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animales. El Consejo de Ministros aprobó este viernes, entre críticas de todos los sectores, el anteproyecto de ley de derechos de los animales, con varias novedades dirigidas a prevenir y evitar el maltrato y a mejorar su bienestar TEXTO Ángela Precedo

Los inconvenientes de prohibir la venta de mascotas en tiendas

Las mascotas se han convertido desde hace tiempo en un miembro más de las familias. Casi todas tienen un perro, un gato, un pájaro, un conejo o mismo un pez que las acompaña en casa. Pero, lamentablemente, no todo el mundo tiene la misma conciencia sobre el sentir de los animales y, por ello, siguen aparenciendo casos de maltrato animal y de abandonos a diario.

En este contexto, el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró este viernes analizó y aprobó el anteproyecto de ley de derechos de los animales, que incluye en su texto numerosas novedades dirigidas a prevenir y evitar el maltrato animal, a reducir su sacrificio y a mejorar su bienestar para su posterior tramitación parlamentaria.

El borrador de la futura ley, que depende de la Dirección General de Derechos de los Animales, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está redactado desde el pasado 6 de octubre, pero ha permanecido en un cajón durante estos meses. Ahora vuelve a salir a debate esta primera ley estatal que regula la relación con los animales de compañía y responde, según Unidas Podemos, su promotora, al “sentir de la sociedad”.

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y DE LA VENTA PARTICULAR. Entre las novedades que incluye la redacción, el Gobierno quiere prohibir la cría de mascotas a particulares, de modo que solo pueda ser efectuada por criadores profesionales, quedando prohibida la compra-venta de animales en tiendas de mascotas, que tampoco podrán exhibirlos en sus escaparates. Esto ha generado un importante malestar entre los propietarios de estos establecimientos, a los que EL CORREO ha querido dar voz.

“Si no podemos vender animales siendo una tienda de animales, que me lo digan ya, que cambio de gremio, pero que no me estén cobrando impuestos cuando no me dejan vender aquello por lo que estoy pagando”, recrimina Carlos, propietario de una de las dos tiendas de animales más longevas de Santiago: Animalia. No tendría inconveniente en “adaptar las jaulas o lo que me digan a la nueva normativa, pero que no vengan a decirme que no puedo vender un animal, porque de ser así que no me cobran tampoco el IVA”.

Por parte de Juan Carlos, propietario de un establecimiento en O Milladoiro, supone una auténtica “aberración” el documento, que considera “innecesario”, porque “ya nos atenemos a una ley del 2017 que regula muy bien nuestra actividad”. “Las tiendas de animales somos las autorizadas a vender las mascotas”, asevera, y cree que si no les dejan hacerlo, “van a fomentar que sean los particulares los que vendan mascotas a través de Internet, donde páginas como Milanuncios se ven plagadas de este contenido”.

Juan Carlos explica que esto genera una auténtica “economía sumergida” y “una competencia desleal contra la que no podemos competir”. Y es que el Seprona es el organismo autorizado a realizar inspecciones de los animales en las tiendas, o lo era hasta ahora, pero “no vigila a los particulares, que son el principio del problema”. Esto sucede principalmente con peces y gatos y, con los animales que precisamente deja fuera de esta prohibición la ley, los peces, no sucede, “porque es mucho más difícil criarlos y todos vienen con su factura”.

En caso de que no se meta mano en la explotación de la cría por parte de particulares y siga incidiéndose sobre las tiendas de animales, “también nos veremos obligados a saltarnos la ley y surtirnos de animales a través de particulares, porque en las empresas legales, en los criaderos, tenemos que pagar impuestos y precios desorbitados, y no podemos competir con el precio de un cachorro al doble que el que pide un particular”.

