Miedo al castigo: empresas mutan 3.658 contratos temporales en fijos en un mes

O medo é libre. A un buen número de empresas de Galicia que las administraciones no desvelan, en los últimos días de febrero –en torno al 22 y 23– les llegaban unas misivas que, para algunos, eran poco tranquilizadoras. Estas comunicaciones, que alcanzaron las cuatro esquinas de las cuatro provincias, formaban parte del nuevo plan de choque contra el fraude en la contratación temporal de la Xunta en coordinación la estatal Inspección de Trabajo y Seguridade Social. El objetivo: lograr transformar los contratos eventuales en indefinidos en los casos en los que se detectaron irregularidades por superación de los plazos máximos legales autorizados.

El efecto de estas misivas no se hizo esperar, y desde su recepción hasta el 31 de marzo, los contratos regularizados fueron 1.616 en la provincia de A Coruña de un total de 2.437 remitidos para aclarar la situación, por lo que la regularización se encaramó hasta el 67 % en esta primera fase. Es el mismo porcentaje de éxito del logrado en el conjunto de Galicia, donde se transformaron en indefinidos 3.658 contratos de los 5.457 requeridos en las cartas.

Los datos, facilitados por la Consellería de Emprego, tienen carácter provisional y se cerrarán una vez se elabore el informe final de esta primera fase del plan de vigilancia, en la que las empresas, tras recibir la carta, regularizan por sí mismas los contratos de temporal a indefinido. En la segunda las cosas se ponen más serias, pues personal de la Inspección de Trabajo revisará a las compañías que no llevaron a cabo la conversión de los contratos y, “de ser el caso, podrán ser sancionadas”. Es decir, informada la empresa que aquellos contratos que no sean transformados serán objeto de la correspondiente actuación inspectora –de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23/2015 de 21 de julio, ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridade Social– a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa.

A las pequeñas seguro que la amenaza les afecta, pero es probable que a muchas de mayores dimensiones no les tiemblen demasiado las piernas, pues la multa máxima, sea cual sea el número de trabajadores afectados por el posible fraude, no supera 6.250 euros. Empresarios con pocos escrúpulos pueden arriesgarse a afrontar este coste que plantearse, a futuro, el de extinguir contratos fijos.

Explica la Administración gallega que en coordinación con el Estado, a través de campañas específicas y de los planes de inspección anuales, mantiene activa la vigilancia para velar por la protección y cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores con el fin de que alcancen un empleo de calidad.

Los supuestos que se vigilan especialmente son los contratos de obra o servicio determinado en vigor desde hace más de 48 meses, junto al encadenamiento de dos o más contratos temporales en una misma empresa, con o sin solución de continuidad, por un período superior a 24 meses en un total de treinta. También los contratos eventuales por circunstancias de la produción con duración mayor a 12 meses, o aquellos por obra o servicio en vigor desde hace más de 36 meses. Se controla el encadenamiento de dos o más contratos temporales con alta en empresa usuaria, con o sin solución de continuidad, por un período superior a 24 meses en los últimos 30 meses, teniendo intermediado el alta en una empresa de trabajo temporal; o el encadenamiento de dos o más contratos temporales con o sin solución de continuidad, por un período superior a 24 meses e los últimos 30, con alta en ETT. Si se cumplen estas condiciones y se cumplen estos plazos, los trabajadores deberían convertirse, en la mayoría de los casos, en empleados jijos de sus empresas.

Cabe señalar que la Inspección de Trabajo también arrancó este abril permitiendo regularizar la situación laboral de casi 30.000 personas empleadas de hogar, en la misma primera fase del plan, tras enviar 47.749 cartas.