Menos del 36 % de los concellos aplicaban el impuesto de plusvalía

Santiago. Antes de la última reforma del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, IIVTNU, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional, existía una importante capacidad fiscal no aprovechada en Galicia. El impuesto únicamente estaba implantado en el 35,8 por ciento de los ayuntamientos de Galicia, un porcentaje ligeramente inferior al de 2016, con un 36 por ciento. Frente a este porcentaje, la media estatal de ayuntamientos de régimen común es del 49,1 por ciento en 2021, el mismo porcentaje de 2016.

Además, el tipo del IIVTNU en Galicia, en función del período de cómputo, puede llegar a ser de 1,3 puntos porcentuales inferior al aplicado en los ayuntamientos de régimen común, según informa el Observatorio Municipal Gallego de la Red Localisç

Los porcentajes anuales en función del tiempo que se computa en la transmisión también son inferiores en la comunidad gallega. Los concellos que aplican un mayor tipo impositivo son los de A Coruña y Pontevedra. Los que menos, Ourense y Lugo. Además, a pesar de la modificación de este impuesto, todavía no se ha producido una verdadera reforma.

El impacto económico y presupuestario de la nueva redacción de los artículos que regulan el IIVTNU es, cuanto menos, compleja, avisa Red Localis. Lo es por un doble motivo. Primero por la amplia casuística de los potenciales hechos imponibles. Segundo, porque se prevé un doble sistema de cálculo que dificulta determinar la incidencia final de la reforma.

“Si bien con el cambio normativo la aplicación del impuesto se intenta acercar a valores reales los derivados de la transmisión de elementos patrimoniales –gracias al sistema “real” de determinación de la base imponible– como se establece la posibilidad de tributar por la plusvalía teórica en caso de que la primera sea superior a la segunda, este objetivo no llega a cumplirse”. Sin duda, la redacción de la modificación normativa tenía presente este planteamiento, “pero ante el incremento de la base imponible, se establece cierto límite fiscal, seguramente para evitar una cuota mucho más elevada que la obtenida hasta el momento”, indican en su nota.

En Red Localis creen que, “al tratarse de una normativa delegada desde la Administración General del Estado, es necesario articular alguna medida para mitigar el previsible efecto por la pérdida de recaudación sobre los presupuestos municipales, una vez que obtengan las primeras cifras de ingresos”.

De todas formas, y “aunque a través de la nueva redacción se avanza en ajustar el impuesto a otros tributos como el IRPF –que gravan las plusvalías reales– indican que se debe ir “más allá”. Señalan que “si se desea mantener este impuesto potestativo, es necesario seguir mejorando la construcción de la base imponible y pensar si las no sujeciones al impuesto son las adecuadas”.

Ambas cuestiones podrán permitir “ganancias en equidad horizontal y aproximarse mucho mejor a la capacidad económica del contribuyente”, algo que los expertos en fiscalidad reclaman desde hace tiempo. En consecuencia, “aún queda trabajo por hacer para mejorar el funcionamiento de este impuesto”, rematan desde Red Localis. ECG