REGISTRO OBLIGATORIO QUE YA EXISTÍA. Además, solo con la autorización de venta en las tiendas se puede garantizar la “trazabilidad” de los animales, en opinión de Juan Carlos, pues “nosotros tenemos que llevar un libro de registro de mascotas, en el que se incluyen las compras en sitios autorizados, la cartilla veterinaria y demás requisitos legales para exponerlos en tienda”. Con el nuevo texto parece que se pondrá en marcha un Observatorio Estatal de Protección, un registro de criadores, y que estos serán los únicos facultados para vender animales.

“La gente llega al establecimiento y ya preguntan si podemos o no podemos vender”, como si la ley ya estuviese aprobada, lo que nos está perjudicando mucho, porque “se está generando alarma social”. A estas alturas son muchas las personas que ya no saben donde adquirir una mascota y no compran ilegalmente por convicción, o por abaratarse los costes, sino por desconocimiento de dónde poder hacerlo.

DISCRIMINACIÓN HACIA LAS ZONAS RURALES. Otra gran problemática es la forma de concebir la tenencia de animales en función del espacio geográfico. No es lo mismo tener una vaca, un gato y tres perros en Galicia, donde las casas disponen de grandes huertas, que tener cinco gatos en un piso de Madrid. En este sentido, Teodoro, propietario de la Pajarería Teodoro de Padrón, critica que “no es de sentido común que una persona en casa tenga cinco animales y por ello le obliguen a sacar el certificado de núcleo zoológico, porque eso aquí en el rural es una forma de vida”.

Y es que tener muchos animales “no significa tenerlos mal cuidados ni maltratarlos”. “¿Tú te crees que una persona que me ha llegado a mí a pagar 3.000 euros por una pareja de pájaros los va a descuidar”, se plantea. “Es muy bajo el porcentaje de gente que tiene animales descuidados, pero con esta ley van a hacer que se vuelva a lo de antes, a que la gente tenga que tener en casa animales ocultos y sin llevar al veterinario para no tener que declararse núcleo zoológico”, considera, y es que en cualquier casa del rural una familia dispone perfectamente de más de cinco animales.

Esterilizar por norma y no mantenerles siempre en balcones, terrazas o sótanos

Santiago. El anteproyecto de la ley de protección de los animales también incluye muchos otros aspectos controvertidos que han suscitado las críticas de protagonistas y actores implicados. Entre ellos, destaca la oposición de la Organización Colegial Veterinaria sobre las vías propuestas por el Gobierno para lograr el sacrificio cero de animales, ya que el texto propone prohibir “expresamente” el sacrificio de animales y únicamente se procederá a eutanasiarlos de manera justificada y bajo criterio y control veterinario, para evitar su sufrimiento en caso de heridas incurables, por seguridad para las personas o animales o de la existencia de riesgo para la salud pública o causas medioambientales debidamente motivados normativa y científicamente.

El presidente de la Organización, Luis Alberto Calvo, calificó de “contradictorio” y “carente de rigor científico” el borrador, como “hecho por personas que no saben”. Por poner un ejemplo, lamentó que esta ley “le quite a los animales su derecho a la reproducción para garantizar la perpetuidad de la especie, al obligar a su esterilización mientras que prohíbe, por ejemplo, amputar una cola a un perro para evitarle un problema en su columna”, amparándose en que el animal sufre. En este sentido, reivindica que “no se puede esterilizar por ley, es un contrasentido con el propio bienestar de los animales”.

Del mismo modo, Calvo prohíbe el uso de animales de forma ambulante como reclamo y queda prohibido ejercer la mendicidad valiéndose de ellos, así como someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad respecto a sus características y estado de salud.

Igualmente prohíbe el uso de pinchos, correas, collares y otros similares que ahorquen, o aparatos eléctricos, y no autoriza el silvestrismo ni alimentarlos con vísceras, cadáveres o despojos. Tampoco podrán ser premio de recompensa, por rifa o promoción, ni se los podrá mantener permanentemente en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares.

La futura norma contempla, asimismo, el fin de las granjas de visones, puesto que el reglamento sancionador prevé multas de 30.001 a 100.000 euros por criar visones para obtener su piel. ecg

19 feb 2022 / 00:00
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