Los tribunales gallegos tienen aún 156.000 casos pendientes

Lenta... pero segura. A 31 de diciembre de 2021, los juzgados y tribunales de Galicia tenían 156.027 casos en trámite, un 7,2 % menos que en idénticas fechas del primer año de la pandemia, 2020. Son casi los mismos que en 2019, cuando se contaban 156.511 procedimientos abiertos, según datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Reflejan que los órganos judiciales de la comunidad registraron actividad similar a años anteriores a la crisis sanitaria.

Los juzgados y tribunales gallegos resolvieron el pasado ejercicio un total de 332.847 procedimientos, un 19,1 % más que en 2020, y un dos por ciento más que en el año previo a la llegada de la pandemia. La tasa de resolución, que pone en relación el volumen de entrada con la capacidad de finalización de asuntos, registró un incremento interanual de un 8,2 %, situándose en 1,03, lo que indica que en 2021 resolvieron más casos de los que ingresaron.

El año pasado los órganos iniciaron 323.618 nuevos asuntos, un 10 % más que en 2020, un año marcado por la pandemia, y un 2,5 % menos que en 2019, cuando recibieron 332.028 procedimientos. La tasa de litigiosidad fue de 120,1 asuntos por cada 1.000 habitantes, menos que la media del Estado, situada en 132,3.

Sobre la situación de la balanza en Galicia, el responsable de Xustiza de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Antonio Riveira, señala que los problemas siguen siendo los de siempre, “la falta de dotaciones materiales y de recursos humanos”. Sobre la evolución de los casos reconoce que “el número de causas a veces superior al que se puede ir resolviendo, van entrando y se van tramitando según los plazos”, aunque “es muy diferente la situación en los juzgados de Santiago, por ejemplo, si los comparamos con los de Arzúa, Negreira o Muros”. En éstos se debe dar preferencia a las causas más urgentes o delitos, y se van acumulando otras.

En los juzgados pequeños se acentúa el problema por esas carencias de recursos, que debe solventar la Dirección Xeral de Xustiza. Para solventarlas “hay que luchar durante años”. En cuanto a la dotación de medios humanos, apuntan desde CSIF que se está haciendo la bolsa de empleo nueva después de que se agotase. Ahora se está acudiendo a los servicios públicos de colocación, dónde tienen preferencia quienes aprobasen un examen de Justicia o quién tuviese relación con su administración, por trabajar en despachos de procuradores, abogados o alguna vez en un juzgado. El caso es que “desde que se solicita esa plaza hasta que la prueba la Xunta y la persona llega se tarda mucho, a ver si se resuelve el problema de la bolsa y se agiliza el proceso”.

Los juzgados únicos alrededor de Compostela también tendrían que resolver el problema del Auxilio Judicial, pues al acaban llevándolo los también ocupados Registros Civiles, o de falta de salas de videoconferencias para realizar exhortos, instrumento judicial que les permite practicar diligencias con otros juzgados fuera de su jurisdicción o territorio. Si solo hay una sala y hay vistas, es imposible hacer estas prácticas que acelerarían el los procedimientos.

El portavoz de CSIF en Ourense, Jose Antonio Sotelo, autor de un completo análisis de la situación de la jurisdicción penal en la comunidad que presentaron a finales del año pasado al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, donde abordan la existencia de juzgados como los de Ourense que “sobrepasaban en más de la mitad los números de ingresos máximos anuales que no se deben superar para no sobrecargarlos y dar así una respuesta ágil al ciudadano”.

Pone el acento también en quese olvida el peso que tienen las ejecuciones de las sentencias, que colapsan una Justicia que “no se acaba cuando se dicta sentencia”. Por ello apunta que “habría que coger el problema de raíz y crear nuevos órganos” judiciales, alega Sotelo.