Multa a Copasa como parte de un cártel para repartirse contratos de carreteras
Competencia sanciona a doce empresas, entre ellas la ourensana, que pagará 5,6 millones // Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr están en la lista
Golpe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a doce grandes constructoras, entre ellas la ourensana Copasa, que a juicio del regulador cometieron una infracción constitutiva de cártel. Al parecer, se pusieron de acuerdo para la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018.
Una infracción muy grave, subraya la CNMC, prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por la que reciben una multa de 61,3 millones de euros, de los que la firma gallega tendrá que abonar 5,6. Además les impone la prohibición de contratar con las administraciones públicas.
Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel, además de Copasa, son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona; Aceinsa; Alvac; API y solidariamente su matriz ACS; Audeca y solidariamente su matriz Elecnor; Elsamex; Elsan y solidariamente su matriz OHL; Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial; Innovia y solidariamente su matriz Copcisa; Matinsa y solidariamente su matriz FCC, y Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr.
La multa más abultada corresponde a API (ACS), con 11,78 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, tendrá que abonar 8,5 millones, mientras que Ferroser (Ferrovial) pagará 5,7 millones. La multa a la filial de Sacyr alcanza los 5,17 millones, mientras que Elsan (OHL) fue sancionada con 3 millones de euros; Acciona Mantenimiento con 2,33 millones, y Audeca (Elecnor), con 2,6 millones.
Por su parte, la multa a Alvac asciende a 5,8 millones, la de Copasa, como se dijo, alcanza los 5,6 millones, la de Elsamex supera los 4 millones y la de Innovia suma algo más de 3,3 millones.
En el caso de Aceinsa, inicialmente sancionada con 3,2 millones, la empresa se acogió al Programa de Clemencia de la CNMC, por lo que no se le aplica la circunstancia agravante y se verá beneficiada de un descuento del 50% de la sanción impuesta, quedando exenta de la aplicación de la prohibición de contratar con la Administración.
Respecto a la prohibición de contratar con las administraciones públicas, Competencia remitió a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución a fin de que se inicie el procedimiento para determinar la duración y el alcance de dicha prohibición a las multadas.
‘modus operandi’: reuniones “para tomar café”. Según el regulador, las compañías sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar.
La Comisión pudo acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque detectó conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones, el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.
El funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones “para tomar café” donde las empresas que formaban parte del mismo establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras del Estado.
El cártel agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. Las empresas asignaban una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuanto mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos.
“De este modo se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo. Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura”, explica.
Lío judicial a la vista. La CNMC inició la investigación sobre este cártel en octubre de 2017 a partir de una información anónima. Tras las inspecciones realizadas en varias sedes de las empresas que formaron parte del cártel en 2018, en julio de 2019 inició un expediente sancionador contra 13 empresas. En diciembre de 2020 se incluyó a Ferrovial en el mismo expediente sancionador, aunque finalmente no ha sido multada en concepto de autora, sino como responsable solidaria por la conducta de su filial (Ferroser). La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha emplazado a la Dirección del regulador a que vigile el cumplimiento íntegro de su resolución y analice la posible responsabilidad de los directivos implicados en estas infracciones. El organismo que preside Cani Fernández recuerda además que contra esta resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación. Se da por hecho que las empresas judicializarán el asunto.