Luz verde a la ley que obliga a los restaurantes a entregar las sobras en envases sin plástico

Tras una larga tramitación que se prolongó durante varios meses y que concluye sin incorporar la gran mayoría de las 160 enmiendas registradas por los grupos de la oposición, la Cámara do Hórreo dio ayer luz verde a la nueva ley gallega de residuos y suelos contaminados.

Un texto legislativo que sale adelante gracias a la importante mayoría absoluta de los populares y que, entre otras medidas, contempla la obligatoriedad de que los restaurantes entreguen las sobras de las comidas a los clientes, que deberá realizarse en envases sin plásticos y preferentemente reutilizables.

Esta norma, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, se topó con el ‘no’ unánime de los dos grupos de la oposición, pues tanto BNG como PSdeG la ven “obsoleta” frente a la normativa europea y critican la falta de “acuerdo” a lo largo de su tramitación parlamentaria.

Una lectura que contrasta con la del PPdeG, desde donde creen que la ley sitúa a Galicia en la “vanguardia europea” en cuanto a normativa de residuos, según palabras de la diputada Marta Nóvoa, quien ya de paso acusó a la oposición de “querer obstaculizar” la tramitación de esta nueva norma.

Nóvoa, encargada de defender en el hemiciclo el texto final de la ley en presencia de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, agregó que Galicia “culmina” sus trabajos por la definición de un nuevo marco legal y sigue avanzando hacia un modelo de economía circular al renovar una ley que llevaba vigente “más de doce años”.

Uno de los cometidos principales de la nueva norma es la disminución de los desechos, que en 2025 –frente al 2030, como marca la Unión Europea– deberán ser un 15 % inferiores en la comunidad a los de 2010. En cuanto a los residuos alimentarios, el objetivo es reducirlos un 30 % para el año 2025 y un 50 % para el 2030, lo que está directamente vinculado a la obligatoriedad de que los restaurantes entreguen las sobras.

Además, la ley incide en el llamado ‘vertido técnico cero’, es decir, que solo el 10 % de la cantidad generada en 2035 acabe en vertederos –algo que la pública Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) logró ya en 2020, según datos de la Xunta– y que el reciclaje de envases alcance el 65 % en 2025 y el 70 % en 2030.

El texto fija objetivos para incrementar progresivamente los residuos domésticos y comerciales destinados a la reutilización y al reciclaje para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos y otros susceptibles de ser preparados para la reutilización. En su conjunto, deberán lograr un mínimo de un 55 % en peso para 2025 y el 60 % para 2030.

Esto se complementará con la “colaboración” de la Administración autonómica para la puesta en marcha de centros especializados para la reutilización, en especial de aparatos eléctricos y electrónicos, téxtiles y muebles.

También obliga a los concellos a instaurar la recogida separada antes de que concluya el año 2023, destierra la venta de vajillas de plástico de un solo uso y blinda la prohibición de entregar bolsas de plástico de manera gratuita.

En materia de suelos contaminados, establece un régimen sancionador con multas de hasta 1,7 millones de euros y, a raíz de una transacción de la oposición, la Administración se compromete a realizar un mapa de suelos alterados que incluya información sobre “el tipo de contaminantes y los riesgos para la salud y para el medio”.

Críticas. Sin embargo, tanto Bloque Nacionalista como PSdeG evidenciaron sus discrepancias con el discurso de la fuerza mayoritaria y coincidieron en lamentar la falta de consenso para la aprobación de esta norma.

“No es una ley de residuos de Galicia, es la ley de residuos del PP”, subrayó Luis Bará, diputado del BNG, que también consideró que el contenido es propio “del Pleistoceno” por lo obsoleto de varios de sus planteamientos, no adaptados “a la nueva realidad y a todos los cambios de los últimos tiempos”.

El nacionalista también aseguró que Galicia está en “puestos de descenso” con respecto al resto de autonomías en cuanto a los objetivos de reciclaje marcados por la UE: “Solo mejor que Ceuta y Melilla”. Y cargó contra el modelo de “incineración” perpetrado por la central de Sogama en Cerceda (A Coruña), la “gran factoría del cambio climático”. Frente a este modelo, reivindicó el plan Revitaliza de la Diputación de Pontevedra, gobernada por socialistas y nacionalistas.

Por su parte, Paloma Castro, del PSdeG, criticó que el PP “no tuvo ni el mínimo interés en acercar posturas” durante la tramitación de esta norma y añadió que la misma “llega tarde” . “Se ha perdido, por lo tanto, una gran oportunidad de mejorar la gestión de residuos”, advirtió, antes de concluir que, “con esta ley, Galicia se queda atrás”.