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Mar acusa a Costas de invadir competencias gallegas en los puertos

Rosa Quintana advierte de que el Estado está poniendo en riesgo el futuro de empresas del mar y otras edificaciones

El último informe emitido por el Gobierno central sobre el plan especial de Cambados ha vuelto a encender la luz de alerta en la Xunta por el riesgo, según se interpreta desde San Caetano, que supone para empresas y otras instalaciones asentadas en zonas portuarias. Ese documento, según advirtió este viernes la Consellería do Mar, cuestiona la presencia en terrenos del puerto de actividades tradicionalmente permitidas, como la acuicultura o la depuración de productos del mar, así como de otras edificaciones de estilo de plazas de abastos, colegios o centros de salud.

Parece “un nuevo ataque al complejo mar industria de Galicia”, se quejó la titular del departamento autonómico, Rosa Quintana, calificando como totalmente inaceptable y desleal la invasión de competencias que son de la comunidad. Las decisiones adoptadas por el Ejecutivo del Estado generan “inseguridad jurídica” en el sector, argumentó, dado que hacen una interpretación restrictiva de la normativa vigente sobre las zonas portuarias pese a que no hubo ningún cambio normativo en los último años. Además, abunda la Xunta, pretende aplicar la ley de costas en los puertos autonómicos, lo que supondría invadir competencias al interferir en la gestión y explotación de los servicios portuarios, que que depende exclusivamente de la comunidad.

“A Galicia le corresponde la utilización, explotación y gestión del dominio público en los puertos autonómicos, tal como establecen la Constitución, el real decreto de transferencias de 1982 y la Ley de Portos de Galicia, y este informe parece querer usurpar esas competencias”, inició la conselleira. El proceder del Estado, añadió, es parecido al mostrado hace unas semanas con un informe sobre la instalación de una planta de cría de salmón en Burela, en el que se rechazaba su autorización “arrogándose competencias que no son suyas”.

Rosa Quintana, que estuvo acompañada por las secretarias xerais técnicas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Carmen Bouso, e do Mar, Silvia Cortiñas, así como por la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, lamentó que la acción del Gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez en esta caso va en la línea del “ataque continuado e injustificado” iniciado hace varios años por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico “contra Galicia y su complejo mar industria”.

En este sentido, la titular de la Consellería do Mar alertó a los representantes del sector que parece que Costas del Estado avanza en su intención de retirar del litoral buena parte de las edificaciones asentadas en el, ya no sólo en el dominio público marítimo terrestre natural, sino también en el portuario.

En riesgo. Quintana recordó que la comunidad lleva más de tres años denunciando que los planes del Ejecutivo –con estas interpretaciones “restrictivas y exageradas” de la normativa, con la nueva Ley de Cambio Climático y con la modificación del reglamento general de Costas– “ponen en riesgo más de un centenar de empresas” asentadas en la línea de costa y en otras 4.000 edificaciones entre las que se incluyen centros de salud o colegios. Por eso, su departamento trasladó a la Confederación Mar Industria Alimentaria su compromiso de seguir defendiendo los intereses del sector y del conjunto de Galicia ante todas las instancias.

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un asunto “vital” para la comunidad

··· La responsable de Mar, Rosa Quintana recordó que el Ejecutivo autonómico ya recurrió al Tribunal Constitucional la Ley de Cambio Climático una vez que fracasó la Comisión Bilateral con el Estado, una norma que el Gobierno central se vio obligado a modificar antes de su aprobación definitiva como consecuencia, recuerda, de un informe del Consello Consultivo de Galicia que incluía que alguno de sus artículos era inconstitucional. De este modo, la representante del Eecutivo autonómico destacó que este asunto es “vital” para la comunidad, pues según razona, está en peligro el futuro de instalaciones fundamentales del sector marítimo pesquero.

23 abr 2022 / 00:00
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