Meirás afronta “larga batalla” judicial como símbolo democrático
Hace justo un año que el Pazo de Meirás acogía la entrega al Estado de la enorme llave que simbolizaba su propiedad y en estos doce meses ha protagonizado un viacrucis judicial, que todavía no ha finalizado y se espera muy largo, al tiempo que ha sido erigido como bien público en “triunfo” y “símbolo de la normalidad democrática”.
“Dimos un gran paso, un paso histórico pero también hay que ser consecuentes y saber que queda una batalla muy larga por delante y muchas cuestiones por resolver”, asegura a Efe el alcalde de Sada, Benito Portela, en el mismo lugar que hace un año se oficializaba la propiedad pública del inmueble, ubicado en esta localidad coruñesa.
“El origen de la titularidad de ese pazo va a ser siempre objeto de discordia”, auguraba en 2017 el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que recuerda a este respecto haber encargado los primeros informes que avalaban esta propiedad pública y crear la Junta Pro Devolución del Pazo para impulsar un gran frente institucional por su recuperación.
Aunque un año después se anunció la venta del pazo en un portal de internet y al siguiente, en 2019, los Franco denunciaron a varios historiadores por calumnias, la Abogacía del Estado contraatacó denunciando a los herederos del dictador en los juzgados herculinos por “posesión irregular”. “Yo no me voy a embarrar en la basura en la que vive el PP” del inmueble: sostenía que su compra por el dictador en 1941 fue “simulada” y “fraudulenta”.
UN AÑO DE LITIGIOS. El año 2020 comenzaba con la audiencia previa al juicio sobre la propiedad del pazo que desestimó las alegaciones de los abogados de la familia Franco acerca de que habían poseído como dueños de “buena fe”; seis meses después y con casi una veintena de testigos, la juez los acabó condenando a devolver el pazo al considerar que fue un regalo al jefe del Estado y no a Franco a título personal.
Tras los recursos presentados por ambas partes, y después de que la Audiencia provincial acordase que hay que indemnizar a los herederos del dictador por los gastos de conservación, Galicia fía ahora al Tribunal Supremo que confirme esta ejecución para la posterior liquidación del estado posesorio. “Seguiremos en esta lucha hasta que la sentencia sea firme y el pazo sea público de forma definitiva, es de justicia, de momento estamos esperando a que se abra el proceso”, indica Portela, animado a seguir “la lucha”.
Los recursos entraron en el Supremo el pasado 25 de marzo y el asunto lo tiene la Sala de lo Civil, pero aún no se ha admitido a trámite; el tiempo medio para resolver sobre su admisión o no en esta sala es de año y medio y, de admitirse, el caso se resolvería en un plazo de dos a tres meses, según destacan fuentes jurídicas. Por su parte, el letrado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, se limita a decir que continúan “pendientes” del Tribunal Supremo.
LOS BIENES DEL PAZO. Además y tras dos aplazamientos, se fijó para dentro de un mes la vista que determinará qué bienes muebles forman parte del pazo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008. “Hay que pelear por que el conjunto histórico sea declarado BIC, no es nada sin parte de los muebles que dotan de importancia y relevancia a su coyuntura histórica en su conjunto”, demanda el alcalde de Sada.
Portela pide que los bienes muebles del pazo, salvo los comprados tras la muerte del dictador, deben tener también la consideración BIC “porque tienen un interés patrimonial histórico fundamental” y, para ello, que se modifique el decreto del 2008 para que esta protección que afecta al pazo incluya a los muebles.
Son BIC asimismo la biblioteca de Pardo Bazán ubicada en su interior y las estatuas del Mestre Mateo de Abraham e Isaac, que permanecen en la capilla y también están en litigio. Como lo está a su vez la jefa de Conservación de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, investigada por un informe sobre las propiedades.
“No vamos a permitir que se retire nada del pazo”, avisaron el pasado julio, con la reapertura al público, los autodenominados “19 de Meirás”, imputados tras una ocupación simbólica y cuya causa fue archivada por un juzgado de Betanzos que está recurrida por los Franco.
La Casa Cornide, propiedad de los Franco en la Ciudad Vieja de A Coruña, será también reclamada por el Ayuntamiento próximamente tras solicitar su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).