parcelas “abruman y describen un paisaje de caos administrativo, judicial y social”. Basta con consultar, alegan, el Catastro y diferentes organismos del poder judicial –Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, TSXG...– para confirmar la magnitud del problema: cada año se abren 3.000 procedimientos judiciales relacionados con linderos, titularidades, conflictos o expropiaciones, entre otros, que cuestan a administraciones y particulares los citados 200 millones de € al año.
Consultamos a Aegex sobre la situación específica de Galicia, y su coordinador, Pedro J. Ortiz Toro, quien citando la estadística sobre casos judiciales, certifica que hubo 3.126 en los últimos 20 años, de los 31.000 en toda España. Extrapolando cifras, siendo los gallegos el 10 % del total, ascenderían a “unos 20 millones anuales” el coste que se paga en la autonomía.
Ortiz Toro aprovecha también para destacar que “hay poca transparencia en los datos y no existe un estudio consistente del alcance de este problema, pues no creo que interese a muchos de los que operan en el mercado inmobiliario”. A su entender, dice con dureza, “la falta de transparencia favorece los intereses especulativos y corrupción política con un claro damnificado, el ciudadano”.
El culpable, el particular
Esta asociación pone el foco en el sistema de registros de inmuebles, y en concreto en una de sus principales fuentes de conflictos: toda la responsabilidad recae sobre el usuario. “El ciudadano tiene unas obligaciones que, quizá por ser lego en la materia, producen efectos perjudiciales”, apuntan en Aegex. “Es él el que tiene que comunicar al catastro que es el titular, pero solo está obligado a inscribir en el Registro de la Propiedad en supuestos muy concretos como cuando hay un crédito hipotecario!. La curiosidad de estos dos caminos tan diferentes, explica, es que “en la práctica, lo que sí es obligatorio no se practica, y el Catastro tiene que inspeccionar de oficio. Y lo que no es obligatorio, se da con mucha frecuencia, y casi cualquiera que adquiere un inmueble lo inscribe después de escriturarlo ante notario”. Esto supone una indudable seguridad jurídica, pero acusa de forma importante una falta de representación gráfica de terreno.
Soluciones
Según estos profesionales, “hay una grave problemática en la identificación geométrica de una propiedad, ya que la descripción que aportan el Catastro y el Registro de la Propiedad no suelen coincidir”. Cada uno obtiene esta información –como datos de superficie o colindantes– por su cuenta, y “puede darse el caso de que una finca lleve inscrita 100 años, pero su descripción sea tan vaga que no se pueda verificar que la nueva sea la misma, y aquí surgen los conflictos por la titularidad y la ocupación indebida”, alerta Ruben Martínez Naveira, secretario general de Aegex. “Con la reforma legislativa de 2015 se impide que se pueda crear una finca registral sin una precisa identificación de su ubicación y linderos georreferenciada en sistema oficial, pero este sistema es mejorable, ya que se sustenta exclusivamente en la cartografía catastral que tiene una alta incertidumbre sobre la ubicación y linderos precisos reales”.
La asociación cree que para ello hay que incorporar dos elementos que supondrían un cambio de paradigma. Por un lado, una firme apuesta por incorporar la obligatoriedad del deslinde para los casos que ya contempla la ley actual, y por otro, la inclusión del geómetra como figura de control, con el mismo estatus que el del notario, para atestiguar transacciones y alteraciones, y ofrecer control sobre la definición del inmueble en todos los escenarios, el municipal y el resto de las administraciones. Algo que ya ocurre en países como Francia. “No puede ser que no haya una normativa que obligue a dar seguridad sobre una propiedad”, concluyen.
··· La producción de hormigón preparado cayó en 870.000 metros cúbicos en el segundo trimestre en España, un descenso del 13,9 % con respecto al mismo periodo del año anterior y del 14,6 % en el acumulado del primer semestre. En estos seis meses bajó a 10,79 millones de m3, que en igual periodo de 2019 se situaron en 12,6.
··· Los 741.255 m3 de hormigón producidos en Galicia representan un descenso cercano al diez por ciento frente a los 823.022 de enero a junio del año pasado.
··· Anefhop, asociación que agrupa a los fabricantes de hormigón, mostró su confianza en que el Plan de Recuperación que ha lanzado Moncloa reactive su actividad.
Santiago. Galicia es la comunidad del norte de España con el precio medio de vivienda nueva y usada más bajo, con 1.209 euros el metro cuadrado. Aun así, este precio supone un aumento del 1,5 % respecto a junio de 2019 y un incremento de un 0,8 % durante los primeros seis meses de 2020, pese a la covid-19.
Así lo certifica la Sociedad de Tasación en un informe focalizado en las autonomías norteñas, donde a mediados de este pandémico ejercicio encabezaba el ranquin con 2.248 €/m2 el País Vasco –también en revalorización, con un alza del 2,3 % interanual y del 1 % entre enero y junio–, seguida de Cantabria (1.492 €/m2), Navarra (1.415) y de Asturias (1.349 €/m2).
Son gallegas las tres provincias con el valor medio más bajo para el ladrillo, con Lugo como farolillo rojo con sus 877 €/m2, a continuación Ourense con 1.011 y A Coruña con 1.248 euros por metro cuadrado. Sociedad de Tasación apunta que aún siendo las que cierran la lista, todas se han revalorizado. Pontevedra es la más cara de Galicia con 1.272 €/m2, que apenas representan la mitad de los valores de la provincia media más cara en el norte, Guipúzcoa, que alcanza 2.524 €/m2.
Detalla el estudio que el Índice de Confianza Inmobiliario cayó de forma generalizada en toda España, aunque en las comunidades del norte superan la media nacional. En el caso gallego experimentó un descenso de 8 puntos desde diciembre de 2019, situándose en los 44,9.
El Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que mide los años de sueldo íntegro que un ciudadano medio debe destinar para la compra de una vivienda tipo, bajó en Galicia a 6,8 años al cierre del tercer trimestre, cuatro décimas menos que hace 12 meses. S. R.