“Los que están en peligro de extinción son los ganaderos”

Las organizaciones de ganaderos de toda España lanzaron ayer un grito unánime de defensa de la ganadería y en contra de la decisión de incluir al lobo en el listado especial de especies protegidas. “El lobo no está en peligro de extinción, lo estamos los ganaderos”, es la consigna que lanzaron las centrales agrarias y que sintetiza el problema desatado en el agro.

Los máximos líderes de Asaja, COAG y UPA reclamaron, en rueda de prensa telemática, una reflexión profunda a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como la intervención del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre la decisión de prohibir la caza del lobo en las zonas de mayor expansión de este depredador, al norte del río Duero, en la que se incluyen las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.

BATALLA GALLEGA. En esta polémica ‘guerra’ del lobo, en la que cada día se suman más voces en contra del veto a su caza en toda España, la Xunta de Galicia dio ayer un nuevo paso. Pasa por tratar de frenar la inclusión de esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe). Las Consellería de Medio Ambiente y Medio Rural, en colaboración con las organizaciones agrarias profesionales de la comunidad (UUAA, SLG, Asaga y Agaca) son los que están detrás de ese objetivo.

Así lo anunciaron Ángeles Vázquez y José González, titulares respectivamente de ambos departamentos, en la reunión celebrada con los representantes de esos colectivos agrarios, en la que trasladaron sus preocupaciones ante la decisión que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica.

CONTROLES PUNTUALES. Ángeles Vázquez les reiteró que desde el momento en el que se tuvo conocimiento de esta medida del ministerio que dirige Teresa Ribera, la Xunta trasladó su oposición porque la inclusión en el Lesrpe “no conllevaría una mayor protección de los ejemplares; pero sí implicaría grandes consecuencias para una actividad económica clave para las zonas rurales, como fuente generadora de alimentos de calidad y herramienta eficaz en la lucha contra la despoblación”.

Puntualizó que no se trata, en ningún caso, de desproteger el lobo; sino de adaptar su protección a la propia realidad de cada territorio. En el caso de Galicia, hace años que solo se autorizan acciones cinegéticas de forma excepcional, con un estudio previo y siempre tras constatar daños a la ganadería, un sector al que el Gobierno de Madrid también tiene que escuchar antes de decidir.

PLANAS EN ESCENA. En el tablero de esta polémica decisión tambiém irrumpió ayer Luis Planas, ministro de Agricultura, defendiendo la reivindicación de Cantabria de buscar un sistema de gestión del lobo que permita la “cohabitación” de esta especie con la práctica de la ganadería. Aseguró el ministro socialista, en su visita ayer a esa comunidad, que intentará “trabajar por los mejores acuerdos para todo el mundo”.

Planas parece que abre una fisura en la decidida postura del Ministerio de Transición Ecológica, de otorgar el régimen de especial protección al cánido salvaje, que dejaría de ser especie cinegética en todo el Estado.

El titular de Agricultura coincidió con el presidente de Cantabria en que es evidente que hay que buscar “un mecanismo para hacer esa cohabitación que respete la biodiversidad, al tiempo que respete también la actividad que legítimamente los ganaderos quieren hacer”.

Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León son las comunidades que se oponen al veto de cazar lobos. Planas destacó que la postura de “convivencia” con el lobo que mantienen las comunidades autónomas afectadas por sus daños en el sector ganadero “no viene de ayer” y es algo que “hay que preservar”.

Por su parte, el portavoz de Medio Rural do Grupo Socialista, Martín Seco, reclamó ayer a la Xunta que actualice el mapa de presencia del lobo en Galicia y el Plan de Gestión, que data de 2009, y que “reparen os danos reais que esta especie produce nas explotacións galegas”.

Hizo una llamada al acuerdo entre los territorios y los ganderos para modificar la gestión de la especie y permitir su futura mejora.